Las islas Malvinas quedaron en el centro de una nueva disputa por el uso de sus aguas. Una empresa propone desarrollar un megaproyecto de salmonicultura industrial que podría alcanzar una producción de 50.000 toneladas de salmón por año, mientras un grupo de residentes reclama que la población defina mediante un referéndum si quiere avanzar con la actividad.
La iniciativa fue presentada por Unity Marine, una sociedad formada por la pesquera local Fortuna y la firma danesa F-Land ApS. El proyecto contempla 16 sitios de producción y, de concretarse, se convertiría en el mayor desarrollo industrial costero de la historia del archipiélago.
El debate se desarrolla mientras las autoridades llevan adelante una consulta pública que comenzó el 7 de agosto y permanecerá abierta hasta el 30 de octubre. Una vez finalizado el proceso, las respuestas serán analizadas y presentadas a los integrantes de la Asamblea Legislativa para avanzar hacia una decisión sobre la salmonicultura.
Cuánto podría generar el proyecto
Uno de los principales argumentos a favor de la iniciativa está relacionado con el impacto económico que tendría sobre una comunidad de alrededor de 3.500 habitantes.
Un estudio encargado por el gobierno isleño estimó que una producción de 30.000 toneladas anuales podría aportar unos 35 millones de libras por año a la economía local y generar 133 puestos de trabajo. La propuesta de Unity Marine contempla una producción superior a esa cifra.
La empresa sostiene que el desarrollo de la actividad permitiría diversificar la economía del archipiélago, actualmente vinculada en gran medida a la pesca y otras actividades.
Sin embargo, el impacto económico es apenas una parte de la discusión.
Por qué hay residentes que se oponen
La organización Salmon Free Falklands (SFF) reúne a residentes que rechazan la instalación de granjas de salmón y cuestionan el proceso de consulta.
Su principal reclamo es que la decisión no quede únicamente en manos de las autoridades y que todos los habitantes puedan votar directamente sobre el futuro de la actividad.
Sally Poncet, integrante de SFF, sostuvo que perdió confianza en el proceso de consulta y cuestionó la información utilizada para elaborar algunos de los estudios. También advirtió por los residuos que producirían las granjas y su posible impacto sobre el ecosistema marino.
Las preocupaciones se concentran especialmente en las aguas costeras de las islas, donde existe una importante biodiversidad. El área alberga krill, calamares, delfines, ballenas, lobos y elefantes marinos y cinco especies de pingüinos.
La duda sobre cuánto puede soportar el ecosistema
Uno de los puntos más discutidos es la llamada capacidad de carga ambiental, es decir, cuánto puede soportar el ecosistema antes de que una actividad genere impactos significativos.
Louise Cherrie, exintegrante de la autoridad de protección ambiental de Tasmania y asesora de los opositores, sostuvo que esa capacidad todavía no fue determinada mediante un proceso científico riguroso.
También cuestionó qué sucedería ante una eventual mortalidad masiva de peces y cómo se retirarían los animales en un territorio remoto como las Malvinas.
Las críticas también aparecieron durante las reuniones públicas organizadas por las autoridades. En una de ellas participaron dos consultores canadienses convocados por Unity Marine para explicar la experiencia de British Columbia, donde funciona la industria salmonera.
Los residentes plantearon dudas sobre contaminación, ruido y posibles efectos sobre los mamíferos marinos. Los especialistas reconocieron que serían necesarios estudios específicos para determinar qué aspectos de la experiencia canadiense pueden aplicarse al ecosistema de las Malvinas.
Qué respondió el gobierno
El gobierno de las islas tomó distancia de la disputa y aseguró que “ni defiende ni se opone a la salmonicultura”.
Las autoridades explicaron que los informes elaborados hasta el momento buscan aportar elementos para la discusión y analizar posibles escenarios, pero no representan una autorización para instalar las granjas ni una evaluación ambiental definitiva.
La documentación oficial incluye estudios sobre impacto ambiental, aspectos socioeconómicos, legislación y capacidad de carga del ecosistema, además de una descripción del proyecto presentada por Unity Marine.
El gobierno también aclaró que el estudio sobre capacidad de carga no establece cuál es la capacidad definitiva de las aguas de las islas, sino que fue elaborado para mostrar cómo funcionaría un modelo de evaluación aplicado a un proyecto potencial.
El proyecto ya había terminado en la Justicia
La discusión sobre la salmonicultura tiene un antecedente judicial.
En 2022, el gobierno isleño había rechazado la posibilidad de desarrollar este tipo de actividad. Unity Marine pidió entonces una revisión judicial al considerar que antes de aquella decisión debía realizarse una consulta en todo el archipiélago.
Las partes llegaron posteriormente a un acuerdo que dejó sin efecto aquella decisión y estableció el proceso de consulta pública que se desarrolla actualmente.
James Wallace, director gerente de Fortuna, aseguró que Unity Marine todavía no solicitó una licencia para operar y sostuvo que cualquier decisión sobre una producción a gran escala debería estar respaldada por una evaluación ambiental rigurosa.
La consulta continuará hasta el 30 de octubre. Después, las opiniones recibidas serán analizadas por las autoridades isleñas antes de definir si las Malvinas avanzan con la salmonicultura industrial.
Con información de Infobae y La Nación.
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