(Por Christian Sanz, director de MTN) El hecho explotó a principios de junio de este año, cuando la Fiscalía de Estado de Mendoza empezó a investigar una denuncia por presuntos sobreprecios en el Hospital Lagomaggiore. Consta en el Expediente Nº EX-2020-02088935-GDEMZA, al cual MTN tuvo acceso.
Es una trama que arranca a través de la denuncia de un informante -cuyo nombre se mantiene en reserva-, quien asegura que se habrían comprado con sobreprecios cajas de acrílico utilizadas para colocar a los pacientes con Covid-19 al momento de la intubación.
De acuerdo a la denuncia en cuestión, se habría pagado tres veces más que su valor de mercado: el producto tiene un valor de entre $7.000 y $9.000 y se abonó $ 24.000 cada uno.
Ante esta situación, la Fiscalía de Estado pidió al nosocomio que rinda un informe detallado y documentado sobre la adquisición realizada, lo cual fue respondido por el Lagomaggiore con el reconocimiento escrito de que la compra se realizó bajo la modalidad de “contratación directa”.
En el mismo contexto, el hospital explicó que la adquisición fue realizada al proveedor Osvaldo Biskupovich de la empresa Cuyum, de Godoy Cruz.
Acto seguido, la Fiscalía realizó una búsqueda en el portal “Mercado Libre” de instrumentos de la mismas características que los adquiridos, surgiendo la publicidad de la empresa Letrac S.A. La firma produce cinco modelos de medidas estándar del mismo acrílico cuestionado a un valor de $6.500, el cual incluye IVA; “pudiéndose lograr un descuento del 10% en compras mayores a diez unidades”, de acuerdo al documento.
Por ello, la Fiscalía asegura en su resolución que, “con lo manifestado y acreditado en el expediente, se demuestra que se ha abonado un valor mayor al que podría haberse adquirido si se hubiesen averiguado los precios de mercado, pudiendo haberse adquirido a precios de catálogo”.
No ha sido la única irregularidad: la entidad a cargo del fiscal Fernando Simón ofició al director de Compras y Suministros de la Provincia solicitando que informara si el proveedor cuestionado –Biskupovich, Osvaldo– se encontraba habilitado para realizar operaciones como proveedor de la Provincia y, en su caso, en qué rubros se encontraba inscripto para poder operar.
“El funcionario informa que el proveedor se encuentra en estado inhabilitado (inscripción no vigente), por haber operado el vencimiento de su inscripción el día 31/03/2018, dejando constancia también, que el proveedor en cuestión tampoco se encuentra inscripto en el sistema de compras electrónicas ‘ComprasMendoza’, recaudo que se exige para todos los procedimientos de contratación con llamado o publicación a partir del 1 de Marzo del corriente año; y con relación a los rubros en los que el proveedor se inscribiera figuraban: a) descartables gastronómicos; b) distribución y venta de soda, agua natural, bebidas, etc. c) artículos de papelería, sellos de gomas, arts. De oficina, etc. y d) elementos y artículos de limpieza”, de acuerdo al documento de la Fiscalía.
Para no dejar dudas respecto de la presunta irregularidad, el mismo organismo concluye dos situaciones puntuales: por un lado, que “se ha abonado por la compra de las cajas de acrílico para la intubación de pacientes con Covid-19 un sobreprecio con relación a los valores de mercado (…) de casi un 300% más de los precios de relación”.
Por el otro, se comprobó -siempre según la Fiscalía de Estado- que “el proveedor Nº 172027, Osvaldo Biskupovich, al que se le efectuó la compra de las cajas, no estaba habilitado para poder efectuar ventas al Gobierno de la Provincia; agravando tal situación el hecho de que la compra no se hubiera correspondido tampoco con los rubros en los que alguna vez estuvo habilitado”.
En el contexto referido, el documento concluye que, “de todo lo actuado y de los hechos comprobados surge que existe una evidente compra a precios superiores a los de plaza y una operación efectuada por agentes del Hospital Luís Lagomaggiore con un proveedor no habilitado, lo que representaría un presunto perjuicio económico al Erario Público y una presunta irregularidad administrativa en los agentes de la Administración que participaron en los procesos”.
Consultadas en su momento fuentes de la Fiscalía de Estado, aseguraron a este cronista que “notificamos al Tribunal de Cuentas, a la OIAYEP y a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control“.
Pero luego nada más ocurrió. La investigación ya no avanzó más.
Un verdadero escándalo
La operación aquí mencionada fue concretada por parte del Hospital Luis Lagomaggiore en el marco de la emergencia sanitaria, social, administrativa, económica y financiera establecida en la Provincia.
El Fiscal de Estado, Fernando Simón, presentó una denuncia penal ante la unidad Fiscal de Delitos Económicos. De constatarse la irregularidad, el acto representaría un presunto perjuicio económico para el Erario Público y una presunta irregularidad administrativa por parte del o los agentes de la administración que participaron en los procesos.
Según fuentes de la propia Fiscalía de Estado, tras realizar la denuncia penal, el funcionario habría notificado a los efectores de salud pública y al Ministerio de Seguridad de la Provincia, que oportunamente se realizarán auditorias sobre las contrataciones directas que sean realizadas en el marco de la urgencia provocada por la pandemia, remarcando las pautas que las mismas deben cumplir a efecto de garantizar la transparencia en dichas compras.
