El Gobierno de Mendoza hoy enfrenta uno de los desafíos fiscales más importantes de los últimos años, teniendo en cuenta que gran parte de la economía local depende directamente del envío de fondos de parte del Gobierno Nacional.
En tal contexto, durante el primer bimestre del año, la provincia registró una caída del 8% de los fondos coparticipables, aquellos que el Gobierno, hoy en manos del presidente Javier Milei, debe distribuir a los distritos.
Parece una cifra menor, pero no lo es. Este dato representa un agugero fiscal de 36 mil millones de pesos que el Gobierno de Alfredo Cornejo dejó de percibir poniendo en jaque las arcas públicas de Mendoza.
Para comprenderlo, poniendolo en términos domesticos, ese agujero representa poco más de 18 mil pesos por cada mendocino para garantizar servicios básicos como salud, seguridad y educación.
Pero el origen del fenómeno no es único, sino que tiene que ver con una multiplicidad de factores que exponen la fragilidad de un sistema de reparto de fondos que incluso el Gobierno provincial considera obsoleto.
Uno de los factores que explican esta estrepitosa caída es la recaudación del IVA a nivel nacional que retrocedió un 14% debido al desplome del consumo interno, lo que evade la posibilidad de recaudar con uno de los impuestos más cuestionados incluso por el propio Milei.
A ello cabe sumarle que la Ley de Coparticipación Federal data del 1988, es decir, de hace casi 40 años y, al no haber sido actualizada para reflejar el crecimiento demográfico de las provincias dejó a Mendoza en una fuerte desventaja frente a otras provincias con menor población pero mayor peso en el reparto de fondos.
Cabe destacar que aunque la recaudación de impuestos propios, como Ingresos Brutos, mostró un leve repunte del 5%, este refuerzo fiscal resulta insuficiente para compensar el derrumbe de las transferencias nacionales.
Son cuestiones que se hacen carne hoy en la planificación de la obra pública y en el manejo de la deuda. Por un lado, el presupuesto 2026 proyecta una inversión en obra pública de 800 mil millones de pesos, pero cuya ejecución se ve supeditada a la utilización de los fondos de resarcimiento de Portezuelo del Viento.
Por el otro, se solicitó a la Legislatura una autorización de endeudamiento por un billón de pesos bajo la modalidad de roll-over para cumplir con lo proyectado en un presupuesto tan ambicioso como necesario.
Es que esta estrategia busca refinanciar deudas existentes para liberar caja operativa y evitar una parálisis total de los servicios esenciales, una jugada de alto riesgo en un contexto de incertidumbre económica nacional.
En medio de este escenario, en territorio mendocino, este problema se traslada automáticamente a los 18 municipios, generando una tensión política en constante crecimiento.
Los departamentos mendocinos reciben una parte de la coparticipación provincial reducida al tiempo que observan cómo se desploman los pagos de las propias tasas municipales.
El ejemplo más claro se encuentra en la Municipalidad de Maipú, donde el cumplimiento de estos gravámenes llega apenas al 37%, dejando a los intendentes teniendo que recurrir a maniobras financieras minuciosamente analizadas, de la misma forma que hoy lo hace el Gobierno de Cornejo.
Ante este escenario, el propio mandatario provincial se alzó con un reclamo frente a la Casa Rosada, con quien mantiene cercanía, pidiendo la reformulación del sistema de reparto.
Lo que busca el gobernador con ello es exigir la premiación del orden fiscal para que la coparticipación sea justa poniendo como ejemplo el de los combustibles, del cual, las provincias apenas reciben poco más del 10%.
Mendoza hoy pone en juego el equilibrio contable, pero también la viabilidad de un modelo de gestión enfocado, en gran parte, en la obra pública mientras se buscan inversiones que ayuden a darle respiro a las finanzas provinciales.
