Julio César Alandi Tejerina volvió a quedar recientemente en el centro de una investigación por venta de cocaína mientras cumplía una condena unificada de siete años y medio en su casa de Guaymallén. La Policía contra el Narcotráfico (PCN) llevaba más de ocho meses siguiéndole los pasos y sostiene que el domicilio donde debía permanecer detenido se había convertido nuevamente en un punto de comercialización. Pero nada cambió. Volvió a donde se encontraba: su hogar.
Fue detenido junto con su hermana, que durante el allanamiento aseguró que la droga y una balanza eran suyas. Sin embargo, tras una impugnación del Ministerio Público, la Cámara Federal volvió a permitir que el histórico narco con poder en el Gran Mendoza continúe en prisión domiciliaria. El argumento para sostener el beneficio fue el mismo que le permitió salir de la cárcel a pesar de los fallos en su contra: el cuidado de su pareja y sus dos pequeños hijos.
Es conocido en el ambiente del narcotráfico mendocino como el Boliviano César. No estaba prófugo ni había sido sorprendido circulando por las calles. Cumplía una condena en prisión domiciliaria, con una pulsera electrónica, en una propiedad, tal como reveló El Sol. Precisamente ese domicilio era el que la PCN venía observando desde el año pasado por una pesquisa sobre comercialización de sustancias en pequeñas cantidades.
La nueva caída de Julio César Alandi Tejerina, conocido en el ambiente del narcotráfico como el Boliviano César, volvió a poner bajo la lupa a uno de los personajes con mayor trayectoria criminal de Mendoza. Efectivos de la Policía contra el…
La nueva caída se produjo después de una pesquisa que comenzó a fines de octubre y que incluyó tareas de inteligencia, vigilancias y seguimientos. Para los policías y el Ministerio Público Federal, la casa ubicada en la zona de Miquel Servet y Malvinas Argentinas no era solamente el lugar donde Alandi debía cumplir su arresto, sino que se había transformado en un punto donde había y vendían drogas.
El procedimiento del 23 de julio por la tarde terminó de darle forma a esa sospecha. Antes de ingresar, los efectivos de la PCN habían observado a una mujer que ya había sido identificada durante tareas anteriores y a la que los detectives vinculaban con movimientos compatibles con la venta de sustancias en pequeñas cantidades.
Un hombre llegó caminando, mantuvo un breve contacto con ella y se produjeron dos típicos pases de manos. El visitante se retiró y fue seguido hasta el cruce de calles Chubut y Brasil, donde los policías lo interceptaron y le encontraron cocaína. Era la prueba que necesitaban.
Minutos después, los policías irrumpieron en la propiedad con orden de allanamiento. Allí encontraron a Alandi, quien fue identificado como uno de los principales sospechosos, y a su hermana, Alejandra Agustina Alandi Tejerina, además de otros familiares y menores.
El propio Alandi les manifestó a los efectivos que se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria por una causa de lavado de activos, sostienen las actuaciones a las que accedió este diario.
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El registro permitió secuestrar 57 gramos de cocaína, una balanza digital y otros elementos vinculados con el fraccionamiento. También fueron encontrados 49 envoltorios con del polvo blanco, con un peso total de 11,5 gramos, y tres tubos que contenían una sustancia blanquecina que inicialmente dio positivo para cocaína, aunque un segundo test resultó no concluyente. En otro sector de la vivienda apareció además un envoltorio con un gramo de cocaína.
Hubo un dato que quedó especialmente asentado en el acta policial. Mientras se realizaba el registro de la planta alta, Alejandra Alandi manifestó delante de los testigos que ella había dejado la sustancia y la balanza en ese lugar. Básicamente, se hizo cargo de la droga.
Aun así, la investigación de la PCN también ubicaba al Boliviano César dentro de las maniobras de comercialización que se investigaban. Ambos terminaron detenidos e imputados por una infracción a la ley de estupefacientes.
Pero el procedimiento dejó otro elemento que llamó la atención en la causa: el dinero. Durante la requisa personal de Alandi encontraron efectivo en pesos y dólares. En la caja fuerte ubicada en su habitación, cuya llave estaba sobre la mesa del comedor y que el propio condenado reconoció como perteneciente a ese lugar, dieron con más dólares y una suma importante de pesos.
En total, según el expediente, fueron secuestrados 16.542.460 pesos y 3.150 dólares, además de los teléfonos celulares y los elementos vinculados con la droga.
La escena volvió a instalar una pregunta que atraviesa la historia judicial de Alandi: ¿por qué un hombre condenado y reincidente por delitos vinculados al narcotráfico continúa cumpliendo sus penas en su domicilio, incluso cuando ese mismo lugar aparece nuevamente bajo investigación por venta de drogas?
La respuesta volvió a estar relacionada con su familia.
La defensa de Alandi, encabezada por el abogado Sergio Salinas, planteó durante dos audiencias que se desarrollaron días después que el condenado debía permanecer en su casa porque su joven pareja atraviesa problemas psicológicos y necesita asistencia.
A eso se suma que la mujer tiene con Alandi dos hijos pequeños que requieren cuidados. El argumento defensivo fue que el hombre es el único familiar en condiciones de hacerse cargo de esa atención.
El planteo fue aceptado en primera instancia por el juez Marcelo Garnica, quien resolvió mantener la prisión domiciliaria.
El Ministerio Público impugnó esa decisión en la primera audiencia que tuvo la causa y llevó el planteo ante la Cámara Federal de Apelaciones para intentar que el Boliviano César finalmente vaya a la cárcel federal.
