Es un hecho: Alberto Fernández ya inició diálogos con los gobernadores sobre el tipo de representación que tendrían las salas del Tribunal Federal de Garantías que anunció en el duro discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional, donde llevó al límite su relación institucional con la Corte Suprema y la Justicia federal. La nueva institución judicial se dedicaría a revisar sentencias arbitrarias de los tribunales superiores y, según el Gobierno, contribuiría a mejorar el funcionamiento del Máximo Tribunal.
Según revela el portal Infobae, el Presidente mantuvo conversaciones sobre el potencial órgano con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y con varios gobernadores. Planea que el tribunal tenga 24 miembros, uno por cada provincia, y que esté dividido en ocho salas que se establecerían por sorteo, para evitar que se conformen de acuerdo a temas y composiciones predeterminadas. De acuerdo a este esquema, cada gobernador debería presentar dos nominaciones, de un hombre y una mujer. Y la conformación final se establecería de acuerdo al criterio de cupo por género. Es decir, que el tribunal estaría conformado por 12 jueces de sexo masculino, y 12 de sexo femenino.
El Presidente basó su anuncio en un artículo del constitucionalista Andrés Gil Domínguez y Marisa Herrera -quienes integraron el Consejo Asesor para la Reforma Judicial-, titulado “Reformar para transformar: la creación de un tribunal federal de revisión de sentencias arbitrarias”. El texto es parte del informe que el Consejo elaboró y le envió al jefe de Estado el año pasado. Alberto Fernández lo leyó entonces, y lo tenía en agenda hace meses. Entre el jueves y el viernes, mientras preparaba su discurso para la Asamblea Legislativa, llamó a Gil Domínguez para discutir con mayor profundidad las ideas allí vertidas. Es un proyecto que el Gobierno impulsará este año, aunque aún no hay fechas estipuladas para enviarlo al Congreso.
El artículo de Gil Domínguez y Herrera plantea la creación de un tribunal para revisar sentencias arbitrarias de los tribunales superiores. El objetivo principal, sostienen, es mejorar el funcionamiento de la Corte Suprema, al evitar que reciba más causas de las que corresponde según su función principal, que es resolver sobre la validez constitucional de las normas. A través de un Tribunal Federal de Garantías, como lo llamó Alberto Fernández, se acotaría la cantidad de rechazos de causas de arbitrariedad de parte del Máximo Tribunal.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación pasó de ser un tribunal dedicado exclusivamente a controlar mediante el recurso extraordinario la validez constitucional de las normas, a ser un tribunal, que además de dicha potestad, entraba al análisis de cuestiones de hecho, prueba, de derecho común, de cuestiones procesales a todo aquello englobado como el “alma de la causa”, reza el texto en el que se basó el Presidente para impulsar el nuevo tribunal.
Con fuertes críticas a la Justicia y la oposición, Alberto Fernández abrió el año legislativo
