La iniciativa tiene un eje central por parte del Poder Ejecutivo, que sostiene la importancia de contar con una residencia nueva acorde a las necesidades actuales de los adultos mayores, con mayor cantidad de plazas (el doble de la que tienen actualmente), espacios de rehabilitación, consultorios médicos, farmacia, SUM y espacios verdes propios.
Dicho objetivo podría concretarse por el hecho de que la zona donde está ubicado el hogar es altamente codiciada por las principales empresas inmobiliarias que operan en Mendoza: la calle Boulogne Sur Mer, a metros del lago del Parque General San Martín.
La similitud con el Círculo Policial
Esa zona ha tenido un crecimiento exponencial de torres de edificios altamente valuados en la provincia. Como ejemplo vivo y concreto está la operación que se está realizando actualmente con las instalaciones del Círculo Policial, ubicadas a metros del Santa Marta. La asociación pactó una permuta con la empresa constructora Cioffi, a cambio de un terreno con nuevas instalaciones deportivas y sociales en la calle Alsina al 2600 de Godoy Cruz.
Este aspecto es quizás el que genera más interrogantes para algunos sectores de la oposición. Los más detractores del proyecto entienden que no debería pensarse principalmente en la venta de inmuebles estatales solo por el hecho del valor inmobiliario. Otros tienen dudas, pero creen que la idea podría llegar a ser potable, pero con una licitación transparente teniendo en cuenta la “ganancia” de tener un establecimiento más grande y de mejor calidad.
El propio Gobierno ha reconocido que se trata de un inmueble de un valor importante por su ubicación, aunque todavía ha dicho que no cuenta con una valuación oficial que determine cuánto representa económicamente, pese a que de manera extraoficial se habla de por lo menos unos US$ 2 millones.
“Sabemos que es un valor grande por la ubicación que tiene y por referencia de inmuebles cercanos”, reconoció Lucas Luppo, director de Adultos Mayores del Gobierno provincial a MDZ Radio (al programa Digamos Todo).
La definición es clave porque el proyecto contempla que ese terreno pueda ser utilizado para obtener, mediante una licitación, una nueva residencia. La operación podría concretarse mediante un pago, una permuta por un edificio ya construido o por construir, e incluso podría existir una diferencia económica a favor o en contra de la Provincia, tal como marca el proyecto de ley.
El hogar y el “nuevo” hogar
El Gobierno sostiene que el Santa Marta actualmente funciona y que no existe una situación de emergencia que obligue a trasladar a sus residentes.
“El hogar Santa Marta edilicia y funcionalmente está en condiciones. Si ustedes me preguntan en las condiciones en las que me gustaría que esté en el 2026, les digo que no, no son las condiciones óptimas; pero está funcionando”, explicó Luppo.
Actualmente hay 65 plazas operativas. La intención oficial es duplicar esa capacidad y construir una residencia adaptada a personas con dependencia física o psíquica media o alta.
Según Luppo, las características de la residencia que se pretende construir requieren una infraestructura que no puede desarrollarse dentro del actual predio.
“Esas instalaciones que se proyectan no se pueden hacer en ese predio de 5.000 m² que actualmente posee el hogar”, afirmó, sobre los mencionados espacios de rehabilitación, consultorios médicos, farmacia, SUM y espacios verdes internos.
La ubicación frente al Parque General San Martín
Respecto a la ubicación del hogar Santa Marta, para Luppo, la cercanía con el Parque General San Martín no es determinante debido al perfil de los residentes que tiene la institución. De hecho, sostuvo que actualmente “son muy pocos y cada vez van a ser menos los adultos que puedan salir y ser autoválidos para disfrutar los espacios verdes del Parque San Martín”, explicó.
En ese sentido, señaló que la nueva residencia tendrá sus propios espacios verdes y estará diseñada para personas con demencia, movilidad reducida, que utilizan silla de ruedas o que permanecen postradas.
La futura residencia, además, no se proyecta fuera del Gran Mendoza. Según explicó el funcionario, podrá ubicarse en Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras o Luján de Cuyo pero no en una zona más alejada.
Ante la consulta sobre una posible estimación, Luppo reconoció que todavía no existe un valor exacto. El Gobierno sí tiene referencias de propiedades cercanas y considera que se trata de un terreno de “valor grande”, pero la valuación será parte del proceso posterior.
La falta de una cifra genera a priori algunas dudas entre dirigentes de la oposición, que consideran necesario conocer con mayor precisión qué recibe la Provincia a cambio del predio.
El diputado Germán Gómez señaló a MDZ que el proyecto todavía está “en estudio” y que no existe una posición definida, aunque reconoció que hay “muchas dudas”.
Desde el kirchnerismo, indicaron que el proyecto “no está del todo claro” y que esperan las explicaciones del ministro de Salud, Rodolfo Montero. “En principio no estamos de acuerdo. La ley no dice nada, esperamos que nos den precisiones respecto a qué se quiere construir, en donde y en qué circunstancias”, sostuvieron.
El diputado Jorge Difonso, de La Unión Mendocina, por su parte vinculó la discusión con el uso de terrenos públicos y el desarrollo de emprendimientos privados. “En Mendoza, ya es preocupante la voracidad en conjunto del sector privado, con connivencia o complacencia del sector público, que le brinda lugares públicos para que avancen con emprendimientos privados”, afirmó a este medio.
Y agregó: “Hay que poner un freno a esta voracidad. No se puede hacer negocios, torres de departamentos, con los espacios públicos y los ancianos”.
El proyecto de ley
El proyecto que ingresó a la Legislatura propone desafectar el terreno del dominio público provincial para habilitar la operación. La idea oficial es establecer las características que deberá tener la nueva residencia y luego convocar a una licitación ante las empresas.
Según explicó Luppo, la comisión valuadora no solamente se tendrá en cuenta el “aspecto económico”, sino también “las características sanitarias y sociales de cada proyecto”.
El funcionario explicó que existen tres alternativas: que la Provincia reciba un pago y eventualmente deba aportar una diferencia; que se concrete una permuta directa por un edificio ya construido; o que el privado construya una nueva residencia de acuerdo con los requerimientos establecidos por el Ministerio de Salud.
Como dato anexo, remarcó que aunque el actual terreno sería desafectado del dominio público, la nueva residencia que se construya “pasará nuevamente a formar parte del dominio público provincial”.
