Los secretos de la pauta en Mendoza: el poder en la sombra de Pablo Sarale. Es uno de los hombres más reservados de la política mendocina: evita la exposición pública, mantiene un perfil subterráneo y la Justicia dio marcha atrás tras llamarlo a declarar.

A pesar de su anonimato, es el dueño absoluto de la lapicera que define el mapa de medios provincial.

Pauta oficial en Mendoza: $4.500 millones en cuatro meses y dos funcionarios bajo la lupa

La Administración Central destinó cerca de $4.500 millones a Publicidad y Propaganda entre mayo y agosto de 2026. La distribución de esos recursos, los mecanismos de selección de medios y el acceso a la información pública vuelven a poner en discusión el funcionamiento del área de comunicación del Gobierno de Alfredo Cornejo.

En la estructura del Gobierno provincial hay funcionarios cuya actividad tiene exposición cotidiana y otros que, pese a desempeñar funciones estratégicas, mantienen un perfil mucho más reservado.

En materia de comunicación oficial, dos nombres ocupan lugares centrales: Pablo Sarale, subsecretario de Comunicación Social, Prensa y Protocolo, y Leonardo Aballay, director de Publicidad y Medios.

Ambos tienen responsabilidades vinculadas a un área que administra recursos públicos de considerable magnitud y cuyo funcionamiento debería poder ser conocido y evaluado por cualquier ciudadano.

$4.500 millones destinados a publicidad en cuatro meses

De acuerdo con la información publicada por El Medio, basada en el informe del segundo cuatrimestre de 2026, la Administración Central de Mendoza destinó aproximadamente $4.500 millones a Publicidad y Propaganda entre mayo y agosto.

Más allá del volumen del gasto, el punto central pasa por conocer cómo se distribuyen esos fondos y cuáles son los mecanismos que determinan qué medios, empresas o proveedores reciben publicidad estatal.

¿Se aplican parámetros objetivos de audiencia y alcance? ¿Se consideran las cantidades de lectores, oyentes, televidentes o usuarios digitales? ¿Se evalúa la cobertura territorial? ¿Existen tarifas de referencia y controles sobre las campañas efectivamente difundidas?

También resulta necesario saber dónde puede consultar la ciudadanía esa información de manera directa y completa.

Son aspectos que forman parte de las responsabilidades de las áreas conducidas por Sarale y Aballay.

La cuestión de la pauta llegó a la Suprema Corte

El acceso a la información sobre publicidad oficial no es solamente una discusión periodística. También fue objeto de una controversia judicial.

En noviembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza requirió documentación vinculada con contratos de publicidad celebrados con DNY Consultores SA y MDA Consultora SA, en el marco de una Acción Procesal Administrativa originada en reclamos por el acceso a información sobre publicidad estatal.

En una primera instancia, el tribunal dispuso una audiencia para febrero de 2026, a la que fueron convocados Pablo Sarale, Leonardo Aballay y Alberto Alejandro Donadell.

Además, solicitó expedientes administrativos, contratos y resoluciones correspondientes a determinadas contrataciones realizadas entre enero de 2024 y julio de 2025.

Cabe aclarar que estas citaciones no constituyen una declaración de responsabilidad ni implican la atribución de una conducta delictiva a los funcionarios mencionados.

Posteriormente, el Gobierno cuestionó las medidas de prueba y la audiencia no se llevó adelante en los términos inicialmente previstos.

Sin embargo, el episodio dejó en evidencia que la disponibilidad de información sobre la pauta oficial constituye un asunto institucional que merece respuestas claras.

El marco legal y el acceso a la información

En esta discusión también interviene la Ley provincial 6496, sancionada en 1997, que estableció obligaciones relacionadas con la presentación periódica de informes sobre gastos de publicidad ante la Legislatura.

En 2024, la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública sostuvo que esa normativa ya no se encontraba vigente. Esa interpretación fue cuestionada y pasó a integrar la controversia judicial.

Más allá de las diferencias jurídicas, existe una cuestión básica que debería estar resuelta: conocer cómo se utilizan los recursos públicos destinados a publicidad no debería convertirse en un procedimiento complejo ni depender de reclamos particulares.

Proveedores identificados mediante números

Otro aspecto que merece atención es la forma en que se presentan los informes oficiales.

Las planillas de Publicidad y Propaganda de la Administración Central identifican parte de las erogaciones mediante números de proveedor, lo que obliga a realizar una tarea adicional para determinar qué empresa, medio o persona jurídica se encuentra detrás de cada registro.

Una presentación más accesible permitiría conocer directamente la razón social, el número de proveedor, el medio contratado, los montos abonados, las campañas correspondientes y los criterios utilizados para cada contratación.

La información pública debería estar organizada de manera que cualquier ciudadano pueda comprenderla sin necesidad de reconstruir previamente los datos.

Qué información deberían brindar las áreas responsables

El objetivo no es atribuir responsabilidades individuales sin elementos que lo justifiquen, sino conocer el funcionamiento concreto de un sistema que administra fondos de todos los mendocinos.

