Tras casi 12 horas de debate, el oficialismo logró la modificación de la Ley de Glaciares con 137 votos positivos, 111 negativos y tan solo 3 abstenciones. La iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional en el contexto de los proyectos previstos bajo el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI), había alcanzado el dictamen para sesionar este miércoles desde las 15, en un plenario de las Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales.
La discusión se extendió hasta la madrugada de hoy y contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien se acercó al Palacio Legislativo en las últimas horas del debate. La votación se cerró pasadas las 2.30, luego de escuchar la palabra de la diputada oficialista Silvana Giudici y el jefe de bloque LLA, Gabriel Bornoroni.
Durante el plenario de comisiones previo a la discusión en el recinto, se presentaron dos gobernadores, ministros de minería y funcionarios de la Secretaría de Minería, lo que provocó reclamos de los bloques opositores, quienes objetaron que las presidencias de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales orientaran el encuentro hacia asuntos mineros y que el proyecto no se remitiera a la comisión específica del área.
La norma vigente hasta ahora establecía presupuestos mínimos para preservar estos cuerpos de hielo, considerados bienes públicos clave para el consumo humano, la recarga de cuencas hidrográficas, la biodiversidad, la investigación científica y el turismo.
El nuevo texto, aprobado por el Congreso, altera ese enfoque al limitar la protección estricta a aquellas zonas que cumplan una “función hídrica comprobada o relevante”. Este cambio impacta especialmente en áreas periglaciares y en los denominados Glaciares de Escombros (GdE), que concentran reservas de agua y, en muchos casos, coinciden con territorios de interés para la actividad minera.
La ley redefine el objeto protegido: solo quedarán bajo resguardo estricto los glaciares y ambientes periglaciares con funciones hídricas específicas. La verificación de esa condición quedará en manos de cada provincia.
