En medio de una profunda crisis presupuestaria y con el conflicto laboral al rojo vivo, el Concejo Deliberante de Guaymallén aprobó por unanimidad la ordenanza que dispone una rebaja del 10% en la dieta del intendente Marcos Calvente, de los funcionarios fuera de escala y de los propios concejales. Sin embargo, la sesión estuvo marcada por el hermetismo y la falta de discusión política en el recinto: “Fue un voto vergüenza“, revelaron fuentes del Concejo a El Sol luego de una sesión que tuvo momentos de tensión.
El proyecto aprobado modifica la Ordenanza N.º 10.297 y establece que la remuneración del jefe comunal pasará a ser equivalente al 85% del sueldo del gobernador de Mendoza, reemplazando el 95% que regía hasta la fecha. La reducción salarial comenzará a aplicarse a partir de los haberes correspondientes al mes de octubre de 2026 y tendrá una incidencia directa y proporcional en toda la estructura salarial del personal jerárquico y autoridades del municipio.
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Un destino de fondos incierto y el malestar gremial
A pesar de la aprobación unánime de todas las bancadas, la tramitación de la norma dejó dudas internas. Según pudo averiguar este diario, durante el trabajo en comisiones existió un breve intercambio sobre qué destino tendrán los fondos ahorrados con esta quita del 10%. La incertidumbre responde a que en ningún tramo del articulado de la ordenanza se aclara específicamente que esos recursos vayan a ser reasignados a sostener las partidas de personal o a amortiguar la crisis salarial de los trabajadores.
Por su parte, la respuesta de los representantes sindicales no tardó en llegar. Desde el gremio municipal aseguraron que esperaban un “mayor gesto” por parte de los ediles y del Ejecutivo comunal, considerando el severo impacto económico que viene de sufrir la planta de empleados.
El trasfondo del conflicto salarial
La medida adoptada por el cuerpo deliberativo busca calmar las aguas tras el colapso de la última ronda de paritarias. La negociación naufragó no solo por la ausencia de aumentos salariales, sino por la eliminación del adicional Compensación y Estímulo, una quita que significó un recorte neto de aproximadamente $325.000 en el haber mensual de cada trabajador.
El recorte dispuesto por la gestión de Calvente afectaba de manera directa a cerca de 3.500 empleados. Tras el rechazo rotundo del gremio y el inicio de protestas en el departamento, el Ejecutivo aceptó la semana pasada mantener el beneficio de manera excepcional a 500 agentes con ingresos inferiores a $1.200.000. Sin embargo, la decisión dejó sin el adicional a unos 3.000 trabajadores, lo que terminó por detonar las medidas de fuerza y la posterior intervención de la Subsecretaría de Trabajo mediante la conciliación obligatoria.
