El pasado viernes 23 de octubre el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Gustavo Héctor Arrieta, fue denunciado penalmente por quien escribe estas líneas por los presuntos delitos de malversación de caudales Públicos (artículo 265 del Código Penal) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (artículo 260 del Código Penal).
La mencionada presentación judicial fue representada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten y se solicitó asimismo que el director de este medio, Christian Sanz, sea llamado a indagatoria.
Esta denuncia fue motivada al descubrir que distintas sedes de Vialidad (Buenos Aires, Chubut y Mendoza) habrían estado realizando compras con sobreprecio defraudando de esta manera al erario público.
En tal sentido, este viernes 11 de diciembre, dicho expediente tuvo un avance que promete ser auspicioso para la resolución de la causa.
De la cedula de notificación se desprende: “Conforme la presentación del denunciante, esta parte advierte que la adquisición de los medidores laser como de las medias, habría sido efectuada por la Regional Mendoza de la Dirección Nacional de Vialidad. Respecto de las cámaras habrían sido compradas por la Regional Bahía Blanca -provincia de Buenos Aires- del mencionado organismo. Mientras que la compra de ‘artículos para el hogar para campamentos y casillas’ se habría hecho en la Regional Chubut de la Dirección Nacional de Vialidad”.
En tal sentido, la Justicia Federal de Comodoro Py se declaró incompetente por cuestiones jurisdiccionales. Por otro lado, no se recomendó que todos los hechos sean investigados de forma conjunta.
Por tanto, se le atribuyó la investigación al lugar de comisión del hecho en cuestión, principio de raigambre constitucional.
“Esta parte considera que el Juzgado debe declarar su incompetencia para intervenir en el caso y, en consecuencia, remitir la denuncia a los Juzgados Federales en turno de la ciudad de Mendoza -provincia homónima-, Rawson -provincia de Chubut, con competencia en la ciudad de Trelew- y Bahía Blanca -provincia de Buenos Aires-, para que cada uno de los magistrados intervenga en los hechos relativos a la delegación de la Dirección Nacional de Vialidad bajo su ámbito de competencia territorial” menciona el paper.
Ello resulta ser promisorio para el avance de la causa ya que se dividirán las investigaciones de las compras, pudiéndose, de esta manera, ahondar de manera pormenorizada en cada una de las mismas.
En ese sentido, la Justicia Federal de Mendoza deberá investigar los presuntos delitos en referencia a dos compras específicas: medias con 175% de sobreprecio y medidores láser con 242% de sobreprecio.
Es por ello que el organismo provincial dependiente de Osvaldo Romagnoli, quedó bajo la lupa de la Justicia de Mendoza.
