La investigación comenzó el año pasado lejos del narcotráfico. No hubo escuchas telefónicas iniciales ni los típicos seguimientos por comercio de cocaína. Tampoco un informante infiltrado ni un operativo secreto de película. Todo se inició con una denuncia por violencia de género que terminó destapando una de las estructuras narco más importantes detectadas en Mendoza en los últimos años y que, en los últimos días, tiene bajo la lupa a la banda de los hermanos Soza Ramírez, sospechada de seguir ingresando cocaína desde el norte del país.
El miércoles de la semana pasada, después de casi un año de pesquisa, la causa tuvo uno de sus movimientos más fuertes: ocho allanamientos simultáneos realizados principalmente en Rodeo del Medio, Maipú, en procedimientos nocturnos encabezados por la Policía contra el Narcotráfico (PCN) y coordinados por la fiscal federal Patricia Santoni junto al auxiliar fiscal Juan Manuel González.
Víctor Alfonso Soza Ramírez se presentaba en la zona donde vivía como un simple albañil. Nacido en Bolivia el 16 de septiembre de 1985, este hombre de 39 años tenía aparentemente una vida discreta en el barrio 6 de Enero de…
Los operativos terminaron con las capturas de Jonathan y Miguel Soza Ramírez (40), además de Joana Gisel Yañez, pareja de Víctor Alfonso Soza Ramírez (lleva un año detenido), quien fue sorprendida con un kilo de cocaína en su poder. Todos quedaron acusados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la participación de tres o más personas.
Pero detrás de estas capturas hay una historia mucho más amplia. Una trama que mezcla la historia después de un asesinato, movimientos millonarios, vehículos de alta gama, cocaína traída desde el norte argentino y una red familiar que, para los investigadores, fue creciendo silenciosamente en distintos puntos del Gran Mendoza.
La causa se remonta a junio del año pasado, cuando Víctor Alfonso Soza Ramírez quedó en el centro de una investigación por violencia de género instruida por la fiscal Valeria Bottini. En ese momento, este hombre decía ser albañil y llevaba una vida aparentemente discreta en el barrio 6 de Enero de Rodeo del Medio.
Sin embargo, los efectivos de la Unidad Investigativa departamental comenzaron a detectar inconsistencias en su nivel económico. Los ingresos que exhibía no coincidían con los vehículos que manejaba, ni con los movimientos de dinero que aparecían alrededor de él.
El hombre, nacido en Bolivia el 16 de septiembre de 1985, arrastraba además un pesado antecedente criminal. Había sido condenado a 9 años de prisión por el crimen de Cristian Alejandro Rodríguez, cometido en julio del 2016 en el distrito donde vivía. Recuperó la libertad condicional en junio del 2022 luego de pasar por San Felipe, Almafuerte y la Colonia Penal de Gustavo André.
El allanamiento realizado en su casa terminó siendo el primer gran quiebre de la investigación. Los policías encontraron 830 gramos de cocaína fraccionada en 73 cápsulas (las típicas que transportan las mulas), un arma calibre 11.25 cargada, municiones, dos cargadores, 24.200 dólares y 23 millones de pesos en efectivo. También secuestraron una Toyota Hilux, un Peugeot 308 y dos motos.
Aquella escena derrumbó definitivamente la fachada del albañil. Si bien desarrollaba algunas tareas de esta especialidad, no era su fuerte.
La fiscalía federal absorbió parte de la pesquisa y comenzó a profundizar sobre el entramado económico y criminal que rodeaba a Soza Ramírez. Para entonces, la fiscal Santoni ya sospechaba que no se trataba de un vendedor menor, sino de una estructura mucho más grande. El punto de inflexión llegó con el análisis de su teléfono celular.
