La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió sobre el deterioro de la libertad de prensa en la Argentina y puso el foco en dos cuestiones centrales: los ataques del presidente Javier Milei contra periodistas y un proyecto impulsado por el Gobierno que propone sancionar penalmente la “desinformación masiva” y la “manipulación de la opinión pública”.
En el Informe de Libertad de Prensa de su 82ª Asamblea General, que terminó este domingo en Bogotá, Colombia, la organización señaló que en la Argentina persisten las descalificaciones oficiales y cuestionó la iniciativa del Poder Ejecutivo por las penas de prisión que contempla y “la riesgosa ambigüedad en sus términos”.
El pronunciamiento coincide con una nueva escalada de los ataques de Milei contra periodistas argentinos y españoles. El viernes, después de que la Justicia lo sobreseyera junto con su hermana Karina Milei en la causa $LIBRA, el Presidente apuntó contra cinco periodistas que cubrieron la investigación y los calificó de “hijos de puta”, “ensobrados” y “corruptos”. Durante una cena de la Fundación Faro, afirmó que “los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.
Milei mencionó expresamente a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, a quienes cuestionó por sus publicaciones sobre la criptomoneda que promocionó en febrero de 2025. El mandatario sostuvo que la causa fue una “operación política y mediática” con “fines golpistas”. Los ataques se sumaron a los que protagonizó durante su reciente visita a España, donde insultó a periodistas que le hicieron preguntas sobre su gestión y sus posiciones políticas. Allí descalificó a Clarín y a su corresponsal.
En su presentación ante la Asamblea General, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, advirtió que la libertad de prensa en las Américas atraviesa un período de “grave deterioro institucional”.
“En Argentina, por ejemplo, el informe documenta la intensificación de los ataques del presidente Javier Milei contra periodistas y directivos de medios”, afirmó Ramos, quien también es directora editorial de la Organización Editorial Mexicana. Y advirtió sobre el efecto de las descalificaciones desde el poder: “Cuando una autoridad estigmatiza públicamente a un periodista, busca debilitar su credibilidad y enviar un mensaje de advertencia a quienes se atreven a cuestionarla”.
La directiva mexicana de la SIP también alertó sobre las iniciativas legislativas que buscan castigar la supuesta desinformación, porque amenazan con ampliar la capacidad del Estado para perseguir a quienes investigan.
Restricciones a la prensa
El Informe de la SIP sobre la Argentina destacó que las tensiones entre el poder político y la prensa se mantuvieron durante el período analizado, entre abril y octubre de 2026. Uno de los aspectos que generó mayor preocupación fue “la persistencia de los agravios contra periodistas por parte del presidente Javier Milei”.
La organización registró la intensidad de esos ataques en las redes sociales. Solamente en una semana, entre el 17 y el 23 de agosto, la cuenta del Presidente republicó 335 mensajes contra la prensa, publicó otros 26 mensajes propios y sumó 21 alusiones despectivas al periodismo en intervenciones públicas. En ese período, fueron señalados por su nombre 16 periodistas y cuestionadas nueve empresas periodísticas.
El documento también mencionó una exposición de Milei sobre ética e inteligencia artificial ante alumnos de la Escuela ORT de Buenos Aires, en la que alentó manifestaciones de hostilidad hacia periodistas e incitó a que fueran “abucheados” por los estudiantes. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) consideró especialmente “alarmante” que el episodio ocurriera ante adolescentes y dentro de un establecimiento educativo.
Otro de los puntos centrales del informe es el proyecto de Ley que presentó el Gobierno en el Congreso, de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla penas de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento extranjero, realicen actividades destinadas a “alterar procesos electorales” o “manipular la opinión pública” mediante campañas coordinadas de “desinformación masiva”.
ADEPA advirtió que “la indeterminación de esas expresiones podría generar efectos inhibitorios sobre periodistas y medios”.
En agosto, el ministro de Economía, Luis Caputo, reclamó que la Justicia actuara ante una publicación periodística que consideraba falsa y planteó la necesidad de una ley para castigar ese tipo de conductas. Milei respaldó posteriormente ese planteo.
