Mendoza se encuentra inmersa en una profunda controversia sanitaria tras el anuncio de un plan oficial que busca transformar el modelo de atención de nacimientos a partir de julio de 2026. El disparador de la medida es un dato estadístico alarmante: en el sector privado de la provincia, casi 8 de cada 10 partos terminan en cesárea.
Ante este escenario, el Gobierno impulsa una reorganización donde los nacimientos sean atendidos por equipos de guardia estables, desplazando la figura del obstetra de cabecera en el momento del parto.
El ministro de Salud, Rodolfo Montero, defendió la iniciativa argumentando que el sistema actual incentiva la programación de cirugías por encima de los partos naturales debido a la dificultad de sostener la disponibilidad permanente de un solo profesional. Según el funcionario, esta dinámica empuja a procedimientos no deseados: “Cuando una cesárea no está indicada, aumenta el riesgo para el bebé y para la mamá. Es una cirugía y no debería ser una decisión liviana”.
Para el Ejecutivo, el objetivo es priorizar la seguridad neonatal mediante equipos multidisciplinarios presentes las 24 horas.
La respuesta de los médicos
Desde el sector médico, la respuesta no se hizo esperar y el foco de la crítica se centró en la ruptura del vínculo de confianza construido durante el embarazo. El Dr. Jorge Manuel Ghazoul, miembro de la Sociedad de Ginecología de Mendoza, FASGO, SOGIBA, la Sociedad Argentina de Histeroscopia y la Sociedad Argentina de Menopausia, rechazó que existan intereses económicos detrás de las altas tasas de cirugía y atribuyó el fenómeno a factores culturales y demográficos.
“Lo que nosotros queremos es conservar la relación médico-paciente, que no se viole la ley de parto respetado y que no se cercene la libertad al ejercicio profesional”, advirtió el especialista.
La polémica sumó tensión con las declaraciones de agrupaciones de profesionales que consideran la medida como “inconsulta” y potencialmente ineficaz para el fin que persigue. Cristian Palomba, integrante de Obstetras Unidos de Mendoza, planteó una advertencia paradójica: al no existir un conocimiento previo de la paciente por parte del médico de guardia, la falta de paciencia en el proceso biológico podría ser contraproducente.
“Probablemente el profesional de guardia espere menos la evolución espontánea de un trabajo de parto que su propio obstetra. Incluso pensamos que hasta se puede aumentar el índice de cesáreas”, señaló.
Por su parte, las autoridades de la cartera de Salud insisten en que el modelo de “médico de cabecera” para el parto es un “patrón cultural” que debe cambiar para profesionalizar las maternidades. Natalia Courtis, directora de Maternidad e Infancia, subrayó la necesidad de educar a la población sobre los riesgos reales de las intervenciones innecesarias.
El plan oficial estipula que el obstetra personal siga realizando los controles prenatales, pero que el nacimiento sea un acto institucionalizado, garantizando, según el Ministerio, “un equipo de guardia preparado, con neonatólogo, anestesia, sangre segura y todo lo necesario”.
La discusión en Mendoza deja al descubierto una tensión estructural entre la eficiencia administrativa y el derecho a la elección de la madre. Mientras el Gobierno se apoya en las recomendaciones de la OMS para reducir la mortalidad mediante menos cirugías, los médicos y pacientes temen que la despersonalización del parto “vulnere derechos adquiridos”.
