Los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei pusieron recursos y decisiones del Estado al servicio de dos aliados ideológicos con problemas judiciales: Evo Morales y Flávio Bolsonaro. Pero las coincidencias políticas conviven con diferencias jurídicas que impiden equiparar automáticamente ambos casos. Y el peso del apoyo. Fernández puso al polémico abogado Franco Bindi para asistir a Morales y Milei al su poderoso asesor presidencial Santiago Caputo que maneja la SIDE.
La diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine recordó este jueves que el ex presidente Alberto Fernandez “le dio asilo al PEDOFILO de Evo Morales y se quedó con Franco Bindi” en 2020 y que “nada puede ser peor que ayudar a un pedófilo”. Y abrió la polémica.
Fernández recibió al ex presidente boliviano y lo protegió durante casi once meses. La administración libertaria facilitó el tránsito del senador brasileño hacia Estados Unidos, con intervención de organismos oficiales y una coordinación política cuyo alcance todavía requiere explicaciones.
La primera diferencia aparece en la cronología. Morales llegó a Ezeiza el 12 de diciembre de 2019, dos días después de la asunción de Fernández. La orden de aprehensión de la justicia boliviana por sedición y terrorismo fue emitida seis días después.
Bolsonaro, en cambio, salió de Brasil cuando ya se había conocido la decisión del juez de la Corte Alexandre de Moraes que le exigía entregar sus pasaportes pero no hubo orden de detención ni pedido a Interpol de emitir una alerta roja. Fue unas horas después de conocerse su derrota electoral y de Moraes es un enemigo político de los Bolsonaro.
En el caso del brasileño, la Casa Rosada ofreció la alternativa de salida por Puerto Iguazú y colaboró con la organización logística. Milei estuvo informado de los preparativos.
Un portavoz oficial admitió hubo colaboración y comunicaciones con la administración de Donald Trump. Esa admisión política contrasta con las negativas sobre la participación de Santiago Caputo que transmitieron desde el entorno del asesor presidencial.
El movimiento quedó registrado por Migraciones: Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas ingresaron el martes 27 de octubre a las 22.50 por el puente internacional Tancredo Neves. A las 23.30 abordaron el avión privado que los esperaba.
El Gobierno sostuvo que los cuatro presentaron documentación válida y carecían de impedimentos legales para ingresar a la Argentina. Bolsonaro presentó su pasaporte italiano.
La presencia de Caputo en Misiones sumó otra pieza. Un acta policial que documentó su identificación, a las 2.50 de esa madrugada, en un control de Capioví, mientras viajaba en una camioneta del Ente Binacional Yacyretá.
El Gulfstream G400 de Baires Fly despegó de Puerto Iguazú a las 0.21 del miércoles 28. Hizo escala en Guayaquil y continuó hacia Miami. Hasta ahora no se sabe quién pagó el vuelo.
Con Morales, la protección tuvo otro encuadre y gastos elevados y desconocidos. La Cancillería anunció públicamente el otorgamiento de asilo y explicó que se tramitaría su condición de refugiado ante la Comisión Nacional para los Refugiados, dependiente del Ministerio del Interior, pese a los pedidos de detención de la Justicia de Bolivia.
El ex mandatario había renunciado el 10 de noviembre de 2019, en medio de la crisis desatada por su negativa a reconocer su derrota en las elecciones en Bolivia. Primero recibió asilo en México y después llegó a la Argentina desde Cuba castrista.
Fernández lo consideraba víctima de “un golpe de Estado”. Esa lectura política sostuvo la decisión de recibirlo y acompañarlo hasta su regreso, después del triunfo electoral de Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo, el partido de Evo por entonces.
Durante su estadía, Morales convirtió Buenos Aires en una base de actividad política. Encabezó reuniones de su partido y participó en la definición de la candidatura de Arce, que ganó las elecciones de octubre de 2020.
En ese entramado apareció Franco Bindi. El abogado le facilitó una vivienda en Martínez y construyó una relación de confianza que continuó después del refugio. Sobre la casa La Nación informó que el abogado la alquilaba a un amigo de su madre. El Gobierno de Fernández y Cristina Kirchner nunca informó cuanto gastó el Estado en el asilo de Evo aduciendo su condición de “refugiado”.
Mientras Morales permanecía aquí, la Fiscalía boliviana buscó activar mecanismos de cooperación internacional. Informó que había presentado requerimientos ante Interpol en diciembre de 2019 y enero de 2020 para obtener notificaciones vinculadas con su localización y eventual detención.
Sin embargo, Interpol rechazó la solicitud de notificación roja porque consideró que la imputación por sedición tenía “un componente político” incompatible con sus reglas. La propia Fiscalía General de Bolivia comunicó esa decisión el 30 de septiembre de 2020.
Con el cambio de gobierno, a fines de octubre de 2020, la Justicia boliviana anuló la imputación y la orden de aprehensión de aquel expediente. El 9 de noviembre, Fernández acompañó a Morales hasta La Quiaca para su regreso a Bolivia a donde lo llevó con el avión presidencial.
El interrogante pendiente es qué recursos públicos se utilizaron en cada episodio y bajo qué decisiones formales.
El fiscal federal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez, solicitó informes para esclarecer el ingreso de Bolsonaro y como Interpol contestó que no hay pedidos de captura ni alertas rojas y Migraciones afirmó que fue un ingreso y egresó “legal”, desestimó la denuncia de la diputada ex LLA Marcela Pagano. Es decir, para el ministerio público fiscal no hubo delito en su salida del país.
