La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) presentó su informe semestral de Libertad de Prensa, en el que planteó dos fenómenos que considera centrales para el futuro de la prensa: los ataques y la descalificación desde posiciones de poder y la utilización de contenidos periodísticos sin reconocimiento ni compensación por parte de los sistemas de Inteligencia Artificial.
La entidad relacionó ambos fenómenos como dos caras de un proceso más amplio, que es la pérdida de valor de la información profesional y de las condiciones que permiten producirla y discutirla democráticamente.
El Informe fue leído por Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, este viernes al mediodía, en la 64ª Asamblea General de ADEPA, que se realiza en San Miguel de Tucumán.
Allí, la entidad sostuvo que “la crítica al periodismo es legítima y necesaria”. Pero advirtió que “el agravio y la estigmatización, especialmente cuando provienen de quienes ejercen altas responsabilidades públicas, deterioran el debate democrático y pueden generar un efecto contagio sobre el conjunto de la sociedad”.
El informe también planteó que la transformación tecnológica y la Inteligencia Artificial representan un desafío estructural para el futuro del periodismo. ADEPA cuestionó en particular el uso de contenidos protegidos para entrenar modelos de lenguaje y alimentar algoritmos de búsqueda sin la debida compensación a sus creadores.
“La protección de la propiedad intelectual no es un obstáculo negociable, sino un pilar fundamental para la supervivencia del ecosistema mediático”, sostuvo el documento. Y agregó que las nuevas reglas del entorno digital deben reconocer el valor del trabajo intelectual de quienes producen información verificable.
ADEPA vinculó esta discusión con la sustentabilidad económica de los medios. Señaló que las grandes plataformas concentran buena parte de los recursos del mercado publicitario y aseguró que la viabilidad de un periodismo independiente requiere un “ecosistema competitivo y transparente”, sin distorsiones derivadas de posiciones dominantes.
La entidad reafirmó el papel del periodismo frente a la expansión de la desinformación, la polarización y los contenidos de impacto. En ese contexto, es “irremplazable” la tarea periodística de verificar los hechos, investigar, contextualizar, ofrecer una mirada editorial independiente y construir confianza.
Un dato que destacaron los asistentes a la Asamblea de ADEPA fue que el secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno, Fabián Fernández, participó el jueves en distintas reuniones en Tucumán, conversó con editores y directivos de medios de todo el país y visitó las instalaciones del diario La Gaceta de Tucumán.
Los agravios a la prensa
El Informe de ADEPA registró un volumen significativo de mensajes contra periodistas y medios difundidos en redes sociales. Solo en una semana, entre el 17 y el 23 de agosto, la cuenta del presidente Javier Milei republicó 335 mensajes contra la prensa. A eso sumó 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas al periodismo en intervenciones públicas. En esos días fueron señalados por su nombre al menos 16 periodistas y cuestionadas nueve empresas de comunicación.
El informe recopiló expresiones como “periodistas corruptos”, “mentirosos”, “ensobrados”, “sicarios del micrófono” y “simios con micrófono”. También registró la reiteración de la frase “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.
ADEPA aclaró que los medios y periodistas pueden equivocarse y que deben rendir cuentas ante sus audiencias y ante la ley. “La libertad de prensa no incluye un derecho a no ser criticado”, sostuvo. Pero marcó una diferencia entre responder, debatir o refutar una información, y promover la degradación personal de quienes la producen.
“Cuando el insulto proviene de la máxima autoridad estatal, y se repite sistemáticamente, la asimetría de poder entre quien agrede y quien es agredido transforma el episodio en un problema que excede ampliamente una disputa entre individuos”, señaló el informe.
El documento también se refirió a un episodio ocurrido el 25 de agosto, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, reaccionó contra una publicación periodística que consideró falsa y planteó que “la Justicia debería actuar” y que hacía falta “una ley que castigue este tipo de conductas”. ADEPA señaló que los funcionarios tienen derecho a negar una información, cuestionarla, aportar pruebas, pedir una rectificación y recurrir a mecanismos judiciales.
La entidad diferenció esas herramientas, de la propuesta de una ley para “castigar” publicaciones periodísticas consideradas falsas por las propias autoridades. Advirtió que una norma de ese tipo puede otorgar a los funcionarios un poder incompatible con los estándares democráticos de libertad de expresión y producir un efecto inhibitorio sobre las investigaciones y la difusión de información de interés público.
El informe también cuestionó un episodio ocurrido pocos días después, cuando el Presidente de la Nación, durante una exposición ante alumnos de la Escuela ORT de Buenos Aires, alentó manifestaciones de hostilidad hacia los periodistas. ADEPA consideró especialmente significativo el hecho por haberse producido ante adolescentes y en un establecimiento educativo, con la investidura presidencial comprometida.
Las restricciones al acceso a las fuentes
Otro de los ejes del informe fue el acceso de los periodistas a fuentes oficiales. ADEPA recordó su preocupación, expresada en abril, por las limitaciones que enfrentan los periodistas acreditados para ingresar a la Casa Rosada y señaló que también se registraron restricciones similares en la Cámara de Diputados y el Ministerio de Economía. Semanas después, la entidad expresó su “máxima preocupación” ante una restricción general al ingreso de periodistas acreditados a la Casa de Gobierno.
