“A Alberto no le conviene romper con Hugo, no solo porque puso mucha guita en la campaña, sino porque conoce muchos curros del Gobierno”, dijo a Diario MTN un hombre cercano al presidente de la Nación. De los pocos que aún son de consulta del jefe de Estado.
No hace falta aclarar que “Alberto” es Fernández y “Hugo” es Sigman, dueño del grupo Insud y uno de los que ostenta la potestad de la confección de la vacuna AstraZeneca.
Este último fue librado a su suerte en los últimos días, luego de que se descubriera que le habían sido pagados 60 millones de dólares a cambio de dosis contra el Covid que jamás llegaron al país.
Quien ha pasado a ocupar su lugar de privilegio es Marcelo Figueiras, dueño del ostentoso Laboratorio Richmond y flamante ganador del contrato para elaborar la Sputnik V en la Argentina.
La gestión fue llevada a cabo en secreto por el propio Gobierno, según reveló esta misma semana el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán.
El anuncio, refrenteado con bombos y platillos, intentó tapar la errática política oficial llevada adelante por el Ejecutivo nacional en torno a la vacunación contra el coronavirus.
En la catarata de desaciertos sobresalió uno: las estancadas negociaciones con Pfizer, laboratorio que confecciona la vacuna más efectiva de todas a la hora de inmunizar a la ciudadanía.
Poco a poco, se va comprobando que hubo un planificado boicot por parte de funcionarios del Ministerio de Salud, principalmente Ginés González García y Carla Vizzotti. Esta última, dicho sea de paso, supo trabajar para Sigman, al igual que Romina Giglioti y otros funcionarios de segunda línea del gobierno. Muchos siguen en sus cargos, ojo.
Ello explica, no solo el boicot que se llevó adelante contra Pfizer, sino también las motivaciones detrás de los millonarios negocios que se le han concedido al dueño de Insud en los últimos 15 años. Todos relacionados con el tópico vacunación.
Dicho sea de paso, ¿será cierto el rumor que asegura que en el allanamiento que se le hizo a Sigman esta semana se encontraron algunos de esos escandalosos contratos? ¿Aparecerán allí los jugosos “retornos” que el empresario les pagaba a reputados funcionarios K?
Independientemente de las respuestas que puedan tener esas preguntas, está claro que la estrella de “Don Hugo” —Sigman, no Moyano— se empezó a apagar lentamente.
En tal contexto, no debería extrañar que la prensa empiece a hacerse eco de aquellas cuestiones que lo complican y que, hasta ahora, eran bien calladas. Como aquellos dos episodios en los cuales lo “embocaron” con contenedores repletos de efedrina, que reconoció como propios pero que raramente jamás reclamó. Uno en 2008 y el otro en 2016.
Con Figueiras pareciera empezar a darse la misma lógica. Es presentado en los grandes medios como el “gran empresario argentino”, que hará una verdadera “patriada” al elaborar la vacuna rusa. Como si eso no le reportara millones de dólares de ganancia cautiva y segura.
Nada dirá la prensa vernácula sobre los expedientes de la SIGEN que lo han complicado por sobreprecios, allá por 2008. Ni tampoco hablará acerca de su involucramiento judicial en la denominada “mafia de los medicamentos”. Menos aún sobre su responsabilidad en la quiebra del diario de Jorge Lanata, Crítica de la Argentina.
Entretanto, nadie ha respondido el interrogante fundamental: ¿Por qué le dieron a Figueiras un negocio para el cual no se encuentra preparado, habiendo otros empresarios que sí lo estaban, como el propio Sigman?
Pocos saben que la planta de Richmond que producirá la vacuna rusa aún no existe. Ni siquiera ha empezado a construirse. Lo hará recién en junio de este año y demorará al menos un año en culminarse.
A pesar de ello, reputados funcionarios del gobierno aseguraron que en junio arrancaría la distribución de la Sputnik por doquier. Papelón en ciernes.
Restricciones y el regreso de 678
En otro orden de cosas, el gobierno prepara nuevas restricciones a la circulación, otra vez a pedido de Axel Kicillof, esta vez sin la intermediación de Cristina Kirchner. En principio, serían para el AMBA, aquella zona imprecisa que integran la Capital Federal y parte de la provincia de Buenos Aires.
Subyace detrás de aquellas medidas la pelea entre la CABA y el gobierno nacional por la cuestión de las clases presenciales. Batalla que deberá dirimir la Corte Suprema de Justicia, quien tendría decidido dar a conocer su primer dictamen el proximo viernes 30 de abril.
Entonces, se sabrá si es constitucional o no el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por Alberto Fernández, aquel que prohibió las clases presenciales en el terruño de Horacio Rodríguez Larreta. Quienes conocen el paño hablan de una “solución salomónica”. Habrá que ver.
