Un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio (JxC), entre los que aparecen Luis Petri, Claudia Najul y Federico Zamarbide, presentaron un proyecto de ley para actualizar el régimen de delitos electorales del Código Nacional Electoral vinculado al uso de recursos de públicos.
Pidieron incorporar el reparto de subsidios, transferencias discrecionales y alteraciones presupuestarias durante el proceso electoral como prohibiciones expresas. Además, se mostraron a favor de la implementación de sanciones a funcionarios que tengan conductas clientelares debido a la cantidad de actos que han ocurrido durante las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), y que no tienen una tipificación específica en la ley.
Quedaría prohibido durante los 25 días anteriores a las PASO, y durante 30 días anteriores a la fecha fijada para las elecciones generales, el reparto de subsidios y/o transferencias no contempladas en el Presupuesto Nacional o a nuevos beneficiarios, y también la celebración de convenios administrativos entre Nación, provincias y municipios para la ejecución de recursos públicos.
También quedarían prohibidos durante los 25 días anteriores a las elecciones primarias, actos inaugurales de obras públicas, lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten. Además, la utilización de bienes propiedad del Estado para actividades de campaña electoral.
Los funcionarios públicos que autoricen la publicidad de actos de gobierno serán pasibles de inhabilitación de hasta 12 años para el ejercicio de cargos públicos.
“La Ética Pública de los funcionarios de gobierno no se debe suponer se debe regular. No alcanza con las cautelares de la justicia electoral, el poder debe entender que en las elecciones no se compite haciendo trampa. Y el clientelismo estatal es un acto de profunda arbitrariedad que a 38 años de la democracia en Argentina y con el 50% de los ciudadanos con pobreza estructural no se puede permitir ni avalar”, explicó Carla Carrizo, autora del proyecto.
La vicepresidenta del bloque UCR remarcó: “Las cautelares de la Justicia electoral minimizan daños menores, pero no impiden transferencias enormes a las provincias que van para los gobiernos en elecciones o para la caja política, no para la ciudadanía”.
Acompañaron con sus firmas los diputados de JxC Gustavo Menna, Ricardo Buryaile, Brenda Austin, Camila Crescimbeni, Alejandro Cacace, Lidia Ascárate, Ximena García, Jorge Vara, Gabriela Lena, José Riccardo, Lorena Matzen, Dolores Martínez, Martín Berhongaray, Julia Marcolli, Aída Ayala, Gerardo Cipollini, Juan Manuel López, Adriana Ruarte, Fabio Quetglas, Diego Mestre, Pablo Torello, Jorge Enríquez, Roxana Reyes, Soledad Carrizo, Emiliano Yacobitti, Gonzalo del Cerro, Mónica Frade, Laura Castets, Sofía Brambilla y Leonor Villalba.
