En una suerte de novela por capítulos, el PRO Mendoza vive en estos días una historia sorprendente que arrancó luego de la renovación de autoridades en la provincia.
El senador provincial Pablo Priore fue el que acusó el golpe, al acusar a Omar De Marchi de llevar adelante una “operación” a efectos de quitar del medio a su lista del proceso electoral que debía desarrollarse oportunamente, dejando a cargo del partido a su delfín Álvaro Martínez.
A tal efecto, Priore efectuó un recurso de apelación ante el Juzgado Federal 1 de Mendoza, en manos de Walter Bento, quien lo rechazó.
En ese contexto, el senador arrojó una dura definición respecto del derrotero que le toca vivir en estas horas: “En el PRO pasa algo parecido a lo que pasa en Venezuela, tenemos a un sector proscripto y a un autoproclamado presidente”, sostuvo entrevistado por Pablo Nuñez y Daniel Palacio en el programa Todo Pasa que se emite por Radio News (escuchar al pie).
Y añadió: “Por suerte, acá tenemos una justicia independiente a la cual se ha recurrido y estamos esperando que resuelva la Cámara”.
Acto seguido, volvió a atacar: “No obstante ello, se han autoproclamado desconociendo que hay instancias judiciales pendientes. Pareciera que no hay un Estado de Derecho en la Argentina. Lo que demostraron ahí es que no tenían ganas de competir y buscaron excusas. En la lista del oficialismo iba el presidente del bloque de concejales de Orozco. Iban los funcionarios de la municipalidad de Malargüe. Quien tenía en la lista a funcionarios del gobierno era el sector de ellos, no mi sector”.
Y explicó: “Mi sector es gente que históricamente ha estado en el PRO, gente nueva que se incorpora a la política, que ahora pierde ganas de participar. Mientras que el otro sector viene con las prácticas de la vieja política y lo que hacen es chicanear”.
Priore puntualizó: “Hemos realizado dos denuncias en la justicia porque hemos visto dos hechos ilícitos, por un lado fichas de afiliación de afiliados nuevos, gente independiente, parientes de la diputada Casado, que desaparecieron de la sede del partido. Después hubo un hecho donde le sacaron la parte final del acta cuando se pasó el escaneo del libro. Son dos hechos graves. Acá se hicieron los tontos, acusar a los que denuncian en lugar de ver qué pasó con esos hechos”.
Finalmente, aseveró: “Que hayan desaparecido más de 400 fichas de afiliación y que se haya adulterado un acta, son hechos graves. Más cuando se han cometido por funcionarios públicos. Porque los que integran la comisión electoral, son empleados públicos. Ellos deben velar por la transparencia y no lo han hecho”.
