El regreso del debate minero a Mendoza pone el foco en una oculta empresa de Ernesto Sanz

Vuelve la discusión por la minería a la provincia y el sanrafaelino está entre los posibles beneficiados por los negocios que vienen.

El primer indicio lo dio el gobernador Rodolfo Suarez, quien firmó en Buenos Aires la transferencia definitiva de la mina Potasio Río Colorado a Mendoza. De esta forma, la provincia recupera activos de gran valor junto con los derechos de explotación del lugar.

Este acuerdo ubica a Malargüe en un escenario auspicioso, especialmente porque en la fase de readecuación de la mina, se generarán más de 1000 empleos.

En ese contexto, el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, contó que por el momento se está buscando un inversor: “El Estado, por sí solo, es difícil que lo pueda lograr, por la capacidad económica y técnica que se requiere”, explicó y advirtió que ya existen varias ofertas.

A raíz de ello, muchos pusieron sus miradas en Ernesto Sanz, uno de los socios creadores de Cambiemos, quien, ni lerdo ni perezoso, armó una sociedad minera días antes se apruebe en la legislatura mendocina la modificación de la Ley 7.722, en diciembre de 2019. Como si hubiera sabido que el gobernador mendocino iba a hacer la jugada que terminó haciendo y de la cual tuvo que echarse atrás.

Cronología

Todo arrancó cuando cientos de mendocinos salieron a las calles a mediados de noviembre de 2019 para manifestar su rechazo a cualquier tipo de modificación a la Ley 7722, que prohibía el uso de cianuro y ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas, protegiendo el agua provincial.

Los legisladores escucharon la manifestación popular y dejaron ahí el tema.

El 10 de diciembre asumió Suarez como nuevo gobernador de Mendoza y en menos de 24 horas de estrenar función envió a la legislatura provincial un nuevo proyecto para modificar esa norma.

Ruralistas, activistas, ambientalistas, civiles, usuarios del agua en general, productores, y miles de mendocinos se unieron y salieron a las rutas, plazas, y calles para manifestarse en contra del proyecto. En cada ciudad de la provincia había una juntada que reclamaba en pancartas “La 7722 no se toca”.

El 20 de diciembre, la cámara alta y baja de Mendoza se pusieron de acuerdo y aprobaron por unanimidad la Ley 9209, que modificaba la 7722. Prácticamente todo Cambiemos, radicales, y algunos integrantes del justicialismo le dieron el voto positivo.

Sólo algunos disidentes del PJ, del Frente de Izquierda y de Libres del Sur se opusieron a la modificación de la Ley.

El 23 de diciembre se convocaron movilizaciones en toda la provincia de Mendoza para repudiar el hecho democrático legislativo y horas más tarde, el gobernador Suarez ordenó a efectivos de infantería y de la policía provincial que reprimieran a los manifestantes.

Todo acabó cuando Suarez decidió derogar la Ley 9209, y explicó que su labor principal como primer funcionario de Mendoza era preservar la paz en la sociedad.

Sanz, el avivado

Sin embargo, hay algo que falta en esa cronología. El día 5 de diciembre, es decir, seis días antes que Suarez presentara en la legislatura provincial el proyecto para reformar la ley 7722 y darle vía libre a la actividad minera, Ernesto Sanz armó una sociedad llamada Bergbau SAS que casualmente se dedica como objetivo principal a la minería-hidrocarburos, de acuerdo a lo que publicó oportunamente el portal Infocampo.

Publicado en el Boletín Oficial provincial, la nueva sociedad tiene por socios a los argentinos y abogados: Meydac Marina Fernanda, nacida el 16 de agosto de 1993, estado civil soltera, con domicilio en San Rafael, Mendoza; Alcanoni Bernardo, nacido el 27 de marzo de 1989, estado civil soltero, con domicilio en San Rafael; y Sanz Ernesto Ricardo, nacido el 9 de diciembre de 1956, estado civil casado, con domicilio en San Rafael.

La publicación se completa de la siguiente manera:

4) Domicilio: El domicilio de la sede social se ha fijado en calle Entre Ríos No 29, de la Ciudad de San Rafael, Mendoza.-

5) Objeto Social: (A) Minería-Hidrocarburos; (B) Comercial; (C) Industrial; (D) Importación – Exportación; (E) Mandataria; (F) Fiduciaria.-

6) Plazo de duración: noventa y nueve (99) años a contar de la inscripción del estatuto en el Registro Público.-

7) Monto del capital social: pesos cien mil ($ 100.000).–

8) Órgano de administración: Administrador titular (Presidente): Bernardo Alcanoni quien ejercerá sus funciones por tiempo indefinido.-

9) Órgano de fiscalización: La sociedad prescinde de sindicatura.

10) La representación legal: Estará a cargo del Presidente. Administrador titular.-

11) Fecha de cierre del ejercicio: 31 de octubre de cada año.

Ahora mismo, cuando la actividad minera vuelve a ser motivo de debate en Mendoza, a un año de iniciadas las protestas mencionadas, todos miran a la empresa de Sanz con gran atención.

Como dijo alguien alguna vez, “nada es casual en la política”.

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