Después de una extensa causa desarrollada por el grupo especializado de investigadores judiciales asignados en la Unidad Salta del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF), dos narcotraficantes llamados Juan Carlos Serrano Cruz y Nicolás Maximiliano Amaya fueron condenados por el Tribunal Oral Federal N°2 de esa provincia a la pena de siete años de prisión.
Fueron acusados de ingresar a la Argentina y a través de un conflictivo paso clandestino de la frontera norte distintos cargamentos de cocaína, producidos por peligrosos grupos criminales en la selva boliviana, parte de los cuales terminaban en la provincia de Mendoza.
La particularidad del caso es que no sólo se condenó a los transportistas, sino también a los narcos ideólogos, que operaban ocultos en la frontera salteña de Aguas Blancas.
Respecto de la causa, el fiscal general Francisco Snopek comandó los avances del complejo expediente, que incluyó secuestros de vehículos, documentación, teléfonos, camionetas con droga, y decenas de cruces en bases de datos, entre otras medidas, tal como confirmó el propio funcionario en una entrevista.
Así, Snopek subrayó que si bien la cocaína fue detectada en un control de ruta de agentes federales, la virtud del equipo de investigación consistió allí en profundizar sobre las pistas que arrojaron las incautaciones primarias. Al respecto, dijo el fiscal a este diario: “Decidimos ir a fondo sobre todas las pruebas que conseguimos, en todo tipo de datos. Fuimos a buscar a los responsables de este transporte de estupefacientes. Advertimos que no era un caso más, y pudimos llegar a los responsables últimos, encargados del transporte de la droga en el país”. Se trata de dos narcos que iban a Bolivia a negociar la droga con los cárteles, y luego coordinaban el arribo seguro a la Argentina, en tareas que se revisten de una complicada logística para empaquetar la cocaína, y la fabricación o adaptación de compartimientos en camiones y camionetas, además de las armas o la seguridad para evitar que los bandidos roben los cargamentos.
Las fronteras salteñas de Salvador Mazza y de Aguas Blancas se han convertido en el último tiempo, y fundamentalmente durante la pandemia, en zonas hostiles con fuerte presencia de grupos de traficantes. Dos rutas fundamentales se robustecen desde allí con la cocaína boliviana: la línea de tráfico hacia Mendoza y Chile, y también la compleja línea de abastecimiento de cocaína para los cárteles brasileños.
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El MPF presentó un informe oficial respecto de las complejidades de la causa, donde se detalló: “El caso se presentó difícil para la fiscalía, pues Serrano Cruz y Amaya, detenidos con posterioridad al secuestro de la droga, habían desplegado numerosas e intricadas maniobras de ocultamiento que los colocaban distantes del transporte como de quienes lo ejecutaron. Con comunicaciones en las que abundaban el lenguaje encriptado y movimientos migratorios coordinados para no aparecer junto a los autores materiales del tráfico, entre otras estratagemas, los dos acusados condujeron los hilos de la operación”.
Por otro lado, una segunda particularidad del caso corresponde con el lugar de incautación de los 79 kilos de cocaína, y su ruta de circulación. El hallazgo se produjo rumbo a Cuyo, donde se registraron según información oficial movimientos de al menos otros dos grupos que operaban simultáneamente en Mendoza y Salta, e inclusive desde tres prisiones diferentes. Este último dato, de las operaciones narco coordinadas desde cárceles, preocupa fuertemente a los investigadores de todo el país, según publicó diario La Nación.
