
Después del feriado extra largo de Semana Santa, el oficialismo retomará la agenda legislativa en la Cámara de Diputados. Este martes, las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales se reunirán desde las 14 en un plenario. El objetivo de los libertarios será firmar un dictamen exprés por la reforma de la Ley de Glaciares y dejar listo el proyecto para su tratamiento mañana en el recinto.
El plenario se llevará a cabo luego de las audiencias públicas realizadas el 25 y 26 de marzo, para las cuales se inscribieron más de 100.000 expositores. Algo menos de 400 pudieron dar a conocer sus argumentos a favor y en contra de la reforma de la ley 26.639, sancionada en 2010 por el Congreso. La iniciativa ya tiene media sanción del Senado y el gobierno de Javier Milei la considera prioritaria.
Para poder tener despacho de comisión, La Libertad Avanza deberá tener 18 firmas en Asuntos Constitucionales y 16 en Recursos Naturales, lo que tiene garantizado junto a sus aliados provinciales, de la UCR y el PRO. En primera instancia, habrá una reunión informativa con la exposición de invitados, entre quienes se incluirían a gobernadores de provincias, y en segundo término se pasará a la firma de los dictámenes.
El oficialismo y bloques dialoguistas pidieron una sesión especial para este miércoles, a las 15, para debatir en el recinto de Diputados la reforma de la Ley de Glaciares. La sanción del proyecto interesa a gobernadores de provincias cordilleranas que buscan atraer mayores inversiones mineras. Los mandatarios ya consiguieron dar su primer paso con la aprobación de la reforma en el Senado por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.
La Libertad Avanza es optimista en que tendrá los 129 diputados para abrir la sesión, habilitar el debate y, al menos, entre 130 y 134 votos convertir en ley el proyecto que ya fue aprobado el 26 de febrero.
Ley de Glaciares: las claves de la reforma
La iniciativa modifica el actual esquema de protección ambiental, al permitir el desarrollo de actividades económicas en zonas que hasta el momento se encontraban restringidas, en particular en áreas periglaciares. Asimismo, redefine los criterios de conservación y otorga a las provincias la facultad de determinar en qué territorios podrán avanzar planes de carácter extractivo.
El proyecto establece un cambio de enfoque: la protección ambiental deja de aplicarse de manera generalizada y pasa a ser selectiva. En este nuevo marco, sólo recibirán protección plena aquellos glaciares considerados como “reserva estratégica” o identificados como esenciales para el abastecimiento de agua.
Como consecuencia, las zonas periglaciares dejarán de estar automáticamente protegidas, y su conservación quedará supeditada a estudios que demuestren su función hídrica. En ausencia de dicha evidencia, estas áreas podrían ser habilitadas para el desarrollo de actividades económicas.




