Durante las últimas horas, el gobernador Rodolfo Suarez impulsó un pliego para que el ex legislador radical, Gabriel Balsells Miró, siga al frente de la Oficina de Ética Pública de Mendoza. Esta iniciativa no cayó bien en el Partido Demócrata, que planteó algunas modificaciones a la Ley de creación de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública.
A poco de que el tema llegue a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado provincial, la diputada Mercedes Llano propuso modificar algunos artículos a de la mencionada ley para la elección de su titular, “a los efectos de despolitizarla y combatir la corrupción y en particular, el enriquecimiento ilícito”.
La demócrata, propuso “Cambios en los requisitos para la selección del cargo a través de un período de carencia”, lo que quiere decir que el elegido no debería pertenecer “a ningún partido político”, ni que “haya tenido actuación en la función pública en los últimos diez años. Con esta propuesta se busca despolitizar el cargo y brindarle mayor independencia”, explicó.
Y se mostró a favor de que sea elegido “mediante el voto público de los dos tercios de los miembros del Senado, a los fines que la idoneidad, prestigio e independencia del postulante sean tales que conciten altos niveles de consenso Legislativo”.
También, busca que se le otorgue poder al Auditor para investigar actos de corrupción, “a través de todo tipo de acción judicial como legitimado activo, con el fin de que pueda evaluar e investigar las distintas variaciones patrimoniales de los funcionarios y legisladores de la Administración Pública”.
Por otra parte, dejó en claro que debería prohibirse la reelección. “Una vez que termine su mandato de cinco años no puede ser reelecto para el mismo cargo”, propuso.
Y dijo que impulsa la “inclusión de la figura de las denuncias anónimas como herramienta de investigación, siempre y cuando se encuentren especificadas, exista gravedad en el hecho denunciado y aceptar si el denunciante decide conservar el anonimato”.
