El Senado convirtió en ley este martes el acuerdo alcanzado entre la Provincia y el Gobierno nacional para compensar las obligaciones que ambas jurisdicciones mantienen entre sí. El resultado financiero es concreto: tras computar los créditos reconocidos por Nación, Mendoza deberá afrontar un saldo de $212.153 millones, con pagos que se extenderán hasta 2027.
El proyecto fue aprobado por 25 votos a favor y 11 en contra y ratifica el Decreto 1691, firmado el 18 de agosto. Con la sanción definitiva, el convenio quedó en condiciones de ser promulgado por el Poder Ejecutivo.
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La cifra surge de una deuda provincial con Nación que ascendía a $333.434 millones. En el marco del acuerdo, el Estado nacional reconoció $121.282 millones a favor de Mendoza por distintos conceptos, entre ellos obras viales, fondos vinculados al Consenso Fiscal y trabajos de vivienda. La compensación entre ambas partes deja así un saldo que la Provincia deberá pagar.
Cómo pagará Mendoza
Los $212.153 millones no serán cancelados de una sola vez. El convenio establece un cronograma que distribuye la deuda entre lo que resta de 2026 y buena parte de 2027.
El primer tramo asciende a $97.500 millones y será cancelado en cuatro cuotas mensuales. A ese monto se suma un pago de $8.434 millones en diciembre, correspondiente a intereses.
El saldo restante, de $106.217 millones, será abonado en siete cuotas a partir de junio de 2027.
La deuda tendrá una tasa nominal anual del 15% y los pagos estarán garantizados mediante las transferencias de coparticipación federal que recibe Mendoza.
Es decir, el acuerdo no elimina la obligación financiera de la Provincia con Nación. Establece cuánto queda después de la compensación y cómo se distribuirá su cancelación en el tiempo.
Qué descontó Nación de la deuda
Para llegar al saldo final, el convenio incorpora $121.282 millones en acreencias reconocidas a Mendoza.
El principal componente corresponde a las obras realizadas sobre las rutas nacionales 40 y 143, por unos $80.000 millones. También se contemplan casi $39.000 millones derivados del Consenso Fiscal y otros $2.295 millones vinculados con obras de vivienda.
El reconocimiento de las obras viales está sujeto a controles de Vialidad Nacional y a la efectiva ejecución de los trabajos.
Así, la operación parte de una deuda provincial de $333.434 millones y resta los créditos reconocidos por Nación para determinar el saldo que finalmente Mendoza deberá cancelar.
El oficialismo defendió el acuerdo
Durante el debate, el oficialismo defendió el convenio principalmente por el efecto que tendrá sobre las cuentas provinciales. El presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, sostuvo que el acuerdo debe analizarse desde una perspectiva económica y financiera y destacó que permite ordenar las obligaciones que Mendoza debe afrontar durante este año.
El legislador remarcó además que la tasa del 15% anual se encuentra, según su análisis, por debajo de las tasas de mercado. También puso el foco en los créditos que Nación reconoce a la Provincia, especialmente los vinculados con las obras ejecutadas sobre rutas nacionales.
Kerchner destacó particularmente los $80.000 millones correspondientes a las rutas nacionales 40 y 143 y defendió que el convenio permite obtener finalmente el reconocimiento de esas inversiones.
Su argumento central fue que el acuerdo permite mejorar las condiciones financieras de Mendoza, ordenar las cuentas entre ambas jurisdicciones y defender los recursos provinciales.
La oposición cuestionó el costo
La oposición tuvo una lectura completamente diferente. La presidenta del bloque de senadores justicialistas, Adriana Cano, rechazó la ratificación del convenio y cuestionó tanto sus consecuencias económicas como la decisión de Mendoza de abandonar dos reclamos judiciales contra Nación.
Cano sostuvo que la Provincia actualiza la deuda que mantiene con el Estado nacional mientras que, según su interpretación, los créditos que Nación reconoce a Mendoza permanecen calculados a valores históricos. Para la legisladora, esto genera una pérdida patrimonial para la Provincia.
“La discusión no es técnica; es política. Se trata de decidir si Mendoza defiende sus derechos o los entrega”, afirmó Cano durante el debate.
La senadora también cuestionó específicamente el desistimiento de las demandas relacionadas con el Impuesto a las Ganancias y el Fondo Federal Solidario. “Los gobiernos pasan, los presidentes pasan, los gobernadores pasan. Pero los derechos de Mendoza quedan”, sostuvo.
El acuerdo cierra dos demandas contra Nación
Además de establecer el esquema para cancelar los $212.153 millones, el convenio tiene una consecuencia judicial: Mendoza desistirá de dos demandas que mantiene contra el Estado nacional ante la Corte Suprema.
Una de ellas está relacionada con la eliminación del Fondo Federal Solidario, conocido como FOFESO, mientras que la otra se vincula con los cambios introducidos en el Impuesto a las Ganancias durante la gestión de Alberto Fernández. Este punto fue uno de los principales focos de discusión durante el tratamiento legislativo.
Un alivio financiero de $7.677 millones
Aunque Mendoza queda con una obligación de $212.153 millones, el nuevo esquema modifica los tiempos de pago.
Según los informes financieros analizados durante el tratamiento legislativo, la reprogramación genera un beneficio financiero estimado en $7.677 millones, producto del diferimiento de los vencimientos y de las condiciones acordadas para cancelar la deuda.
Ese es uno de los principales argumentos utilizados por el oficialismo para defender el convenio: la Provincia mantiene una deuda superior a los $212.000 millones, pero consigue distribuir los pagos entre 2026 y 2027 y obtiene un alivio financiero asociado al nuevo cronograma.
