El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) avanzó con una nueva serie de intimaciones a adjudicatarios de viviendas sociales por deudas acumuladas e irregularidades en la ocupación de inmuebles en distintos puntos de Mendoza. Las actuaciones fueron publicadas en el Boletín Oficial de este miércoles y alcanzan a barrios de Capital, Luján de Cuyo, Lavalle y Las Heras. En total, las deudas acumuladas en los expedientes difundidos por el IPV superan los $320 millones.
Uno de los focos principales de las notificaciones corresponde al barrio Escorihuela, en Ciudad, donde el IPV detectó distintos casos de ocupación irregular junto con moras que oscilan entre 29 y 75 cuotas impagas. En varios expedientes, las deudas superan los $8 millones. Los adjudicatarios fueron emplazados a presentar defensa por escrito y regularizar la situación bajo apercibimiento de desadjudicación de las viviendas.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) avanzó con una nueva serie de intimaciones a adjudicatarios de viviendas sociales por deudas acumuladas e irregularidades en la ocupación de inmuebles en distintos puntos de Mendoza. Las actuaciones fueron publicadas en el Boletín…
La situación más crítica aparece en el barrio Cooperativa Zahir, en Luján de Cuyo. Allí se registraron deudas considerablemente más elevadas, con casos que alcanzan hasta 88 cuotas vencidas y montos superiores a los $35 millones. Según las actuaciones oficiales, el IPV también detectó irregularidades vinculadas al estado de ocupación de las viviendas, por lo que inició procedimientos administrativos para exigir descargos y planes de regularización.
Las actuaciones también incluyen intimaciones en el barrio Los Manantiales, en Lavalle, donde se constató una mora de 86 cuotas, y en el barrio Balcón de Vistalba II, en Luján de Cuyo, con atrasos menores pero igualmente judicializados administrativamente. En paralelo, el IPV formalizó una desadjudicación en el barrio 26 de Enero, en Las Heras, por incumplimientos vinculados a la normativa de ocupación.
La mayoría de las resoluciones otorgan un plazo de diez días hábiles para presentar defensa y cancelar la deuda acumulada. De no regularizarse la situación, el organismo podrá avanzar con la pérdida definitiva de la adjudicación de las viviendas sociales.
Conflicto con la mora
La problemática de las deudas en el IPV ya tiene la atención de las autoridades del organismo.
El titular del Instituto Provincial de la Vivienda, Gustavo Cantero habló días atrás con El Sol, y afirmó que e el 30% de las viviendas están en situación de mora. Es decir, 3 de cada 10 personas no pagan su casa. Sin embargo, en dinero, el número es menor. En abril, el IPV facturó 2.300 millones de pesos, pero recaudó 1.942 millones de pesos. Es decir, el 84% del recupero.
Por otra parte, también se desató una polémica por casos de irregularidades en los que las personas que resultan adjudicadas terminan no ocupando la vivienda. Se producen en distintas modalidades, ya sea el abandono mismo del hogar, una cesión irregular a un tercero o bien el cobro ilegal de alquiler.
Incluso el propio gobernador Alfredo Cornejo se refirió a este tema, e hizo foco en las viviendas que se utilizan de manera irregular.
El mandatario recordó que ya se han detectado casos de adjudicatarios que alquilaban las viviendas mediante plataformas temporarias, así como operaciones de venta informal realizadas sin posibilidad de escrituración. “Todos los casos identificados serán abordados con firmeza para recuperar esas viviendas y reasignarlas a familias que verdaderamente las necesitan y están esperando acceder a su hogar”, remarcó.
