El Senado bonaerense dio media sanción este jueves al proyecto para crear una empresa provincial de medicamentos, una de las iniciativas impulsadas por el gobierno de Axel Kicillof. Durante su quinta sesión del año, la Cámara también convirtió en ley una modificación del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal, mientras que la regulación de las aplicaciones de delivery quedó fuera del temario.
La agenda sanitaria tuvo un resultado dividido para el oficialismo: consiguió avanzar con el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense S.A., pero el proyecto del Sistema Integrado de Salud bonaerense (SIPBA) fue enviado a la Comisión de Presupuesto e Impuestos para continuar su discusión.
La sesión incluyó, además, cambios en el Tribunal Fiscal de Apelación, beneficios para el sur provincial e iniciativas vinculadas con salud, derechos de niños y adolescentes y capacitación de empleados públicos.
El laboratorio estatal avanzó con cuestionamientos de la oposición
El proyecto establece la creación de una sociedad en la que el Estado provincial tendrá el 99% del capital social. Su objetivo será investigar, producir y comercializar medicamentos e insumos médicos, con prioridad en el abastecimiento del sistema público de salud y de los municipios.
La iniciativa pasó a la Cámara de Diputados con el respaldo del peronismo. Votaron en contra La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Unión y Libertad y Hechos. Desde esta última bancada cuestionaron la creación de una nueva estructura y reclamaron atender primero las dificultades de los hospitales y de la obra social provincial IOMA.
“No hay que crear nuevas estructuras, primero hay que volver eficiente lo que tenemos”, sostuvo la senadora Emilia Subiza al fundamentar el rechazo de su bancada. La legisladora mencionó faltantes de insumos, problemas edilicios y deficiencias presupuestarias en hospitales bonaerenses, y cuestionó la situación de IOMA por los copagos y las demoras en los pagos a prestadores.
Por su parte, el presidente del bloque, Marcelo Leguizamón, recordó que el proyecto había ingresado en 2024 y sostuvo que podían modificarse los procedimientos administrativos existentes para mejorar las compras. “Hay muchos anuncios, más estructuras y muy poca gestión”, afirmó el legislador.
El SIPBA volvió a comisiones y no se trató la “ley Rappi”
El oficialismo no consiguió avanzar con el mismo resultado sobre el Sistema Integrado de Salud bonaerense, que fue derivado a la Comisión de Presupuesto e Impuestos, presidida por Valeria Arata.
Uno de los puntos cuestionados fue el artículo 43, que planteaba equiparar los salarios de la carrera hospitalaria municipal con los provinciales. La discusión se concentró en cómo financiarían los municipios esa modificación.
También quedó fuera del tratamiento la iniciativa para regular las aplicaciones de reparto, conocida como “ley Rappi”. De esa manera, el proyecto no avanzó durante esta sesión.
Los cambios en el fondo municipal y las otras leyes aprobadas
Uno de los acuerdos de la jornada permitió convertir en ley una modificación de la Ley N.º 15.561, que regula el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal.
El cambio habilita la libre disponibilidad de la primera cuota del fondo, al eliminar las restricciones que obligaban a destinar parte de esos recursos a programas provinciales específicos. Así, los intendentes podrán utilizar esas partidas para afrontar necesidades como salarios, aguinaldos y gastos de funcionamiento.
La definición sobre las condiciones de las cuotas restantes quedó en manos de la comisión bicameral de seguimiento. Diputados ya designó a sus representantes, mientras que el Senado todavía debe completar esa integración.
La Cámara también dio sanción definitiva a la reforma del Tribunal Fiscal de Apelación, orientada a agilizar la resolución de controversias tributarias con ARBA, y a la actualización del régimen de beneficios e incentivos fiscales para el Área Patagónica y la Zona Austral Desfavorable, impulsada por Alejandro Dichiara.
Otra de las leyes aprobadas, presentada por Lucía Iañez, garantiza el derecho a la comunicación y el resguardo de los vínculos afectivos de niños y adolescentes alojados en hogares o familias de acogida.
Además, el Senado aprobó por unanimidad la adhesión a la Ley Nacional N.º 27.671, mediante una iniciativa de Alejandra Lordén, para establecer la capacitación obligatoria, periódica y permanente sobre la Cuestión Malvinas en la función pública bonaerense.
El tramo final estuvo atravesado por declaraciones del oficialismo contra medidas del Gobierno nacional, entre ellas el proyecto de modernización laboral, el cierre de la Estación Sud de Bahía Blanca y la eliminación del programa Volver al Trabajo. También hubo expresiones de preocupación por conflictos laborales en empresas textiles y avícolas de la provincia.
