(Por Luz Faingold, directora de Derechos Humanos de Mendoza) El primer artículo de la Declaración Universal -firmada por más de 50 países el 10 de diciembre de 1948- dice que “todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos”. Esto quiere decir que toda vida humana es valiosa e irremplazable. Por eso, los genocidas, en voz de Juan Ramón Camps, sanguinario jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, decían “nosotros no matamos personas, matamos subversivos”.
Este ejercicio del terror estatal durante la dictadura cívico-militar de 1976 hasta 1983, que fue clandestino y de un grado enorme de impunidad, estuvo basado en la desaparición de los cuerpos.
La terrible violencia de esperar a que vuelva el ser querido: el hijo, el hermano o hermana. Un dolor que nunca sana, porque se desconoce y se espera que el ser querido esté con vida y regrese al hogar.
Respecto del secuestro de inocentes, porque así se ejerce el terror cuando se los arrebata, Ibérico Saint Jean, el entonces gobernador de Buenos Aires, y quien tuvo como jefe de la Policía a Juan Ramón Camps, dijo en un discurso la siguiente frase: “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos”.
Hubo cientos de centros clandestinos de detención, lugares de tortura y muerte, de culpables, sospechosos y también inocentes, de modo tal que nadie puede estar seguro en un régimen militar.
En su Manual, Josef Trinquier habla de que la tarea de Inteligencia consistía en la tortura y decía: “la legalidad es incómoda”. La legalidad que ahora ellos mismos tienen, ya que son juzgados con todas las normas de defensa en juicio, que los desaparecidos no tuvieron, ya que murieron inocentes y nunca fueron escuchados por un juez o un tribunal legalmente constituido.
En el primer juicio de lesa humanidad que se hizo en Mendoza, la periodista Marie Monique Robin fue citada como testigo de contexto y pudimos ver una entrevista con el general francés Paul Aussaresses, uno de los principales ejecutores de la represión mediante la tortura y el asesinato durante la guerra de Argelia. En esta conversación, que se encuentra en YouTube con el nombre de “Los escuadrones de la muerte: la escuela francesa”, el general admite: “No podíamos fusilar a 7.000 argelinos, y por eso tuvimos que disponer de los cuerpos tirándolos al mar”.
Durante el período de 1976 a 1983, en Argentina, miles de personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas, pasando a formar parte de la lista de “detenidos desaparecidos”. Un gran número de los cuerpos de esas personas fue enterrado clandestinamente y sin identificación en cementerios de todo el país, mientras sus familiares ignoraban este destino. Otros fueron arrojados desde aviones a las aguas del río de la Plata. El centenar de muertos aparecidos en ambas costas del río y en el Mar Argentino certifican esta metodología que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pudo comprobar científicamente.
Este proceso de aplicación de las ciencias forenses a la investigación de violaciones a los derechos humanos fue iniciado en la Argentina con el retorno de la democracia y luego fue adoptado por muchos países del mundo. Países que, luego de sufrir severos períodos de violencia política, comenzaron procesos de democratización que permitieron la búsqueda de Verdad, Justicia y Reparación.
Este Equipo de Antropología Forense, a principios de 1985, logró identificar los restos de una mujer con 7 marcas de bala en su cráneo. Nombre: Liliana Carmen Pereyra. Edad: 21 años. Otros datos: al momento de su desaparición, el 15 octubre de 1977, tenía cinco meses de embarazo. El caso de Pereyra es emblemático: la ciencia también certificó que había dado a luz a su bebé mientras estuvo en cautiverio.
Con las luces apagadas y respaldado simplemente por un proyector y una traductora, el antropólogo forense entregó la evidencia legal más certera contra los militares. “Fue tan contundente lo que dijo, que los abogados defensores salieron de la sala”, recuerda el forense.
El análisis de sus restos otorgó la evidencia científica que contradecía la versión oficial de generales y almirantes: que a esos jóvenes desaparecidos se les había dado muerte en confrontaciones armadas con militares, paramilitares y policías.
El cráneo destrozado de Liliana Pereyra y, junto con él, los siete perdigones de Ithaca, el arma reglamentaria de las fuerzas de seguridad argentinas, revelaron que la mujer había sido ejecutada.
Las estrías en la pelvis que causan los partos se volvieron certeza del nacimiento de niños en cautiverio, en muchos casos entregados en adopciones clandestinas. Se estima que hay unos 500 de ellos nacidos de madres detenidas y luego desaparecidas, que han crecido con identidades falsas.
Desde 2010, el Equipo Argentino de Antropología Forense ha realizado siete excavaciones en el Cuadro 33 del Cementerio de la Capital, puesto en valor en un acto realizado ayer, 22 de marzo, con presencia de los tres poderes del Estado y de organismos de derechos humanos como Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas.
De las exhumaciones realizadas en el lugar, se logró identificar a Juan Antonio Molina y a un NN, que hasta el momento no se sabía quién era, hoy, Néstor Oliva. También se restituyeron los restos de Sabino Rosales a sus familiares. De esta manera, son tres las personas identificadas a partir de la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense en el cementerio de la Capital.
Néstor Oliva, salteño, desapareció en 1976 cuando vivía en Mendoza, fue asesinado junto al militante mendocino Juan Antonio Molina, quien había desaparecido un tiempo antes. Los militares simularon un enfrentamiento entre ambos, los fusilaron frente al frigorífico Vildoza y los enterraron como NN.
Es por ello que nos debemos la Memoria para que “Nunca Más” se produzca un quiebre institucional tan grave como el que comenzó el 24 de marzo de 1976, hace ya 45 años, y que llevó al poder a delincuentes, perversos asesinos y torturadores, que tuvieron total impunidad para robar y matar.
Es un deber recordar para seguir construyendo un país democrático, en el respeto a los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales, que tienen jerarquía constitucional.
