La causa por dádivas y eventuales negociaciones incompatibles con la función pública contra Manuel Adorni y su amigo el periodista Marcelo Grandío, estaba llegando para la fiscalía, a un punto definitorio: o pedía el sobreseimiento o solicitaba el llamado a indagatoria.
Por cierto, que habida cuenta el estado de probanzas del expediente, el fiscal Gerardo Pollicita tenía la decisión tomada de solicitar al juez Ariel Lijo, el llamado a indagatoria de la dupla de amigos por los delitos de marras.
Pero la cosa se demoró. Al remitir la jueza María Romilda Servini al juzgado de Lijo, otra causa por el eventual enriquecimiento ilícito de Adorni generada por las denuncias de la abrupta incorporación a su patrimonio de al menos dos bienes inmuebles en los últimos dos años, los dos expedientes se acumularon en uno.
Por ende, y dado que no es posible llamar a indagatoria a un imputado solamente por algunos de delitos investigados, a menos que se lo sobresea en los otros, el fiscal debió demorar su iniciativa hasta que se diligencien las medidas solicitadas para determinar un eventual enriquecimiento ilícito.
En lo atinente a las dádivas, la fiscalía interpretaba que están dadas las condiciones para el procesamiento, por lo cual el llamado a indagatoria era un requisito insoslayable para dar ese paso procesal. Cabe recordar que el pedido de procesamiento requiere que las autoridades judiciales entiendan que hay semiplena prueba de la comisión del delito.
La causa que viene del juzgado de Servini fue remitida sin actividad, por lo cual la batería de doce pruebas solicitadas por Pollicita son el inicio de la recolección de elementos para que el fiscal y el juez se formen una opinión sobre los delitos imputados.
