Jorge Enrique Prado asumió el 10 de diciembre como intendente de Aguaray y acaba de ser encarcelado, luego de ser parte de un escándalo por facilitar el robo de caños en beneficio de empresa mendocina.
La orden de detención fue liberada por el juez federal Gustavo Montoya en la tarde de ayer.
Lo hizo ante un pedido formulado por el fiscal general Eduardo Villalba, tras una audiencia de más de dos horas en la que se ampliaron las imputaciones que pesan sobre Prado y también sobre su exsecretario de Hacienda Fredy Céspedes y el titular de la empresa mendocina OSYP SA, Diego Alos.
El ahora detenido Prado y los otros dos imputados están acusados por robo agravado, fraude a la administración pública y falsificación de instrumento privado.
El juez consideró, entre otros puntos, que la libertad del exjefe comunal podría entorpecer la investigación, ya que aún están pendientes otras medidas probatorias. Además, existen muchas probabilidades de que, llegado al fin del proceso, Prado reciba una pena de prisión efectiva, siendo esta otra causal que llevó a disponer su detención.
Cómo fue el choreo
El timo por el cual se acusa a Prado se motorizó tan solo 13 días después de asumido en diciembre pasado, luego de firmar una polémica resolución para que la empresa mendocina OSYP S.A. remueva, retire y se apodere -gratuitamente- de varias docenas de caños valuados en cifras millonarias.
Los materiales removidos no pertenecen ni siquiera al municipio, sino a la obra del inconcluso Gasoducto NEA.
Es por ello que la empresa que estuvo al frente de esos trabajos, Vertúa S.A., denunció lo que puede llegar a ser una estafa de varios millones de dólares contra el Estado Nacional. Lo que destacan es que las pérdidas no son en contra de una empresa, sino más bien del estado argentino.
En este sentido, según la resolución, el intendente Prado aprobó la sesión de los caños a la empresa mendocina con el objetivo de producir un “saneamiento ambiental” en Aguaray.
Como sea, en las últimas horas el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, decidió designar hoy como interventor del municipio del norte salteño a un funcionario propio, Adrián Zigarán. A efectos de descomprimir el escándalo, que ya escaló en la justicia.
Haciendo historia
El desentierro de los caños (gasíferos/petrolíferos) había sido informado por algunos operarios de la empresa Vertúa, en la zona de Tonono, quienes dieron rápido aviso a la gerencia y así se logró realizar una denuncia que terminó con la intervención de la Justicia y el posterior secuestro del material.
Gracias a una rápida intervención, Gendarmería se logró interceptar a dos de los camiones que se llevaban las costosas formaciones de caños hacia la provincia de Mendoza, de donde es originaria la empresa OSYP S.A. Tras la intervención de la Justicia, los choferes fueron liberados, pero la carga aún permanece retenida.
Según consta en el expediente al que tuvo acceso SALTA4400, el apoderado de la constructora Vertúa SA, Andrés Matías Schteinbarg, radicó la denuncia en el fuero federal penal de la capital salteña el pasado 7 de febrero. En la misma, dio cuenta de los movimientos realizados de excavación, extracción y transporte de los caños por parte de una empresa mendocina con la supuesta anuencia del intendente de Aguaray.
En esa línea, Schteinbarg pidió que se investigue la posible comisión de un delito “a fin de salvaguardar el patrimonio del Estado Nacional”. Según los valores de mercado, desde Vertúan sugieren que los caños cedidos por el intendente Prado a la empresa representan un costo de aproximadamente 3 millones de dólares.