En ese sentido, hay cuestiones que merecen una explicación pública:

• ¿Qué criterios se utilizan para seleccionar los medios y proveedores?
• ¿Quién propone las contrataciones y quién determina los montos?
• ¿Qué funciones específicas cumplen la Subsecretaría de Comunicación Social y la Dirección de Publicidad y Medios?
• ¿Cómo se comparan las audiencias y los alcances de los distintos medios?
• ¿Existe un tarifario o una referencia de precios?
• ¿Se verifican las audiencias declaradas y la difusión efectiva de las campañas?
• ¿Dónde pueden consultarse los contratos y las resoluciones administrativas?
• ¿Cuáles fueron los diez principales receptores de publicidad oficial durante 2026 y qué montos recibió cada uno?

Son datos concretos que podrían publicarse periódicamente y contribuirían a mejorar la transparencia del sistema.

La comparación con el período anterior

Los montos registrados permiten dimensionar la importancia de esta discusión.

Durante el segundo cuatrimestre de 2025, la Administración Central destinó $5.990 millones a Publicidad y Propaganda, según el informe de la Contaduría General.

Para el mismo período de 2026, la cifra informada ronda los $4.500 millones.

En ambos casos se trata de partidas de gran volumen, cuyo seguimiento requiere información detallada y accesible.

Por eso, la transparencia no debería depender de investigaciones periodísticas, pedidos específicos de organizaciones civiles o ciudadanos que deban rastrear individualmente los números de proveedores.

Publicidad oficial: una herramienta legítima que necesita reglas claras

El Estado tiene la obligación de comunicar. Las campañas de vacunación, prevención, educación, seguridad, turismo, servicios públicos y las distintas decisiones gubernamentales requieren mecanismos de difusión.

En ese sentido, la publicidad oficial es una herramienta legítima de comunicación institucional.

La cuestión aparece cuando no existe suficiente claridad sobre los criterios que determinan la distribución de esos recursos.

La pauta representa, además, una relación económica entre el Estado y los medios de comunicación, muchos de los cuales cumplen una función esencial en el control de la actividad gubernamental.

Por esa razón, las reglas de asignación deben ser públicas, objetivas y verificables.

No hay elementos suficientes para afirmar que Pablo Sarale o Leonardo Aballay hayan utilizado personalmente la pauta para beneficiar o perjudicar determinadas líneas editoriales. Precisamente por eso, contar con mecanismos transparentes de selección y distribución resulta fundamental para evitar interpretaciones y despejar posibles cuestionamientos.

El Presupuesto 2027 y una nueva discusión sobre los informes

El debate también se proyecta sobre el proyecto de Presupuesto provincial para 2027.

Su artículo 56 propone introducir modificaciones en el régimen de información sobre Publicidad y Propaganda.

De acuerdo con el texto difundido, la Contaduría debería presentar informes trimestrales ante la Legislatura con datos como la identificación de los proveedores, los montos contratados y las campañas institucionales correspondientes.

Al mismo tiempo, la iniciativa plantea reemplazar disposiciones anteriores vinculadas a las obligaciones de información, una modificación que recibió cuestionamientos de organizaciones dedicadas al control ciudadano por sus posibles consecuencias sobre los mecanismos de transparencia vigentes.

El interrogante es concreto: ¿el nuevo esquema permitirá acceder a más información o reducirá las herramientas disponibles para conocer el destino de los fondos?

Antes de avanzar con cualquier modificación, sería importante que sus alcances y consecuencias queden debidamente explicados.

Los recursos son públicos y la información también debería serlo

La publicidad oficial no constituye un recurso particular del gobernador ni de los funcionarios encargados de administrarla. Tampoco pertenece a los medios que reciben las contrataciones.

Se trata de fondos públicos y, como tales, su utilización debe estar acompañada por información clara.

Un sistema transparente debería permitir consultar, en un mismo espacio oficial, quién recibió los recursos, cuánto cobró, qué campaña realizó, qué tarifa se aplicó, durante cuánto tiempo se difundió el contenido, cuál era el alcance del medio y qué criterios justificaron su selección.

No se trata de una exigencia extraordinaria, sino de una condición básica para garantizar el control ciudadano.

Una explicación necesaria sobre el manejo de miles de millones

Pablo Sarale y Leonardo Aballay ocupan posiciones relevantes dentro de la estructura de comunicación del Gobierno de Mendoza. Sus funciones están directamente relacionadas con un área que administra importantes partidas presupuestarias y que ya fue objeto de controversias por el acceso a la información.

Los informes oficiales muestran cifras millonarias, mientras que los criterios de distribución y los mecanismos de control continúan siendo aspectos sobre los que resulta necesario contar con mayores precisiones.

La discusión, por lo tanto, no debería limitarse al monto que el Gobierno de Alfredo Cornejo destina a publicidad. También debe contemplar quién administra esos recursos, bajo qué reglas se asignan y qué controles existen sobre su ejecución.

Publicar contratos, proveedores, tarifas, campañas, criterios de selección y resultados sería un paso concreto para responder a buena parte de estos interrogantes.

Cuando se trata de miles de millones de pesos provenientes del Estado, la transparencia no debería aparecer como respuesta a un reclamo. Debería formar parte del funcionamiento habitual de la administración pública.