La senadora nacional mendocina por Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, presentó un proyecto en el Congreso para frenar la implementación de la Comunicación “A” 8406 del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La iniciativa solicita formalmente a la autoridad monetaria que deje sin efecto este mecanismo de “Cobro con Transferencia” (CCT), destinado al débito automático y recurrente de cuotas de préstamos sobre cuentas bancarias y de pago, bajo el argumento de que vulnera de manera directa la libertad de disposición económica de los usuarios.
El sistema cuestionado faculta a las entidades financieras y proveedores no financieros de crédito a “debitar de forma inmediata las cuotas pactadas apenas ingresan fondos a las cuentas de los titulares”. Según advierte el proyecto de la legisladora, este esquema de extracción automática consolida un mecanismo de cobro compulsivo que “cercena la libertad individual de administración financiera de los ciudadanos”, especialmente de aquellos sectores que “se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad económica y atrapados en un circuito de endeudamiento forzado para subsistir”.
En sus fundamentos, Fernández Sagasti denuncia que la medida opera en la práctica como “una suerte de retención o ejecución directa sobre los ingresos de las personas”.
La senadora nacional mendocina por Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, presentó un proyecto en el Congreso para frenar la implementación de la Comunicación “A” 8406 del Banco Central de la República Argentina (BCRA), actualmente vigente. La iniciativa solicita formalmente…
“Esta pérdida de libertad y autonomía se torna crítica al analizar el contexto
socioeconómico y los crecientes niveles de morosidad que afectan a los hogares
argentinos. En la actualidad, amplios sectores de la población -trabajadores de
ingresos medios y bajos, jubilados, monotributistas y perceptores de asignaciones
sociales- no acuden al crédito para adquirir bienes de capital o consumo suntuario,
sino que se ven obligados a tomar préstamos a tasas onerosas para cubrir
necesidades elementales: comprar alimentos de la canasta básica familiar, adquirir
medicamentos de primera necesidad o abonar facturas de servicios públicos esenciales como luz, agua y gas para evitar el corte del suministro”, detalla el escrito.
El texto legislativo enfatiza que el débito automático automático y recurrente anula la posibilidad de que el deudor decida cómo distribuir sus menguados ingresos frente a emergencias. Al acreditarse el salario o el haber previsional, el sistema detrae de manera automática el monto de la cuota, dejando a muchas familias sin saldo disponible para adquirir comida. El proyecto señala que este mecanismo atenta directamente contra la protección constitucional del salario y desconoce “el carácter estrictamente alimentario de las remuneraciones y haberes previsionales”, consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Fernández Sagasti concluye que “la libertad económica no puede restringirse mediante mecanismos que garantizan el cobro automático de las entidades financieras a expensas de la dignidad humana” y de la libre administración de los ingresos destinados a subsistir día a día
