La última semana transitó con fuerte ruido social y político, con tensiones cruzadas por la gestión territorial y con una marcada proyección de sucesiones que quedaron en el centro del análisis público.
En primer lugar, uno de los temas más relevantes que marcó la agencia de la semana refiere al debate por la modificación de la Ley de Glaciares en el Congreso de la Nación, donde hubo cruces, gritos y una interminable lista de oradores.
Este hecho en particular reactivó una vieja confrontación en la provincia, una alarma que trasciende lo ideológico. Es que la redefinición del ambiente periglaciar levanta una barrera que para los ambientalistas es fundamental volver a bajar.
En contraposición, tanto el Gobierno Nacional y el provincial, como el sector minero, ven una ventana de oportunidad para equiparar la normativa local con estándares internacionales y atraer inversiones.
En este contexto, las asambleas locales y sectores de la oposición denuncian que delegar en las provincias la facultad de realizar un inventario donde se detalle qué es “protegible” y qué no, deja al recurso hídrico a merced de una discrecionalidad política absoluta.
Sin embargo, el Gobierno de Alfredo Cornejo ve en esta norma la posibilidad de hacerse de recursos que son necesarios para equilibrar las arcas públicas en un contexto donde el Gobierno del presidente Javier Milei disminuyó sustancialmente el envío de recursos a las provincias.
Esta puja por los bienes naturales se entrelaza con la sanción de la reforma de la ley de Arbolado Público que se dio esta semana en la Legislatura provincial y que promete enfrentar a varias municipalidades con el Gobierno mendocino.
Es que, bajo el argumento de la modernización y la eliminación de la burocracia, se transfirió a las comunas la responsabilidad directa sobre el manejo del arbolado urbano.
La cuestión de fondo tiene que ver con un reclamo fiscal, ya que los intendentes ahora deberán absorber los costos y responsabilidades que antes filtraba la gestión provincial.
Este hecho puso a las municipalidades a plantearse la necesidad de contar con un presupuesto para tal fin, por lo que los intendentes se verán obligados a fin de cuentas a reestructurar sus presupuestos o a negociar con la Casa de Gobierno.
Pero quizá uno de los temas más llamativos y relevantes de la semana tiene que ver con la profundización en la interna de la Unión Cívica Radical en la provincia que empieza a proyectarse de cara a las elecciones del 2027.
Se trata de la búsqueda de un post-cornejismo, una línea sucesoria natural que cuente con el respaldo popular y que garantice la continuidad de gestión de Alfredo Cornejo para los cuatro años siguientes.
Uno de los escenarios que deberá evitar el mandatario provincial es la división. El hecho de que haya una interna latente en el radicalismo mendocino amenaza con generar un ruido político innecesario y hasta contraproducente para las aspiraciones de la UCR.
No solo hay media docena de nombres en danza sino que de a poco se van agregando más figuras con fuerte presencia territorial a la lista de posibles candidatos a suceder a Cornejo.
A ello se suma la intención de la Casa Rosada de imponer un candidato propio en el marco de la alianza entre el Frente Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, siendo el diputado nacional Luis Petri quien pica en punta.
El rol del gobernador mendocino como líder político será tratar de sortear esas lodosas aguas para evitar que un posible conflicto interno estalle y termine quedando en desnudo frente a la sociedad mendocina. Toda una hazaña política.
Para ello, la lectura de la realidad política y la pericia como negociador natural con la que cuenta el mandatario provincial, deberán ser minuciosamente estudiadas y ejercidas para poder encontrar el sucesor que mejor se adecúe a la realidad coyuntural de Mendoza.
Más allá de lo sucedido esta semana que se termina, la próxima se encamina a ser una marcada por definiciones a la espera de que el Gobierno provincial reglamente la modificación de la Ley de Arbolado público.
Por tanto, también se espera que los intendentes comiencen a delinear estrategias presupuestarias para sostener una labor con un gran despliegue en una provincia con fuerte presencia de acequias y árboles.
Por otro lado, el Gobierno de Mendoza intentará que su apoyo a la Ley de Glaciares tenga la menor cantidad de resistencia colectiva posible en un momento donde la aceptación a la norma crece a nivel provincial.
Asimismo, habrá que analizar con detenimiento los movimientos de los principales aspirantes a suceder a Cornejo, pero ello no será un hecho que quedará en evidencia en la próxima semana, sino que contará con suspicacias que durarán meses hasta que se defina quién encabezará la candidatura de un post-cornejismo.
