La Suprema Corte de Justicia de Mendoza nombró como asesora en perspectiva de género en la Dirección de la Mujer a Emiliana Lilloy. Esta designación ha generado polémica, ya que se trata de un cargo que no ha sido otorgado por concurso, y por el que percibirá un sueldo similar al de un ministro del Poder Ejecutivo provincial, que supera los 250 mil pesos por mes.
La mencionada mujer es hija del ex director de Osep, Ricardo Lilloy, recordado por haber encabezado la obra social cuando se desató un incendio en el edificio de la institución, y que terminó con una gran parte de la documentación destruida.
Este nombramiento ha sido firmado por el presidente de la Suprema Corte Dalmiro Garay, José Valerio y María Teresa Day, otra incorporación que fue altamente cuestionada.
El que se pronunció al respeto, fue el diputado nacional José Luis Ramón, que mediante una columna de opinión en el sitio Bien Cuyano, dio su parecer.
El año pasado realicé una denuncia penal e interpuse un amparo ante la designación de la Dra. Teresa Day como ministra de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA de Mendoza por no cumplir con los requisitos exigidos por nuestra Constitución provincial. Formulé una denuncia contra el gobernador Rodolfo Suarez en razón de que, el solo hecho de proponer a una persona que no tiene los requisitos exigidos por la ley, configura los delitos previstos en los artículos 248 y 253 del Código Penal. En concreto, hace referencia a la figura de «abuso de autoridad».
Ahora, nos encontramos frente a otra situación abusiva, carente de toda ética y reñida con principios constitucionales, pero proveniente del Poder Judicial. Resulta que, entre gallos y medianoche, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Dalmiro Garay, elegido por el ex gobernador Cornejo, junto con la Dra. Teresa Day y el cuestionado -por misoginia y falta de perspectiva de género- Dr. Valerio, nombraron como «asesora en perspectiva de género (¿?)», a la Dra. Emiliana Illoy, con quien adelanto no tengo ningún problema personal, sino con lo que su nombramiento significa para los mendocinos en un contexto de pandemia y emergencia económica.
Desde el mismo poder que promovió la ley de equiparación de cargos, para darle un freno a la Caja Negra -mediante la cual funcionarios (relatores, asesores, etc) cobraban lo mismo que un magistrado-, se da este nuevo hecho. Ahora, en una maniobra de dudosa legitimidad, se crea un cargo que no sólo no ha sido otorgado por concurso sino que, además, su salario está equiparado con el de un ministro del poder ejecutivo provincial (Clase 71) el cual supera los $250.000 pesos.
La ley 9230, sancionada el año pasado, establece en su artículo 3 que «en el caso de producirse vacantes o nuevas designaciones de secretarios relatores, las mismas serán cubiertas por concurso». Lo cual no ocurrió con el caso de la Dra. Illoy.
Según lo que hemos podido saber a través de las noticias, es que la Dra. Illoy, reemplazaría a la Dra. Spezia en la oficina de la Mujer. Nos preguntamos como cualquier ciudadano de a pie ¿por qué no se concursó este cargo?, ¿es realmente necesario y prioritario en este momento, designar a una asesora en perspectiva de género cuando existe la Oficina de la Mujer (Dirección de la Mujer, Diversidad y Género)?
Dicha oficina cuenta con 1 directora, 4 secretarias, y un equipo interdisciplinario integrado por 4 personas. Sabemos que éste es un servicio en pleno funcionamiento, y esencial para el acceso a la justicia con perspectiva de género y de diversidad sexual, gratuito y confidencial. Entonces, ¿Cuál es el fundamento del nombramiento de la Dra.
Emiliana Illoy? La falta de transparencia genera desconocimiento y desconfianza en la ciudadanía con respecto a la función esencial del Poder Judicial. Además, esta situación genera un clima propicio para la corrupción, donde no hay posibilidad de auditorías ni mecanismos de observación y control ciudadano, que limiten o sancionen el abuso de poder por parte de este órgano.
La participación ciudadana, en cuanto al acceso a la justicia, es clave para revertir el desprestigio constante de este poder y la falta de confianza de la población. La falta de transparencia obstaculiza la participación de actores de la sociedad civil en la construcción colectiva de soluciones y, en diagnosticar el estado de situación de la justicia con respecto a los derechos humanos, perspectiva de género, discapacidad, celeridad, interculturalidad, etc.
La sociedad civil puede y debe tomar el papel de monitorear el trabajo del poder judicial. Necesitamos, sr. Presidente de la SCJM, que generen procesos de transparencia y participación ciudadana reales, a fin de evitar situaciones que generan mayor descrédito en uno de los poderes esenciales de la República, y que debería dar el ejemplo al pueblo mendocino.