Sin embargo, el camarista Gustavo Castiñeira de Dios coincidió con la necesidad de que Alandi permanezca en su hogar y sostuvo el beneficio que había otorgado el juez Garnica. Así las cosas, con la presencia de su mujer y los hijos en los Tribunales Federales, Alandi fue llevado, presenció la audiencia y volvió a su casa, la misma que había sido allanada.
La causa quedó bajo la órbita del auxiliar fiscal Juan Manuel González y de la fiscal Patricia Santoni, quienes deberán avanzar ahora con la investigación sobre la nueva sospecha de comercialización de estupefacientes.
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Una trayectoria marcada por el narcotráfico
El nombre del Boliviano César no apareció por primera vez en un expediente policial el pasado 23 de julio. Alandi arrastra una trayectoria de dos décadas ligadas a investigaciones por narcotráfico y lavado de activos y es considerado por investigadores como uno de los personajes con mayor peso dentro del negocio de las drogas en la provincia.
Una de las primeras grandes investigaciones que lo tuvo como protagonista comenzó en el 2010, a partir de un trabajo conjunto entre la Justicia argentina y la Policía de Investigaciones de Chile.
Las escuchas telefónicas y el trabajo de un agente encubierto permitieron reconstruir una organización que planeaba trasladar aproximadamente 272 kilos de marihuana hacia Chile.
Los investigadores identificaron a Alandi como el proveedor de aquella carga. Cuando la organización fue desbaratada, todos sus integrantes terminaron detenidos, salvo él.
Permaneció prófugo durante varios meses hasta que fue localizado el 4 de julio del 2012, en una vivienda de Los Corralitos. Al verse rodeado por los policías, intentó ocultar su identidad con un nombre falso, pero terminó detenido. Posteriormente, reconoció los hechos mediante un juicio abreviado.
En el 2015, el Tribunal Oral Federal Nº2 le impuso una pena única de ocho años de prisión, luego de unificar una condena anterior con la correspondiente a aquella investigación por tráfico de drogas hacia Chile. También fue declarado reincidente.
Pero la cárcel tampoco significó el final de su historia criminal.
Después de recuperar la libertad, volvió a aparecer en las casos de la PCN. El crecimiento de su patrimonio, sus vehículos, sus negocios y las vinculaciones de familiares con causas relacionadas con drogas volvieron a ponerlo bajo la lupa.
La investigación desembocó en agosto del 2021 en uno de los operativos más importantes que lo tuvieron como protagonista. Los detectives allanaron distintos inmuebles vinculados con Alandi y encontraron más de siete kilos de marihuana y casi un kilo y medio de cocaína, además de dinero, teléfonos, elementos de corte y fraccionamiento y vehículos de alta gama.
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La captura de aquel momento tuvo una particularidad. Los investigadores habían llegado hasta una casa de calle Soler, en Ciudad, donde suponían que se encontraba el Boliviano César. Cuando estaban por ingresar, Alandi intentó escapar a bordo de una Fiat Toro, pero fue interceptado a pocos metros. Llevaba más de 70.000 pesos en efectivo.
La investigación de ese año también volvió a mostrar el entramado territorial que rodeaba a Alandi. Uno de los domicilios señalados como lugar de acopio era una propiedad de calle Servet, en Guaymallén.
Allí fueron detenidas dos personas y se secuestraron 7,170 kilos de marihuana y 1,580 kilos de cocaína, además de dinero y elementos para el fraccionamiento. También se realizaron procedimientos en una propiedad de calle Paraguay, en el Complejo Sueños Dorados y en una concesionaria ubicada sobre Servet.
Del negocio de la droga al lavado de millones
La causa por narcotráfico abrió otra instrucción, la que buscó determinar qué hacía Alandi con el dinero que, según la acusación, obtenía de la comercialización de estupefacientes.
El expediente por lavado de activos reconstruyó operaciones realizadas entre 2017 y 2021. Fueron encontradas propiedades, vehículos de alta gama, motos, una concesionaria, una peluquería, una barbería y el Complejo Sueños Dorados, un emprendimiento ubicado en Los Corralitos que se convirtió en uno de los puntos centrales de la investigación.
Según la causa, el dinero proveniente del narcotráfico había sido utilizado para adquirir bienes y desarrollar distintos comerciales que permitieran introducir esos fondos en el circuito legal.
En noviembre del 2024, el Tribunal Oral Federal Nº1 homologó otro juicio abreviado. Alandi reconoció los hechos y recibió una pena de cinco años y tres meses de prisión, una multa de 38 millones de pesos y una nueva declaración de reincidencia.
Esa pena fue unificada con la anterior condena por narcotráfico y quedó establecida una sanción única de siete años y seis meses de encierro. También se ordenó el decomiso de un patrimonio valuado en más de 100 millones de pesos.
El proceso también alcanzó a otros integrantes de su círculo familiar y de negocios. Su hijo, César Emanuel Alandi Jiménez, recibió una pena de dos años y diez meses por su participación en las maniobras de lavado, mientras que su exmujer, Margarita Cristina Jiménez Claros, fue condenada a tres años de prisión.
La investigación describió adquisiciones de casas, vehículos y motos de alta gama, además de la utilización de una concesionaria y otros emprendimientos comerciales.
Entre los bienes decomisados quedaron autos como una Land Rover, Toyota Hilux y VW y un Scirocco.
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