A propios y ajenos sorprendió el hecho de que la Cámara Federal de Casación Penal determinara la anulación del procesamiento que pesaba sobre el expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros.
Sin embargo, esta resolución judicial, lejos de sobreseerlo, sitúa nuevamente al exmandatario en la condición de imputado, manteniendo plenamente vigente la investigación sobre su responsabilidad en el dictado del Decreto 823/2021.
Es fundamental comprender que la decisión del máximo tribunal penal no implica la inocencia del ex mandatario, en todo caso, resalta la necesidad de cumplir con ciertas formalidades.
El fallo se fundamenta estrictamente en una cuestión de procedimiento legal, al detectar que la confirmación previa del procesamiento se realizó sin el impulso necesario del fiscal, quien había sugerido profundizar la etapa de recolección de pruebas antes de avanzar con una medida acusatoria firme.
De esta manera, el expediente retrocede un paso con el objetivo de sanear esta formalidad procesal y garantizar el debido proceso con el fin de que no se pueda argumentar de parte de la defensa un vicio en el proceso que podría anular la causa.
La investigación judicial continúa su curso bajo el mando del juez Julián Ercolini, conservando toda la validez de los elementos probatorios acumulados hasta el momento, incluyendo los registros de ingresos a la Quinta de Olivos y el contenido de los chats obtenidos en los peritajes.
El tribunal de alzada deberá ahora dar cumplimiento a lo ordenado por Casación, lo que implica la realización de nuevas medidas de prueba, tales como las declaraciones testimoniales de exfuncionarios del gabinete del expresidente solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.
La situación procesal de Alberto Fernández queda en todo caso sujeta a este nuevo análisis, permaneciendo vinculado a las actuaciones mientras la justicia determina si existen méritos suficientes para elevar la causa a una instancia superior.
