La Cámara de Diputados de San Luis le dio sanción definitiva al proyecto de reforma constitucional impulsado por el gobernador Claudio Poggi y la provincia elegirá a 52 convencionales para modificar la Carta Magna. El fin de la reelección indefinida es uno de los pasajes destacados de la iniciativa.
La propuesta obtuvo 30 votos a favor y 13 en contra y se convirtió en ley, ya que llegaba con luz verde desde el Senado. La aprobación legislativa no implica reformar directamente la Constitución, sino declarar la necesidad y conveniencia de hacerlo y delimitar los temas sobre los que podrá pronunciarse la Convención Constituyente.
Los cambios que introducirá la reforma en San Luis
El esquema aprobado contempla la modificación de 23 artículos de la Constitución, la incorporación de otros 23 y la creación de cuatro capítulos nuevos; y la Convención que lo analizará estará integrada por 52 convencionales elegidos por el pueblo en la próxima elección provincial general.
Uno de los principales cambios habilitados es la modificación del artículo 147 para establecer la prohibición absoluta de reelección después de dos períodos consecutivos o alternados para quien ocupe la Gobernación. Además, el período constitucional 2023-2027 será computado como primer mandato a los efectos de esta limitación.
La reforma propone también modificar el funcionamiento y el calendario electoral del Poder Legislativo. El período de sesiones ordinarias se extendería desde el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre, mientras que las cámaras de Diputados y Senadores pasarían a renovarse en su totalidad cada cuatro años, en elecciones coincidentes con la de gobernador.
Para implementar el nuevo esquema, se prevé una cláusula transitoria que prorroga hasta 2031 los mandatos de los legisladores elegidos en 2025 que originalmente vencen en 2029. Desde las elecciones de 2031, ambas cámaras se renovarían completamente cada cuatro años.
El mismo criterio alcanzaría a los Concejos Deliberantes, cuya renovación total se realizaría en la misma oportunidad que la de las autoridades provinciales.
La unificación del calendario permitirá además terminar con las elecciones legislativas de medio término, reducir los costos asociados a la realización de comicios cada dos años y evitar que las gestiones permanezcan atravesadas de manera constante por procesos electorales. También apunta a facilitar la planificación de políticas a largo plazo y reducir la fatiga electoral que implica convocar a la ciudadanía a votar cada dos años.
Otro de los ejes centrales es la modificación del sistema judicial. El proyecto busca garantizar la independencia del Ministerio Público, separándolo del Poder Judicial y estableciendo una estructura de doble dirección conformada por una Defensoría General y una Procuración General.
También se prevé la creación de un Consejo del Ministerio Público, que intervendrá en la selección de los miembros inferiores del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, y de un Jurado de Destitución propio.
La reforma también habilita modificaciones en la composición y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, con la incorporación de representantes de la academia y del Senado. El organismo deberá elaborar un orden de mérito a partir de los concursos de antecedentes y la terna que eleve al Poder Ejecutivo tendrá carácter vinculante -sólo podrá apartarse del orden establecido por motivos fundados-.
Además, se establece una permanencia mínima de cuatro años en el cargo para los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público como requisito para acceder a nuevas funciones y se eleva de tres a cinco años la exigencia de ejercicio profesional o desempeño en determinadas funciones judiciales prevista para acceder a la magistratura.
La iniciativa también establece un límite de 75 años para los miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Tribunal de Cuentas. Al alcanzar esa edad podrá analizarse su continuidad mediante una nueva designación con acuerdo del Senado a propuesta del Poder Ejecutivo.
Otro de los núcleos es la incorporación de una cláusula federal destinada a reafirmar la autonomía provincial en consonancia con la reforma de la Constitución Nacional de 1994. La propuesta contempla el ejercicio pleno de los poderes y competencias no delegados al Gobierno federal, el poder de policía y tributario de la Provincia sobre establecimientos de utilidad nacional radicados en su territorio y la participación de San Luis en estudios, planes y decisiones de la Administración federal, además del debate de un nuevo régimen de coparticipación.
Asimismo, se habilita la incorporación de un capítulo sobre relaciones intergubernamentales e internacionales, que contemple la facultad provincial para celebrar convenios de inversión y cooperación directa y establezca principios generales para las relaciones con otros niveles de gobierno, tanto dentro del país como a nivel internacional.
Finalmente, el proyecto propone modificar el plazo constitucional para la presentación del Presupuesto provincial. La fecha, actualmente establecida antes del 31 de agosto, pasará al 30 de septiembre inclusive.
