El país obtuvo 0,54 puntos y quedó en el puesto 64 entre 143 países, según el World Justice Project. El informe registró retrocesos en libertades civiles y participación ciudadana, mientras que las mayores debilidades locales se concentraron en seguridad y justicia penal.
Argentina retrocedió en el Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project (WJP), que evaluó a 143 países y jurisdicciones y advirtió sobre la consolidación de prácticas autoritarias a escala global. El país obtuvo una puntuación de 0,54, con una caída inferior al 1% respecto del año anterior, y quedó en el puesto 64 del ranking mundial.
El informe, publicado este miércoles al que accedió Ambito, señaló que el deterioro del Estado de derecho continúa a nivel internacional. El 62% de los países evaluados registró retrocesos durante el último año, incluida Argentina, en un escenario marcado por restricciones a las libertades civiles, dificultades para controlar el ejercicio del poder y una creciente injerencia de los gobiernos sobre las instituciones.
En América Latina y el Caribe, Argentina ocupó el puesto 13 entre 32 países. Uruguay encabezó la clasificación regional, en el puesto 22 a nivel mundial, seguido por Costa Rica y Barbados. En el extremo opuesto quedaron Nicaragua, Haití y Venezuela, que se ubicó en el último lugar del ranking global.
La tendencia regional también mostró señales de deterioro. Durante el último año, 19 de los 32 países de América Latina y el Caribe registraron retrocesos en el índice, y 13 de ellos ya habían empeorado en la medición anterior. Sin embargo, la región también concentró a la mitad de los diez países que más mejoraron a nivel mundial entre 2025 y 2026. Brasil, en particular, registró la segunda mayor mejora global acumulada en un período de tres años, con un avance del 3,17%.
Las debilidades institucionales
El desglose por factores muestra un desempeño desigual de Argentina. Su mejor ubicación correspondió al indicador de gobierno abierto, en el que alcanzó el puesto 34 a nivel mundial, el cuarto en la región y el primero entre los países de ingresos medios-altos.
También obtuvo resultados relativamente favorables en derechos fundamentales, con el puesto 41 global y el noveno regional. En justicia civil se ubicó en el puesto 61 del mundo y el 13 de América Latina y el Caribe, mientras que en límites al poder gubernamental quedó en el puesto 65 a nivel global.
Las mayores debilidades aparecieron en orden y seguridad, donde Argentina ocupó el puesto 119 de 143 países y el 26 entre los 32 evaluados de la región. En justicia penal quedó en el puesto 94 a nivel mundial, mientras que en ausencia de corrupción se ubicó en el 75.
El índice también registró retrocesos en tres dimensiones vinculadas con el funcionamiento del espacio cívico. La libertad de opinión y expresión empeoró en Argentina, al igual que la libertad de reunión y asociación y la participación cívica. A nivel global, esos indicadores registraron caídas en el 64%, el 67% y el 65% de los países evaluados, respectivamente.
El informe advirtió que el autoritarismo dejó de ser una tendencia incipiente para convertirse en un fenómeno consolidado. Más del 86% de los países sufrió un deterioro sostenido durante cinco años en al menos una de las salvaguardias institucionales contra el autoritarismo, entre ellas los límites al poder gubernamental, el gobierno abierto y los derechos fundamentales. Argentina también quedó comprendida en esa tendencia.
