A las puertas de una salida inminente de la Cámara de Diputados -ya sea por renuncia voluntaria o expulsión del cuerpo-, Janina Ortiz busca cobrar una suma millonaria correspondiente a los 30 meses de dieta que dejó de percibir desde que fue suspendida en su banca. El reclamo se encuentra en manos de la Sala 1 -sorteada- Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, a través de un recurso de inconstitucionalidad presentado en 2024 y ampliado en el tiempo.
Ortiz fue suspendida por la Cámara Baja el 27 de marzo de 2024 bajo la causal de indignidad prevista en el artículo 91 de la Constitución provincial. La medida fue aprobada por 34 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, estableciendo que la exfuncionaria no retornaría al recinto ni cobraría sus haberes hasta tanto sus causas judiciales contaran con sentencia firme.
El desenlace judicial llegó la semana pasada, cuando Ortiz y su pareja, el exintendente de Las Heras Daniel Orozco, aceptaron un juicio abreviado en el que admitieron su culpabilidad por el delito de peculado doloso, en el marco del desvío inicial de $35,5 millones hacia la cooperativa de trabajo “Manos a la Obra” entre 2021 y 2023. La pena fijada fue de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
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Pese al reconocimiento del delito, la defensa de Ortiz, encabezada por el abogado Raúl Burela, ratificó el reclamo económico que abarca desde marzo de 2024 hasta el 20 de octubre de 2026, fecha en la que se dictó la condena formal.
En diálogo con El Sol, Burela argumentó que existe una “laguna legal”. “La Constitución te da principio de inocencia. Existe una violación de este principio porque en esos 30 meses no hubo una condena firme. Hay un exceso del poder disciplinario”, dijo. Según el letrado, el artículo 91 otorga facultades de sanción a la Cámara, pero no habilita la quita de la dieta a un legislador electo por el voto popular.
Para sostener la postura, el defensor señaló que Belén Castillo (dirigente del PRO que sigue en la lista de reemplazo) no asumió en todo este tiempo debido a que justamente la condena no estaba firme. Asimismo, enfatizó que la retención de haberes realizada por la Cámara “la afectó en su carácter alimentario y el de su hijo”.
Fuentes legislativas confiaron a este diario que Ortiz “fue suspendida por hacer maniobras dilatorias. Ella debía dar el ejemplo”. “No la suspendimos por si era culpable o no. De hecho, no se hizo un juicio de valor. Si presentaba el desafuero hubiera sido distinto”, deslizaron.
Cuenta regresiva en la Cámara de Diputados
Respecto a la continuidad de Ortiz en la Legislatura, en el oficialismo consideran que la condena que la inhabilita a ejercer cargos públicos torna incompatible su permanencia, por lo que aguardan la presentación de su renuncia para dar cumplimiento a la sentencia judicial.
Consultado sobre si la diputada suspendida pondrá su dimisión a disposición, Burela se limitó a indicar que “aún no fue notificado” de la sesión convocada por la Cámara Baja para la semana entrante.
Si la renuncia no ingresa formalmente en los próximos días, el cuerpo legislativo avanzará con el tratamiento sobre tablas el próximo miércoles 4 de noviembre para votar su expulsión definitiva.
