Con la mira puesta en el 21 de mayo, cuando vence el actual Decreto de Necesidad y Urgencia, el gobierno nacional y el porteño iniciaron sendos diálogos con los gobernadores para reunir apoyos para el debate del proyecto que envió ayer el Poder Ejecutivo al Congreso para regular la pandemia.
Desde ambos “lados” buscan apoyos a favor y en contra de la iniciativa, con la pelea por la presencialidad de la educación en la Ciudad de Buenos Aires de fondo y como antecedente.
Antes de partir rumbo a su gira por Europa, Alberto Fernández dejó las instrucciones y los papeles listas para dar impulso al proyecto que decidió enviar al Congreso cuando descubrió que perdería, por un fallo de la Corte Suprema, la pelea contra la Ciudad por las clases presenciales. El sábado fue su última intervención previa al viaje. A última hora recibió al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para evaluar la iniciativa que hacía diez días elaboraba la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de Vilma Ibarra, con información epidemiológica del Ministerio de Salud, que conduce Carla Vizzotti. Tras pedir algunos ajustes, el Presidente dio el visto bueno y se subió al avión que lo llevaría al Viejo Continente.
Unos días antes, Alberto Fernández había dado instrucciones al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, para que iniciara los diálogos con los gobernadores. Fueron conversaciones informales, en las que se les “explicó en qué consistiría el proyecto y para qué era”, informaron fuentes de Gobierno a este medio. Aún no dialogaron con la totalidad de los jefes provinciales, según pudo reconstruir el portal Infobae en diálogo con las administraciones del interior del país.
El contexto no es el más favorable para las conversaciones. La relación del Gobierno con los gobernadores se volvió progresivamente delicada. Si bien el Presidente apuesta, desde que asumió, a un liderazgo “federal”, que pregona en cada discurso, en los últimos meses hubo desavenencias con los jefes provinciales por las medidas -o la falta de estas- frente al empeoramiento de la situación sanitaria. El conflicto más reciente fue hace tres semanas, cuando la Casa Rosada cuestionó la reticencia de los gobernadores a tomar medidas más duras para -asumen en Balcarce 50- evitar pagar el “costo político”. En ese marco, De Pedro comenzó un trabajo de hilado fino para zurcir las diferencias en las relaciones con la mirada en la aprobación del proyecto.
En paralelo, también la Ciudad de Buenos Aires, la otra parte interesada en la discusión, teje vínculos con las provincias, especialmente las del corredor del centro del país. Hace un tiempo que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta toma nota con particular atención de las señales de malestar o resistencia de parte de “otros” gobernadores a eventuales intervenciones medidas nacionales en sus territorios autónomos por motivos sanitarios. Creen que puede haber una mirada en común frente a las medidas del gobierno de Alberto Fernández en asuntos de competencia local, inclusive con gobernadores peronistas. Y hacia ellos viran, para regar acercamientos y pensar en posturas compartidas.
Según aseguraron fuentes porteñas, estos diálogos se enmarcan en el concepto de “federalismo de concertación” que pregona el jefe de gobierno desde el año pasado, cuando se produjo la disputa por las salidas recreativas en la Ciudad. Hace un mes retomó la defensa de esa idea, que ancla en la Constitución Nacional, con la disputa por las clases presenciales. Otros dirigentes opositores enarbolaron esa bandera. Entre ellos, el diputado nacional por Córdoba, Mario Negri, quien marcó la semana pasada, antes de conocer la versión final del proyecto del Presidente, que estaba en contra de entregarle “superpoderes”.
Por ahora, los diálogos del oficialismo y la oposición de la Ciudad con las provincias se mantienen por lo bajo. En el interior, sin embargo, hubo algunas tomas de posición. En Jujuy, desde el gobierno radical de Gerardo Morales adelantaron a Infobae que para que la ley sea de carácter obligatorio para las provincias, es necesario que se incluya un artículo que establezca que se las invita a adherir. Y remarcaron que en caso de que la ley haga alusión a “las cuestiones específicas” a las que refiere el fallo de la Corte, considerarán que hay un “avasallamiento de la autonomía de las provincias”.
La semana próxima se realizará una reunión presencial de los gobernadores de Juntos por el Cambio, donde podrían haber tomas de postura más claras. “Nuestros diputados van a hacer lo que resuelva la coalición”, dijo un importante gobernador radical. “Desde las otras provincias opositoras, Corrientes -donde gobierna Gustavo Valdés- y Mendoza -cuyo jefe provincial es Rodolfo Suárez-, aseguraron que aún no recibieron acercamientos de parte del gobierno nacional pero adelantaron su rechazo”, según Infobae.
El gobierno nacional buscará que la ley se debata lo antes posible y quieren verla aprobada antes del 21 de mayo, es decir, antes del vencimiento del actual DNU, que entró en vigencia cuatro días antes del fallo de la Corte. Busca avanzar con nuevas medidas sanitarias sin el freno y la intervención de la Justicia. Si bien tiene los números necesarios en el Senado, el ámbito más complicado es el de la Cámara baja, donde el vínculo con los gobernadores será clave para aprobar el proyecto. En ese sentido, el contrapeso que ejercerán desde la Ciudad puede jugarle en contra a la Nación. Y viceversa.
Qué les pidió Alberto Fernández a los gobernadores para frenar la pandemia
