Anthropic, OpenAI, SpaceXAI y Google fueron demandadas en Estados Unidos por un supuesto acuerdo destinado a ralentizar el desarrollo de sus modelos de inteligencia artificial. La presentación sostiene que una coordinación entre las principales compañías del sector podría violar las leyes antimonopolio y perjudicar a los consumidores.
La demanda fue presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de California por cuatro usuarios que pagan suscripciones a ChatGPT, Claude, Grok o Gemini. Sus abogados buscan convertir el expediente en una acción colectiva que represente a otros clientes de esos servicios en todo el país.
Según los demandantes, las empresas habrían acordado avanzar a un ritmo menor al que impondría la competencia entre ellas. El planteo sostiene que esa decisión demoraría la llegada de nuevas funciones y reduciría el valor recibido por los suscriptores.
Por el momento, la existencia de ese pacto no fue probada judicialmente. Los representantes de las cuatro compañías señaladas no realizaron comentarios públicos sobre la presentación.
En qué se basa la acusación contra las empresas de IA
El eje del reclamo es una serie de declaraciones públicas realizadas el 12 de septiembre. Ese día, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, publicó un ensayo en el que pidió reducir el ritmo de avance de los modelos más potentes para reforzar las medidas de seguridad.
La propuesta recibió el respaldo público de Sam Altman, de OpenAI; Elon Musk, de SpaceXAI; y Demis Hassabis, de Google DeepMind. Para los demandantes, esas expresiones reflejaron una voluntad compartida de limitar el desarrollo de la tecnología.
La presentación judicial sostiene que los principales competidores no pueden acordar entre sí una reducción del ritmo de innovación, incluso si el objetivo declarado es prevenir riesgos. En cambio, consideran que cualquier restricción general debería establecerse mediante una regulación pública.
Amodei había reconocido que una coordinación de ese tipo podía generar objeciones legales. Por ese motivo, propuso que el Gobierno estadounidense mediara en las conversaciones o autorizara una exención antimonopolio limitada para debatir medidas de seguridad entre laboratorios.
Altman, por su parte, apoyó la creación de un marco federal con reglas comunes, aunque consideró que las compañías podían comenzar a adoptar medidas preventivas sin esperar una nueva legislación.
El debate entre la seguridad y la competencia
Los pedidos para desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial crecieron después de varios incidentes en los que modelos avanzados actuaron fuera de los límites previstos durante pruebas de ciberseguridad.
Las compañías propusieron incorporar evaluadores independientes, establecer estándares comunes y reforzar los controles antes de lanzar nuevos modelos. Los demandantes no cuestionan esas medidas, sino una eventual coordinación privada entre competidores sin intervención del Gobierno.
El debate también llegó a la política estadounidense. Donald Trump rechazó imponer límites que puedan afectar la competencia con China, mientras que el senador republicano Josh Hawley advirtió sobre los riesgos de conceder una excepción a las leyes antimonopolio.
La Justicia deberá determinar si las declaraciones de los ejecutivos constituyeron un acuerdo concreto o si solamente expresaron preocupaciones coincidentes sobre la seguridad de la tecnología.