Por su parte, desde La Cámpora insisten a culpar al presidente por mostrarse “tibio” ante una situación que, más allá del planteo jurídico, esconde una verdadera puja de poder. Entre él mismo y el alcalde porteño. Enmarcado en la tristemente célebre frase de “quién la tiene más grande”.
Las intrigas palaciegas son alimentadas por Cristina Kirchner desde el Instituto Patria, quien suele adherir a una máxima perversa que supo heredar de su extinto marido: cuanto más se complique la gestión, más radicalización discursiva hay que mostrar.
Es un debate que también se vive en estas horas en el sistema de Radio y Televisión Argentina (RTA), con la TV Pública como caso testigo.
Allí fue designado hace unos días Leonardo Flores, en reemplazo de Eliseo Álvarez, quien había sido eyectado en el marco del escándalo por los misteriosos bolsos con dinero que se encontraron en los pasillos de lo que supo ser Canal 7.
Por presiones del cristinismo duro, Flores terminó renunciando a poco de asumir, lo cual provocó la furia de Rosario Lufrano, titular de RTA. “Acá mientras yo esté, La Campora no pisa”, dijo ante media docena de colaboradores propios, anticipando la batalla que viene.
Es que, aunque Alberto no está de acuerdo, desde La Cámpora se busca reflotar al menos dos programas de televisión al estilo 678. Principalmente en la TV Pública y C5N. De ahí deviene el malhumor de Lufrano, que se muestra en contra de tal jugada.
No solo se busca compensar discursivamente la supuesta “falta de gestión” del presidente de la Nación, sino que además se intenta contrarrestar la fuerte avanzada que ha hecho la oposición a través del canal La Nación Más. Gracias a una presunta inyección de fondos que habría aportado el mismísimo Mauricio Macri.
Cuando se lo preguntan, el expresidente no lo niega. Pero tampoco lo ratifica. Solo se ríe, con una mueca casi perversa, que pareciera confirmar la versión, más que desmentirla.
Como bien suele decirse, “el que calla, otorga”.
Montero corre con el caballo del comisario
Hay escándalo local y se aproxima raudamente. Es uno de tamañas dimensiones, que involucra a la otrora vicegobernadora de Mendoza, Laura Montero.
Es que su hermano, Rodolfo Marcial, se presentó a una licitación de la AFIP a efectos de vender insumos médicos y utilizar ese mismo aparataje para lucrar personalmente.
El tema no es ese, sino que lo hizo presentando como garantía de la licitación a la propia Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN), de la cual es gerente general.
Según documentación a la que accedió Diario MTN aparece allí la figura de un histórico apoderado de la misma entidad, Enrique Ramon Noya.
Tal ha sido el escándalo que la AFIP decidió desestimar la presentación, invocando el Orden N° 87 de la Comisión Evaluadora del Área Central, la cual “aconsejó declarar inadmisible la oferta presentada por el oferente Rodolfo Marcial Montero, en atención a que no presentó la garantía de mantenimiento de oferta donde el mismo sea el tomador, incumpliendo los artículos 55, inciso 1, apartado a), y 43, inciso c) del anexo a la disposición nº 297/03 (afip) y el procedimiento establecido en el punto n° 16 – ‘garantia de mantenimiento de oferta y cumplimiento de contrato’ del pliego de condiciones particulares”.
Acto seguido, viene el tirón de orejas: “Que a su vez, el citado oferente no presentó documentación que permita verificar la aptitud técnica y administrativa de la oferta; en ese sentido, la Comisión Evaluadora destacó que toda la documentación adjuntada al Portal de Compras no corresponde a persona que efectivamente participó de la licitación”. Más que escándalo, papelón.
De todos modos, no debería sorprender: en septiembre del año pasado, Rodolfo Montero ya había sido parte de otra polémica luego de que se supo que había pedido la asistencia del programa “Mendoza Activa” para construirse una casa valuada en más de 13 millones de pesos.
A pesar de todo, el hombre sigue allí, como si nada. Entonces, aparece la pregunta obligada: ¿Quién sostiene al hermano de la exvicegobernadora?
Su situación recuerda el famoso dilema de la “tortuga en el poste”. Aquella en la cual un joven se sienta a descansar y observa tal situación, casi surrealista: un quelonio posado sobre un palo, en medio de la nada. Le surgen al respecto cuatro reflexiones:
-Primero: no entiende cómo la tortuga llegó hasta allí.
-Segundo: no puede creer que permanezca ahí.
-Tercero: entiende que no pudo haber subido ella solita al poste.
-Cuarto: está seguro de que el animal no debería estar ahí.
