Nelson “Chirola” Pizarro Quintero y Edgardo Daniel Sánchez Aguilera, considerados dos históricos personajes vinculados al narcotráfico y condenados por intentar ingresar casi 50 kilos de cocaína a Mendoza, volvieron a sentarse frente a la Justicia federal.
Esta vez no fue por el cargamento secuestrado en el 2019, sino por una causa paralela que nació y apuntó al destino que le dieron al dinero generado por esa actividad ilícita: la compra de vehículos, inmuebles y otros bienes que, según la acusación, buscaban blanquear ganancias narco.
El nuevo proceso terminó la semana pasada con un juicio abreviado homologado por el juez Héctor Fabián Cortés, del Tribunal Oral Federal Nº2. La auxiliar fiscal del Área de Transición, María Marta Poggio, junto a las defensas de Sergio Carreño y Gemina Venier, acordaron penas mínimas para ambos acusados luego de que reconocieran los hechos investigados por el fiscal Fernando Alcaraz.
Pizarro Quintero, de 58 años, quien declaró ser panadero y comerciante, recibió una condena de tres años de prisión y una multa de 97.635.000 pesos. En tanto, Sánchez Aguilera, de 53 años y vinculado con la barra de Gimnasia y Esgrima, quien aseguró dedicarse al comercio y la fabricación de ropa, fue condenado a tres años de cárcel y una multa de 131.595.000 pesos. En su caso, la pena fue unificada en seis años de prisión debido a la condena anterior por narcotráfico.
Además, el magistrado ordenó el decomiso de varios bienes considerados vinculados a las maniobras de lavado: un BMW 315, un Citroën C4, una Toyota Hilux, un Peugeot 208 y 10.500 dólares que para la fiscalía estaban asociados a operaciones derivadas del tráfico de estupefacientes.
La investigación también alcanzó a tres hijas de Sánchez Aguilera. Sin embargo, la Justicia entendió que tuvieron una intervención menor en las maniobras, principalmente por figurar como titulares registrales de algunos vehículos adquiridos por su padre. Debido a que no tenían antecedentes penales, se les concedió la suspensión de juicio a prueba, lo que se conoce como probation.
La causa por lavado se desprendió del expediente principal que terminó en agosto del 2022 con condenas por transporte de estupefacientes.
Allí quedó acreditado que Pizarro Quintero y Sánchez Aguilera participaron de una organización que trasladó desde Córdoba a Mendoza un cargamento de casi 50 kilos de cocaína destinado a la comercialización local.
A partir de esa investigación liderada por Investigaciones de la Policía de Mendoza, el fiscal Alcaraz detectó movimientos patrimoniales incompatibles con los ingresos declarados por los acusados.
Según la acusación, ambos utilizaron dinero proveniente del narcotráfico para adquirir bienes e insertarlos en el mercado formal con apariencia de legalidad.
En el caso de Pizarro, los investigadores pusieron la lupa sobre un BMW dominio HBQ670 y un Citroën C4 dominio HON488.
Esa hipótesis sostuvo que el primero fue adquirido con dinero proveniente del tráfico de drogas, mientras que el segundo estaba asegurado a nombre del acusado aunque figuraba registralmente a nombre de su padre, lo que para la fiscalía demostraba que era el verdadero propietario.
Sobre Sánchez Aguilera, la acusación se enfocó en la compra de dos lotes en Guaymallén, una Toyota Hilux y otros rodados puestos a nombre de sus hijas. Para los pesquisas, las operaciones carecían de respaldo económico lícito suficiente y respondían a una estrategia para ocultar el origen del dinero.
Las defensas intentaron justificar el patrimonio durante la instrucción. Pizarro sostuvo que había trabajado durante años en la organización de eventos musicales y en locales bailables, además de haber obtenido importantes ganancias en casinos.
Sánchez Aguilera, por su parte, afirmó que desde joven trabajó en comercios familiares, manejó un minimarket, locales de ropa e importó prendas desde Chile y Buenos Aires.
Los testimonios ofrecidos por el entorno de los acusados apuntaron en la misma dirección: vecinos, amigos y familiares aseguraron que ambos vivían del comercio informal y distintas actividades comerciales. Sin embargo, la fiscalía remarcó que ninguno aportó documentación capaz de acreditar ingresos formales suficientes para justificar las adquisiciones.
Incluso, algunas declaraciones resultaron contradictorias. Mientras una testigo aseguró que uno de los vehículos había sido comprado con ahorros, otras dijeron que fue adquirido mediante planes de cuotas. También se detectó que las hijas de Sánchez Aguilera comenzaron a registrarse ante organismos fiscales recién en 2019, pese a haber realizado compras importantes con anterioridad.
Para los investigadores, todo el cuadro conformó “un cúmulo probatorio suficiente” para vincular los bienes con dinero originado en actividades narco. Así fue que el expediente llegó a juicio. Por eso las defensas terminaron reconociendo el lavado de dinero y pactando un juicio abreviado con la pena mínima por ese delito.
Nelson Fabián Pizarro Quintero tiene 56 años. Vivía hasta su captura en el 2019 en calle Buenos Vecinos 1121 de Rodeo de la Cruz, en Guaymallén. Actualmente, pasa sus días en la cárcel federal de Cacheuta, donde cursa el primer año…
Desde hace muchos años
La historia criminal de Pizarro venía de mucho antes. Conocido como “Chirola”, estaba ligado a la noche mendocina, la música tropical y distintos locales bailables, aunque desde hacía años aparecía mencionado en expedientes federales por drogas. En 2011 ya había sido detenido junto a una organización que intentó traficar 225 kilos de marihuana hacia Chile.
Su entorno familiar también acumuló antecedentes. Algunos de sus hermanos, entre ellos Hilda “Doña” Pizarro y Diego Pizarro, fueron vinculados a distintas investigaciones criminales. En una de esas causas también apareció involucrado Jonathan Castro, hijo de Hilda, quien posteriormente volvió a caer detenido.
El año pasado, se confirmó que dos reconocidos narcos condenados por intentar traer a Mendoza casi 50 kilos de cocaína habían sido procesados también por lavado de dinero. Nelson Fabián Pizarro Quintero (57), Edgardo Daniel Sánchez Aguilera (52) y tres hijas…
La investigación que terminó con la caída de la banda del Chirola comenzó con escuchas telefónicas y seguimientos realizados por efectivos de Robos y Hurtos. Los pesquisas detectaron que estaban organizando un viaje a Córdoba para concretar la compra de cocaína a Luis Wilder Zalazar, un salteño señalado como el proveedor que trasladó la droga desde el norte del país.
El 5 de agosto de 2019, la organización emprendió el regreso hacia Mendoza en tres vehículos. Los movimientos eran monitoreados por la policía, que preparó un operativo en el Arco Desaguadero.
Durante la madrugada del 7 de agosto, los efectivos interceptaron primero un Toyota en el que viajaban Pizarro y y Sánchez. Allí secuestraron teléfonos celulares y dinero. Luego frenaron una VW Saveiro donde encontraron 47 kilos de cocaína ocultos debajo del cobertor de la caja.
El tercer vehículo, un BMW conducido por Zalazar junto a otro sospechoso, perdió contacto con el resto de la caravana y terminó siendo capturado en Lavalle. Esa maniobra terminó de desarticular una de las operaciones narco más importantes detectadas en Mendoza en los últimos años.
