Mientras el gobernador Rodolfo Suarez ultima detalles de su segundo repaso de gestión, en la apertura de sesiones ordinarias legislativas del 1° de Mayo, el Centro de Investigación Social de Mendoza (CISME) publicó un informe (ver al pie) que brinda un panorama del delicado contexto socioeconómico que presenta actualmente Mendoza.
El documento titulado “El deterioro económico y social de Mendoza” analiza indicadores vinculados a la distribución del ingreso, el mercado de trabajo, pobreza, educación jubilaciones, asignaciones familiares y conectividad. Con base en datos de organismos oficiales –tanto nacionales como locales- el estudio ofrece un completo estado de situación provincial.
En uno de sus apartados da cuenta que el 20 % más rico de la población mendocina concentra casi la mitad de los ingresos totales, mientras que la misma proporción del sector de menores recursos se apropia sólo del 6% de la torta. La desigualdad es más profunda aun cuando se la divide por género: en la distribución final, los varones obtienen 23% mejores remuneraciones que las mujeres.
A los desbalances salariales se les suman la caída del empleo registrado y el aumento de la pobreza, índices en los que Mendoza se posiciona muy por encima de sus vecinas de Cuyo, San Juan y San Luis. Entre 2018 y 2021 se perdieron 17.100 puestos laborales en el ámbito privado, en tanto que la pobreza creció casi el 20% en ese periodo, lo cual se traduce como 200 mil nuevos ciudadanos que en los últimos tres años no pudieron cubrir sus necesidades básicas.
En cuanto a los asalariados, el relevamiento toma como caso testigo para graficar la pérdida de poder adquisitivo el de una maestra de grado de Educación Primaria con diez años de antigüedad. En 2015, el sector de la educación percibía –en Mendoza- un salario superior a los mil dólares. Cinco años después, sus haberes se desplomaron un 52% en valor de la moneda norteamericana.
La cuestión social y la brecha digital
Respecto a los jubilados, CISME destaca que a la caída sistemática del valor nominal de los haberes que perciben vía ANSES, en Mendoza se agrega el agravante del recorte presupuestario para programas provinciales destinados a prevenir, promover y brindar asistencia social a esa población. De U$S 7,4 millones que se invertían en 2018, se pasó a 3,2M en el corriente.
Por otra parte, el informe desnuda la importante brecha existente entre las asignaciones familiares que perciben los trabajadores del estado provincial respecto a quienes se rigen por el sistema nacional. Por ejemplo, para el rango salarial más bajo la Nación aporta, en concepto de Asignación por Hijo/a, $3.224 más que lo recibido por un agente provincial. Es decir, una diferencia mayor al 400%.
Por último, el estudio evalúa la penetración de Internet fijo y móvil en los hogares mendocinos, una herramienta clave para la situación pandémica que atraviesa el planeta. La presentación exhibe que menos del 40% de las familias tiene acceso a la red en sus casas, en tanto que la infraestructura para la tecnología 4G –la de mejor rendimiento en el mercado- es una de las peores del país.
