Durante las últimas semanas, mucho se viene hablando sobre los “criterios de selección y adjudicación de viviendas“ por parte del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
Uno de los que alzó la voz fue el senador sanrafaelino Mauricio Sat, que impulsa un proyecto de Ley que tiene por objetivo “poner fin a una de las principales zonas grises en la política habitacional: la adjudicación de viviendas a funcionarios, familiares y socios comerciales“.
Los dichos del sureño hicieron reaccionar a la cúpula del IPV, que recientemente informó que “todos sus procesos se desarrollan en estricto cumplimiento del Decreto Provincial 868/77 y de las normativas específicas de cada programa, garantizando procedimientos transparentes, verificables y basados en criterios técnicos y sociales“.
Es más, explicaron que “el sistema habitacional se estructura a través de múltiples operatorias que contemplan distintos mecanismos de acceso, incluyendo evaluaciones socioeconómicas, sorteos públicos y validación de requisitos”.
“En muchos casos, además, intervienen municipios y entidades intermedias en la priorización de postulantes, en función de objetivos específicos de política pública”, añadieron los voceros en un escrito al que accedió diario Mendoza Today.
También sostuvieron que existen líneas, “como las destinadas a la radicación de profesionales en zonas estrátegias”, se deban a “necesidades concretas del territorio”. En este tipo de casos, precisaron, la designación de beneficiarios es llevada a cabo de forma articulada con entidades representativas, entre las que destacaron a asociaciones profesionales, pero “siempre dentro del marco normativo vigente y con objetivos de interés general”.
El organismo encabezado por Cantero advirtió que inicitivas que no contemplen la diversidad de operatorias existentes pueden derivar “en restricciones excesivas”, perjudicando el acceso a la vivienda de sectores que en la actualidad “encuentran respuestas” por medio de políticas públicas específicas.
“Este organismo reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la equidad en el acceso a la vivienda, y se encuentra a disposición para brindar toda la información necesaria a fin de contribuir a un debate responsable“, concluyeron.
El pedido de Mauricio Sat
Luego de conocerse el comunicado del IPV, el legislador sureño se volcó a las redes sociales y sostuvo que “el IPV ‘se pone el saco’ sin negar lo que estamos cuestionando: que políticos, familiares de estos y/o socios, acceden a viviendas que financia el Estado Provincial, en desmedro de miles de mendocinos que no pueden acceder a su casa propia”.
“En lugar de tanto comunicado extenso, palabras rebuscadas y explicaciones enredadas, avancemos con el proyecto de PROHIBIR que la clase política tenga una casa pagada por todos los mendocinos”, agregó.
