La Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción al proyecto impulsado por el Gobierno provincial para modificar el régimen disciplinario de los empleados públicos.
La propuesta contó con 33 votos a favor (Cambia Mendoza, La Libertad Avanza) y el PRO, y 10 en contra (Peronismo, Fuerza Patria, La Unión Mendocina y el Frente Renovador).
La iniciativa busca acelerar las investigaciones administrativas, reforzar los controles sobre el ausentismo y simplificar los procedimientos que pueden derivar en sanciones, incluidas las cesantías.
La propuesta reemplaza el anexo de la Ley 9.103, que actualmente contiene 39 artículos, por un nuevo régimen de 56 artículos. Entre los principales cambios figuran un procedimiento especial para determinados despidos, la creación de responsables de presentismo en cada repartición, la posibilidad de realizar notificaciones digitales y audiencias virtuales, y nuevas facultades para la Oficina General de Sumarios (OGS).
El proyecto establece que algunas causales de cesantía podrán tramitarse mediante un procedimiento especial, sin necesidad de abrir un sumario ordinario completo.
Esto alcanzaría a los agentes con más de seis inasistencias injustificadas en seis meses, a quienes incurran en abandono de servicio bajo las condiciones previstas en la norma y a quienes acumulen 30 o más días de suspensión firme en un período de 12 meses.
En esos casos, el trabajador contará con diez días hábiles para presentar su descargo y ofrecer pruebas.
Los principales cambios del régimen disciplinario
Uno de los ejes de la reforma es el control de la asistencia. El proyecto crea la figura del Responsable Administrativo de Presentismo (RAP) en cada repartición, encargado de mantener actualizados los registros y reportar situaciones que puedan derivar en sanciones.
A su vez, la Dirección Provincial de Recursos Humanos podrá realizar auditorías e iniciar actuaciones vinculadas con el ausentismo.
La iniciativa también modifica el funcionamiento de la Oficina General de Sumarios, que tendrá autonomía técnica y funcional y podrá iniciar investigaciones de oficio ante posibles irregularidades.
Sin embargo, las faltas leves, que pueden derivar en apercibimientos o suspensiones de hasta cinco días, serán investigadas y resueltas directamente por la repartición donde trabaja el agente.
Otro cambio está relacionado con la digitalización de los procedimientos. Las notificaciones podrán realizarse mediante Mendoza por Mí, correo electrónico y aplicaciones de mensajería como WhatsApp, siempre que permitan acreditar el envío, la recepción y el contenido de las comunicaciones.
También se habilitarán audiencias virtuales grabadas e incorporadas al expediente digital. La propuesta, además, establece plazos para las investigaciones y prevé consecuencias para las demoras en los dictámenes de las juntas de disciplina. El objetivo oficial es reducir los tiempos de tramitación y evitar que los expedientes permanezcan paralizados.
La crítica de la oposición
El presidente del bloque del peronismo en Diputados, Germán Gómez, cuestionó el proyecto y advirtió que algunos de sus artículos podrían vulnerar garantías constitucionales.
Sus principales críticas apuntaron a los artículos 12 y 13, en particular por la posibilidad de que una misma repartición investigue y resuelva determinadas faltas disciplinarias.
“El mismo que va a armar el sumario es el mismo que va a decidir si la sanción existe o no existe”, sostuvo el legislador. Para Gómez, esa concentración de funciones afecta la imparcialidad del procedimiento y representa un retroceso frente al sistema vigente, en el que la instrucción y la decisión están separadas.
El diputado también puso en duda la capacidad operativa de las dependencias estatales para asumir esas tareas, debido a la falta de personal. En ese contexto, alertó sobre posibles decisiones arbitrarias y resumió su preocupación con una advertencia: “¿A qué va a llevar a esto? Posiblemente a persecuciones políticas”.
Gómez remarcó que las inasistencias son una de las faltas más frecuentes en la administración pública y consideró que cualquier sanción debe respetar el debido proceso y el derecho de defensa de los trabajadores.
Por su parte, el legislador del kirchnerismo Lucas Ilardo cuestionó el proyecto y aseguró que se debió a invitar a los trabajadores estatales para debatir la propuesta.
“Estamos legislando sobre los trabajadores y no los invitaron a participar. Estamos debatiendo sobre un proyecto que debía haberse discutido en el ámbito paritario“, lanzó Ilardo.