El relevamiento también consignó nuevos agravios presidenciales durante septiembre y octubre. El 30 de septiembre, Milei calificó a la periodista Maru Duffard de “zurda inmunda”, “basura corrupta” y “basura inmunda”, en respuesta a sus comentarios sobre una eventual candidatura de Cristina Kirchner. Al día siguiente, llamó al director de La Nación, Fernán Saguier, “jefe de la banda de los sicarios de la pluma”, tras la publicación de un editorial sobre las asignaciones vitalicias de los expresidentes. La SIP aclaró que el texto planteaba una discusión general y no se refería específicamente a Milei.
El informe de la SIP también registró restricciones al acceso a fuentes oficiales. Durante el período analizado continuaron las controversias por las limitaciones al ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada y se denunciaron restricciones en la Cámara de Diputados y el Ministerio de Economía.
En el frente judicial, la SIP consignó medidas que afectaron a periodistas que investigaban asuntos relacionados con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El juez Walter Federico Saettone, de Pilar, dictó medidas cautelares a partir de una denuncia del presidente de la AFA, Claudio Tapia. Las restricciones incluían prohibiciones de contacto y difusión de información. La Cámara de Apelación de San Isidro revocó las medidas que afectaban a los periodistas Nicolás Pizzi, Federico Teijeiro, Bruno Yacono, Luis Gasulla y Mariano Roa.
El relevamiento también registró decisiones judiciales favorables a la libertad de prensa. Entre ellas, el sobreseimiento definitivo del periodista Daniel Santoro en una causa vinculada con el condenado Marcelo D’Alessio, el rechazo a un pedido para desindexar publicaciones sobre denuncias contra un director teatral posteriormente absuelto y la restitución de las cuentas digitales del periodista Alejandro Pueblas.
Otro de los temas incluidos en el informe argentino fue el impacto de la inteligencia artificial sobre la sustentabilidad de las empresas periodísticas. ADEPA advirtió sobre el uso de contenidos protegidos para entrenar modelos de IA y alimentar sistemas de búsqueda sin autorización ni compensación adecuada.
La entidad vinculó la protección de la propiedad intelectual con la posibilidad de sostener redacciones profesionales y reclamó condiciones de competencia equilibradas entre los medios y las plataformas tecnológicas.
Informe de Libertad de Prensa y Conclusiones
Junto con los informes de cada país, la SIP difundió sus informes de Libertad de Prensa y las Conclusiones para toda la región, donde señaló que la libertad de prensa atraviesa una situación crítica en las Américas.
El diagnóstico argentino formó parte de un panorama regional que la SIP describió como de “grave deterioro institucional”. En su discurso ante la Asamblea, Martha Ramos sostuvo que la violencia contra periodistas convive cada vez más con mecanismos de censura política, judicial, económica y digital.
La organización señaló nueve asesinatos de periodistas en México, Colombia, Guatemala, Perú y Haití, además de demandas millonarias, restricciones informativas y presiones judiciales en distintos países.
En Nicaragua, más de 300 periodistas y trabajadores de medios se exiliaron desde 2018. En El Salvador al menos 40 periodistas debieron abandonar el país. “Cuba intensificó las detenciones y los procesos penales contra periodistas independientes”; mientras que en Venezuela, “pese a liberaciones y a un levantamiento parcial de bloqueos, persisten la censura digital y las estructuras de control sobre la información”.
Como parte de sus recomendaciones, la SIP reclamó investigaciones eficaces sobre los crímenes contra periodistas, mecanismos para frenar las demandas abusivas, protección de las fuentes de información y una asignación transparente de la publicidad oficial. También pidió que los gobernantes cesen la estigmatización y que los Estados garanticen condiciones para ejercer el periodismo sin represalias.
Daniel Dessein, director de La Gaceta de Tucumán y presidente de ADEPA leyó las Conclusiones de la Asamblea, que en el caso argentino pusieron el acento en los ataques desde el Gobierno de Milei y en un proyecto de ley del oficialismo que podría habilitar sanciones penales contra periodistas y medios.
“En Argentina persisten las descalificaciones oficiales y el Gobierno presentó un proyecto, con penas de prisión y con una riesgosa ambigüedad en sus términos, para sancionar la ‘desinformación masiva’ y la ‘manipulación de la opinión pública'”, advirtió Dessein en la Asamblea de la SIP.
Y concluyó: “Estas son señales que recuerdan que la defensa de la libertad de prensa exige instituciones activas, garantías efectivas y una sociedad comprometida con el derecho ciudadano a estar informado”.
