Mendoza se encuentra frente a una oportunidad tan histórica como compleja, condicionada por la firma de un decreto de parte del Gobierno del presidente Javier Milei en relación a la lógica de la obra pública en la provincia.
Se trata de una norma prometida por la secretaria General de Presidencia Karina Milei y el ministro del Interior Diego Santilli en una reunión que mantuvieron con el gobernador Alfredo Cornejo y su par entrerriano Rogelio Frigerio, que le permitiría a las provincias hacerse cargo de las rutas nacionales que atraviesan sus territorios mediante un esquema de inversión privada.
¿Pero en qué podría beneficiar a Mendoza? Por un lado ayudaría al avance de rutas nacionales que atraviesan la provincia tales como la Rutas 40 y 7, que son esenciales para el corredor bioceánico y la logística productiva.
Por otro lado, la llegada de inversiones privadas aliviaría la presión sobre las arcas provinciales, que ya destinaron más de 60 millones de dólares de fondos propios para mitigar la inacción nacional, y fomentaría el empleo local.
Para el ciudadano de a pie, este decreto, en primer lugar representaría un costo teniendo en cuenta que la inversión privada tendría como consecuencia la introducción de nuevos peajes.
De todas formas, se espera que el impacto en la mejora de la seguridad vial reduzca los costos de logística y transporte que se derraman directamente en los productos que componen la canasta básica e insumos varios.
El Gobierno de Cornejo, en todo caso, apuesta a que el ahorro en el tiempo del viaje, el menor desgaste de los vehículos y la reactivación del comercio compensen este gasto extra que deberán afrontar los usuarios de las rutas nacionales.
En tal sentido, el Gobierno mendocino deberá afrontar un desafío mayúsculo a la hora de poder utilizar este decreto que, si bien aún no fue firmado, sí fue prometido por los más altos funcionarios de la Casa Rosada.
En este complejo contexto tendrá que demostrar la capacidad de atracción de inversiones privadas en un escenario económico que no muestra una recuperación palpable y cuyos indicadores no son del todo favorables.
Pero además deberá hacerlo bajo el reclamo de tarifas que sean socialmente aceptables y sosteniendo la necesidad de la celeridad de las obras que, en gran parte, reclama el sector productivo.
