El fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que dejó sin efecto la condena contra la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF —y evitó un pago superior a los US$16.000 millones— reactivó de inmediato el cruce político entre el oficialismo y el kirchnerismo.
Desde un acto en el Centro de Formación de Capital Humano, el presidente Javier Milei celebró la decisión judicial y la adjudicó al trabajo del equipo legal del Estado. En ese contexto, apuntó contra el origen del conflicto y le “pegó” al gobierno anterior: “Tuvimos que venir a arreglar lo que hizo el inútil imbécil de [Axel] Kicillof”, afirmó, y extendió las críticas a Cristina Fernández de Kirchner.
El caso tiene como punto de partida la expropiación del 51% de YPF en 2012, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, con Kicillof como uno de los principales impulsores desde el área económica. A partir de esa decisión, se inició un proceso judicial en Estados Unidos que en 2023 había tenido un fallo adverso en primera instancia para la Argentina.
Tras la resolución de la Cámara de Apelaciones, Kicillof respondió a las declaraciones del Presidente y defendió la estrategia adoptada durante su gestión. “El tribunal dijo que él nunca tuvo razón; Milei defendía a los fondos Buitres”, sostuvo, y cuestionó la postura previa de Milei respecto del litigio. También lo acusó de haber respaldado argumentos favorables a los demandantes durante el proceso.
En paralelo, Cristina Kirchner se pronunció a través de sus redes sociales, donde puso el foco en la defensa jurídica del Estado argentino. Agradeció al estudio de abogados que llevó adelante el caso y remarcó que el fallo reconoce que la expropiación se realizó conforme al ordenamiento legal argentino. Además, vinculó aquella decisión con el desarrollo de Vaca Muerta y el actual superávit energético.
Causa de una década
El expediente por YPF se tramita en tribunales de Nueva York desde 2015 y gira en torno a la forma en que se llevó adelante la expropiación y la compensación a accionistas. El fallo de primera instancia había fijado una indemnización millonaria contra la Argentina, ahora dejada sin efecto por el tribunal de apelaciones, que ordenó revisar la interpretación de la ley aplicada en ese proceso.
Con la decisión aún sujeta a nuevas instancias, el caso volvió a instalarse en el centro de la escena política local, con posiciones enfrentadas sobre sus causas y consecuencias.