Fuentes del expediente contaron que el contenido del aparato fue “revelador”. Chats, contactos, audios, fotos de armas de grueso calibre (escopetas, subfusiles FMK3), de panes de cocaína, fajos de dólares, pesos, balanzas pesando droga, y movimientos permitieron reconstruir conexiones directas con otros integrantes de la organización y confirmar algo todavía más sensible: la banda aparecía vinculada a la investigación por el histórico secuestro de casi 90 kilos de cocaína realizado el 28 de noviembre pasado en Mendoza, un caso de repercusión nacional que fue revelado por este diario.
Ese expediente, considerado uno de los golpes más grandes al narcotráfico provincial en la última década, todavía no tiene detenidos, pero el cruce de información terminó conectando ambos mundos delictivos.
Los investigadores de la PCN y del Ministerio Público Federal sostienen que la estructura tenía base principalmente en Rodeo del Medio y Guaymallén, aunque también operaba con vínculos hacia San Juan, San Luis y posiblemente Chile.
La hipótesis es que la cocaína -siempre con sello identificatorio de un cartel- ingresaba desde Bolivia utilizando tours de compras que viajaban al norte argentino, especialmente a Orán. Desde allí se concretaban las transacciones y luego la droga era trasladada hacia Mendoza.
El cargamento de 90 kilos encontrado en noviembre estaba oculto en cajas dentro de una casa que funcionaba como centro de acopio. Los panes de cocaína eran de alta pureza y, según los pesquisas, estaban listos para distribución. Ese día solo se encontraba en el domicilio una adolescente de 14 años. Sus padres, Héctor Murillo Tolaba y Sandra Nievas, quedaron con pedido de captura.
La organización que permitió el secuestro de casi 90 kilos de cocaína -valuados en más de 1 millón de dólares- millones de pesos y más de 80 mil dólares no nació a mediados de este año en una investigación por drogas,…
La causa también detectó movimientos de millones de pesos, adquisiciones de bienes, circulación de vehículos y presuntos mecanismos de lavado de dinero. Con el avance de la pesquisa, los detectives comenzaron a reconstruir el crecimiento de la organización.
Por lo que detallaron, la banda dejó de ser una estructura pequeña vinculada al narcomenudeo y pasó a manejar cargamentos de escala mayorista.
En ese contexto aparecieron nuevamente los hermanos Soza Ramírez. Los allanamientos de la semana pasada apuntaron directamente sobre distintos miembros del entorno familiar y sobre domicilios vinculados a la organización.
Polémica por una de las medidas
Los procedimientos se desarrollaron principalmente en Rodeo del Medio y estuvieron marcados por un fuerte despliegue policial. Se mantuvieron bajo total hermetismo. Sin embargo, El Sol pudo reconstruir que el operativo también dejó una situación polémica.
Una de las medidas se realizó en calle Miraso, donde fueron allanados familiares lejanos de los sospechosos. Según denunciaron luego, los efectivos ingresaron cerca de las 22.30 y permanecieron hasta las 2.15 del jueves. Dijeron que todo fue irregular.
Las personas que se encontraban en el domicilio señalaron que fueron agredidas durante el procedimiento y afirmaron que los policías manipularon cámaras de seguridad instaladas en la propiedad, eliminando parte de lo que registraron.
Incluso denunciaron que al padre de dos mujeres que estaban en la vivienda le dispararon (sin herirlo) cuando intentaba retirarse en una camioneta, asustado por el ingreso de los efectivos. Al hombre le encontraron un arma y le iniciaron una causa por tenencia ilegal. Salió luego tras el pago de una fianza, pero siempre sin relación a la causa de los Soza Ramírez.
Los moradores sostuvieron que no tenían relación cercana con los detenidos ni con el narcotráfico y remarcaron que jamás estuvieron vinculados al mundo de las drogas. Es más, no entendían por qué habían sido allanados.
Parte de esa secuencia quedó registrada en cámaras de seguridad y podría incorporarse como elemento de análisis dentro de futuras presentaciones judiciales. Por lo que detallaron a este diario, dijeron que buscaban sustancias en las propiedades; pero nunca les explicaron el alcance total del allanamiento, lo que generó malestar en los presentes.
