Si el sistema de salud en Mendoza venía resentido a raíz de la pandemia, ahora la situación se agravó aún más, ya que desde la Asamblea de Trabajadores de la Salud comenzaron con un paro de 48 horas.
Entre los principales reclamos, desde el sector se quejaron por los bajos sueldos de parte de los empleados, como así también denunciaron amenazas y persecuciones.
“Desde el año pasado estamos haciendo reclamos porque trabajamos como monotributistas hace más de 5 y 6 años. Producto de la lucha el gobierno se vio obligado a dictar un decreto de pase a plantar, para así poder estar registrados y que nuestros años de antigüedad empezaran a contar”, arrancó diciendo Uma Flores, referente de la asociación en diálogo con Radio News.
Sin embargo, esta gestión provincial no prosperó y el malestar nuevamente comenzó a hacerse sentir: “El decreto decía que íbamos a pasar a planta conforme a la antigüedad de cada trabajador, cosa que jamás ocurrió”.
Y señaló que a un grupo selecto de trabajadores se les cumplió el tan ansiado pase a planta: “Eran compañeros que llevaban un año de antigüedad con prestación de servicios en los hospitales, es decir que eran amigos de las autoridades”.
El famoso pase a planta ha dejado al desnudo una situación por demás llamativa, la cual fue denunciada por Flores: “Para poder armarnos el expediente nos piden la renuncia nuestro título de licenciado en enfermería. Quieren que firmemos un papel que tiene algunas partes en blanco, donde justamente ellos después agregan que renunciamos a nuestro título de licenciado y aceptamos de conformidad figurar como enfermeros profesionales para pagarnos mucho menos que lo que nos corresponde a un licenciado en enfermería”.
Y siguió: “Es decir que cuando vos renuncias a tu licenciatura, te obligas a trabajar mayor cantidad de horas por menor sueldo. Un licenciado en enfermería en planta gana 100 mil pesos por mes en el Estado, un licenciado en enfermería con prestación está ganando 37 mil pesos en el Estado y un licenciado en enfermería con contrato de locación está ganando 24 mil pesos de bolsillo”.
Además, sostuvo que “los prestadores y los contratados somos destinados a los servicios críticos de todos los hospitales” y comentó que “el personal de planta no es asignado a estos sectores, sino a los más favorecidos”.
Durante su charla, en la que profundizó sobre la medida de fuerza que está llevándose adelante, aseguró que muchos empleados sufren amenazas respecto a su continuidad laboral.
Según la gremialista, las autoridades les han manifestado que “si parábamos podíamos ser despedidos, y que además nos iban a llevar a descuento”.
“Presentamos una denuncia ante la ministra de Salud, informando esta extorsión y este vicio de la voluntad. Hay muchos compañeros que ante la amenaza de que no les van a recibir los papeles o que van a perder su pase a planta, han firmado y muchas veces sin leer porque no nos permiten”, añadió.
Sobre el cierre dijo que están “evaluando la posibilidad de presentar una denuncia a los jefes, al personal de recursos humanos y las autoridades que nos amenazan con dejarnos sin trabajo y aplicarnos descuentos ilegales, porque justamente el ejercicio de un derecho no puede conllevar una sanción”.
