Ingresaron a Legislatura dos iniciativas que tienen un objetivo común: ejercer más control sobre quienes ocupan cargos en el Estado. A través de modificaciones en las leyes de Ética Pública y de Seguridad Vial, los proyectos buscan cerrar “zonas de opacidad” en las declaraciones juradas y establecer castigos ejemplificadores para los funcionarios que infrinjan las normas de tránsito bajo los efectos del alcohol.
El primer proyecto, impulsado por el diputado Emanuel Fugazzotto (Partido Verde), apunta a una reforma integral de la Ley N° 8993 de Ética Pública. La intención del legislador, que deja su banca en un mes, es robustecer el control sobre la evolución patrimonial de los funcionarios, detectando posibles conflictos de intereses que hoy quedan fuera del radar oficial.
La propuesta exige que las declaraciones juradas incluyan no solo el patrimonio del funcionario, sino también el de sus familiares directos -hijos mayores, cónyuges y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad-, para evitar que el dinero público se desvíe a través de “triangulaciones” o contratos con allegados.
Además, el texto de Fugazzotto introduce la figura de la transparencia “posfunción“, obligando a los exfuncionarios a informar sus vínculos laborales en el sector privado durante los seis años posteriores a dejar el cargo, siempre que esas tareas guarden relación con las competencias que ejercieron en el Estado.
Otro punto clave es la valuación de los bienes: ya no bastará con el avalúo fiscal, sino que se deberá consignar el valor de mercado estimado de propiedades y vehículos, sumando la obligación de declarar joyas u obras de arte si su valor supera tres veces la remuneración del Gobernador. Este último aspecto sobre el valor real de los bienes -no el que fija ATM mediante unidades fiscales- se vio reflejado en un reciente artículo publicado por El Sol sobre el patrimonio del Gabinete provincial.
Las recientes declaraciones juradas (DDJJ) de los principales funcionarios del Gobierno de Mendoza dejaron al descubierto una radiografía actualizada del patrimonio del poder político provincial. De acuerdo con la normativa vigente, las autoridades provinciales deben presentar sus DDJJ antes del 1…
Por otro lado, Stella Maris Huczak (PRO) presentó una modificación a la Ley de Seguridad de Tránsito Vial y al Código Contravencional para agravar las sanciones por alcoholemia positiva cuando el infractor sea un funcionario público nacional, provincial o municipal.
Para la legisladora, quien representa al Estado debe ser el primero en cumplir la ley. Para estos casos, las multas se elevan significativamente, partiendo desde las 4.000 hasta las 8.000 Unidades Fijas (U.F.), con inhabilitaciones para conducir de hasta 200 días.
En los supuestos más graves, cuando el nivel de alcohol supere el gramo por litro de sangre, la sanción para los funcionarios públicos podría llegar a las 12.000 U.F. -el doble de lo vigente actualmente- o arrestos de hasta 120 días.
En estos casos, la inhabilitación para estar al volante se extendería hasta los dos años (730 días). Un detalle no menor del proyecto de Huczak es que prohíbe expresamente que el funcionario pueda canjear la multa o el arresto por trabajo comunitario, y obliga al juez interviniente a comunicar la sentencia de forma inmediata a la autoridad superior del organismo donde el infractor preste servicio.
En el último tiempo, en Mendoza fueron noticia una serie de escándalos vinculados a funcionarios que condujeron ebrios.
- Jorge Teves: el ex titular del Ente de Movilidad Provincial (EMOP) debió renunciar en enero de 2025 tras dar positivo (1,2 g/l) mientras conducía un vehículo oficial.
- Miqueas Burgoa: el concejal de la UCR de Guaymallén, a quien se le pidió la renuncia luego de ser detectado con 1,25 g/l y circular sin licencia de conducir. No obstante, no dejó su banca, lo cual hasta el día de hoy es un antecedente cuestionado.
- Martín Antolín: el concejal de San Rafael (del Partido Libertario), quien protagonizó un escándalo recientemente al ser detenido con 1,15 g/l en un lujoso auto sin patente y con una copa de vino en la mano.
- Cristian Ochoa: el 13 de octubre de 2025 el entonces director de Prensa de la Municipalidad de Tunuyán embistió a otro vehículo con 1,42 gramos de alcohol en sangre.
- Gustavo Villegas, exconsejero del Río Atuel en el Departamento General de Irrigación, dio positivo en un test de alcoholemia (1,28 gramos de alcohol por litro de sangre) en General Alvear. Presentó su renuncia y fue aceptada en marzo de 2026.
Al día de hoy, el cuadro tarifario de multas es siguiente de 0,5 a 0,99 gramos (en autos) y desde 0,2 gramos (en motos y bicicletas): las multas oscilan entre las 3.000 y 6.000 UF. Traducido a pesos, esto implica un costo de entre $1.500.000 y $3.000.000. En el caso de que sea más de un gramo, la sanción escala al ámbito contravencional, con multas que superan los montos anteriores, además del posible arresto y la retención del vehículo.
