
Las provincias y los municipios del interior de la Argentina profundizaron fuertemente sus aportes económicos al transporte público urbano tras la eliminación definitiva de los subsidios nacionales y en medio de un severo incremento de los costos operativos globales.
Un relevamiento detallado sobre las distintas jurisdicciones del país publicado por la agencia Noticias Argentinas reflejó que la discusión por el financiamiento del sistema volvió a instalarse en la agenda pública luego de la supresión del Fondo Compensador del Transporte para el interior. Desde aquel quiebre, las administraciones debieron reorganizar de manera forzosa sus esquemas de sostenimiento financiero para evitar la paralización o el deterioro del servicio esencial.
En este complejo escenario de asimetrías federales, la provincia de Mendoza emergió como una de las jurisdicciones que mayor carga presupuestaria asumió para amortiguar el impacto tarifario en los usuarios. Según los datos oficiales recabados, el Ejecutivo local debió destinar el 5,21% del presupuesto provincial total para financiar el normal funcionamiento del sistema integrado Mendotran.
Esta fuerte inyección de recursos propios situó a la provincia en una posición de alta exposición fiscal frente a otras capitales del país, donde Neuquén superó el 10%, Córdoba Capital rondó el 6,9% y la ciudad de Paraná proyectó un 5,17% de su partida municipal para el actual ejercicio 2026.
La suba de costos pone en la cuerda floja al esquema provincial
El documento técnico también encendió las alarmas sobre el impacto directo que provocó el aumento constante del combustible y la actualización de las paritarias salariales en la estructura general de costos.
De acuerdo con el relevamiento sectorial, los haberes de los choferes y el personal de convenio representaron actualmente el 48% de la matriz de gastos del sistema de colectivos, requiriendo actualizaciones permanentes por la inflación. A esta presión sobre las arcas públicas se sumó el valor del gasoil, el cual alcanzó valores récord en el mercado mayorista durante el pasado mes de marzo de 2026, encareciendo los kilómetros recorridos por las unidades en los recorridos del Gran Mendoza y los departamentos.
La gravedad de la crisis estructural forzó a que, en distintas ciudades del territorio nacional, las empresas prestatarias del servicio comenzaran a reducir de forma drástica sus frecuencias habituales, limitar las prestaciones de los servicios nocturnos y advertir formalmente sobre las serias dificultades para sostener los recorridos periféricos sin un auxilio estatal extraordinario.
El informe de la actividad atribuyó este declive a una recesión agravada por la caída sostenida en la cantidad de pasajeros desde la pandemia y el posterior retiro de la asistencia de la Casa Rosada. A modo de ejemplo, un sistema urbano analizado pasó de registrar 2,6 millones de boletos mensuales en 2019 a solo 700 mil a mediados de 2025, marcando una alarmante retracción del 73% de la masa de usuarios.
Frente a este panorama, y en paralelo a la recuperación paulatina de pasajeros que comenzó a registrarse en diciembre último gracias a la reorganización operativa y la renovación parcial de las flotas, las distintas jurisdicciones avanzaron con reformas de fondo en los mecanismos de distribución de los subsidios locales para mejorar los niveles de eficiencia.
Entre las medidas de mayor impacto que adoptaron los ministerios de transporte, figuró el reemplazo definitivo del tradicional financiamiento basado en la cantidad de kilómetros recorridos por un nuevo esquema de incentivos monetarios enfocado estrictamente en la cantidad de pasajeros efectivamente transportados en cada unidad.