El informe sostuvo que el acceso físico de los periodistas a los lugares donde se produce la información no constituye un privilegio corporativo. Lo consideró una condición para preguntar, observar, contrastar versiones, acceder a distintas fuentes y producir información propia.
ADEPA cuestionó que ese contacto fuera reemplazado por comunicaciones oficiales, transmisiones institucionales o contenidos producidos por los propios organismos. A su criterio, esa modalidad empobrece la información y limita la posibilidad de realizar un trabajo periodístico independiente.
El informe también mencionó una resolución del Ministerio Público de San Juan que establece restricciones para el contacto de sus funcionarios con periodistas y concentra las consultas en una única autoridad. ADEPA advirtió que ese mecanismo puede generar un “claro efecto inhibitorio” sobre fuentes y periodistas y conducir a un “monopolio oficial de la información”.
La disputa por los contenidos y la Inteligencia Artificial
El capítulo sobre Inteligencia Artificial ocupó un lugar central en el Informe de Libertad de Prensa. ADEPA cuestionó el uso indiscriminado de contenidos protegidos para entrenar modelos de lenguaje y alimentar algoritmos de búsqueda sin reconocimiento ni compensación para quienes producen esa información.
La entidad sostuvo que la protección de la propiedad intelectual constituye una condición para la supervivencia de los medios y reclamó nuevas reglas para el entorno digital. En particular, planteó la necesidad de reconocer el valor económico del trabajo intelectual de las empresas periodísticas y sus profesionales.
El informe también vinculó este proceso con la sustentabilidad de las redacciones. ADEPA afirmó que, en un mercado publicitario fragmentado donde las grandes plataformas concentran buena parte de los recursos, la existencia de medios sostenibles, redacciones sólidas y voces locales resulta necesaria para mantener un ecosistema informativo plural.
Por eso, la entidad reclamó reglas que permitan preservar un “ecosistema competitivo y transparente”. Y sostuvo que defender la libertad de prensa implica también garantizar las condiciones económicas para producir información profesional.
Los fallos sobre libertad de prensa
El informe repasó además una serie de decisiones judiciales registradas durante el semestre. Entre ellas, mencionó un fallo de la Cámara de Apelación de San Isidro que, en el caso que involucró a las autoridades de la AFA, Claudio Tapia y Pablo Toviggino, revocó prohibiciones de contacto y difusión impuestas a periodistas. ADEPA sostuvo que esas medidas podían constituir restricciones profesionales indeterminadas y potencialmente censuradoras.
También destacó el sobreseimiento definitivo del periodista Daniel Santoro en la causa vinculada con Marcelo D’Alessio, en un pronunciamiento que reafirmó la protección de la prensa y el secreto de las fuentes.
El informe incluyó además una decisión de la Cámara Civil y Comercial Federal que rechazó la desindexación de publicaciones sobre denuncias de abuso sexual contra un director teatral posteriormente absuelto, al considerar que la medida podía constituir censura.
Finalmente, ADEPA valoró la restitución provisoria de las cuentas digitales del periodista Alejandro Pueblas, con el reconocimiento de las redes sociales como herramientas esenciales para informar y contactar fuentes.
Un ecosistema plural
En su conclusión, ADEPA sostuvo que los distintos episodios analizados tenían protagonistas y características diferentes, pero que, considerados en conjunto, permiten advertir una tendencia que merece atención.
La entidad señaló que las democracias contemporáneas enfrentan un escenario de polarización, fragmentación de las audiencias y pérdida de referencias compartidas. En ese contexto, reconoció que las redes sociales amplían la capacidad de ciudadanos y funcionarios para cuestionar rápidamente la información periodística y exponer sus errores, algo que puede contribuir a la rendición de cuentas de los propios medios.
Pero advirtió que “la democratización de la crítica no debe confundirse con la legitimación del hostigamiento”.
ADEPA sostuvo que no corresponde pedir silencio a los funcionarios, sino que estos ejerzan su derecho a expresarse dentro de las reglas y responsabilidades del sistema republicano. Del mismo modo, señaló que el periodismo no puede reivindicar una condición de infalibilidad. Los medios deben corregir errores, transparentar sus procedimientos, escuchar a sus audiencias y asumir las consecuencias establecidas por las leyes cuando vulneraran derechos de terceros.
“Pero la respuesta frente a los errores del periodismo no puede ser una verdad oficial, una ley destinada a castigar publicaciones, la restricción del acceso a las fuentes, la judicialización preventiva de investigaciones ni la inducción al desprecio social hacia quienes informan”, afirmó la entidad.
El informe concluyó que preservar un ecosistema plural exige responsabilidades de todos. A los medios les reclamó profesionalismo, rigor y transparencia. A los poderes públicos, tolerancia frente a la crítica y respeto por el papel institucional de la prensa. A la Justicia, especial prudencia ante cualquier medida capaz de producir censura previa o autocensura.
En definitiva, el informe vincula directamente el deterioro del debate público con la apropiación indiscriminada de contenidos por parte de los sistemas de Inteligencia Artificial: ambos fenómenos implican una pérdida de valor de la información profesional y de las condiciones que permiten producirla y discutirla democráticamente.
“Defender la libertad de prensa exige, por lo tanto, proteger tanto la palabra de quienes informan como el valor de aquello que producen”, concluyó ADEPA.
