La medida fue ordenada por el fiscal de delitos económicos, Flavio D’Amore, tras una serie de denuncias radicadas por propios empleados de la comuna. Concretamente, las acusaciones por irregularidades económicas apuntarían a la Secretaría de Gobierno.
Además, el operativo se originó por la denuncia específica de una persona que tuvo contacto con el subsecretario de Políticas Sociales del municipio, Osvaldo Oyhenart y que trascendió a través de un audio.
Desde ahí, se iniciaron cuatro investigaciones. Ahora tres fiscales investigan coacciones, un posible delito contra la integridad sexual de la denunciante e irregularidades en el manejo de fondos para cooperativas por parte de Oyhenart.
De esta forma, desde las 9 de hoy, efectivos de la División de Delitos Económicos requisan distintas oficinas. Hasta el momento, sólo trascendió que hubo secuestro de documentación importante para la causa.