La “reconfiguración” es una palabra que hoy atraviesa transversalmente a toda la política y Mendoza no está exenta de ella, todo lo contrario, parece hoy ser el eje de la gestión del gobernador Alfredo Cornejo.
En este contexto, Mendoza prioriza en la coyuntura la eficiencia administrativa y el endurecimiento de las políticas de seguridad como los ejes centrales de su administración.
El Gobierno de Mendoza vuelca sus energías dentro de la Legislatura provincial, donde busca dotar al estado provincial de herramientas que, por un lado, responden a la necesidad de reducir la burocracia y, por el otro, blindar el trabajo de las fuerzas de seguridad en un escenario de creciente demanda social.
No se trata de un capricho político, sino de la necesidad de mostrar una administración eficiente y previsible, sobre todo en medio de una macroeconomía que continúa enviando señales de alerta a las arcas provinciales.
Uno de los puntos más ambiciosos de este tipo de políticas de Estado fue el plan integral de modernización que comenzó con la derogación de decenas de leyes consideradas obsoletas y que, para el Gobierno, entorpecían la agilidad de los trámites públicos.
Ello se complementa con un programa de capacitación masivo para los agentes estatales, desarrollado en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), con el objetivo de profesionalizar la atención ciudadana y reducir los tiempos de respuesta.
En tal sentido, la administración de Cornejo apuesta a una eficiencia interna que permita mantener la gestión a flote sin contar con grandes auxilios del Gobierno Nacional y proyectando una reducción gradual de la planta estatal sin resentir los servicios esenciales.
En lo referente a la seguridad, la agenda oficial tomó un tinte de mayor severidad luego de la actualización de la Ley 6722 modificando los protocolos para el uso de armas de fuego de parte de la Policía de Mendoza buscando otorgar a los efectivos una mayor certeza jurídica.
Con ello, lo que el Gobierno quiere lograr es evitar que el personal policial sea separado de su cargo de forma preventiva ante incidentes de legítimo cumplimiento del deber, es decir, invierte en todo caso la carga de culpabilidad.
Esta reforma, junto con la nueva Ley de seguridad Ciudadana que redefine el rol de las municipalidades mendocinas, derivó en la generación de acalorados debates en la Legislatura provincial.
Cabe remarcar que ahora las comunas tienen un marco legal estricto que tiene como fin la colaboración preventiva del delito integrando sus sistemas de videovigilancia con inteligencia artificial al centro de monitoreo provincial para, por ejemplo, la detección automática de vehículos con pedido de captura.
Pero hay una arista más que tiene que ver con el desarrollo económico de la provincia, que puso como punto central la minería y su discusión legislativa que, nuevamente, es el centro de acalorados debates legislativos.
Con la sanción del nuevo Código de Procedimiento Minero y el marco legal para la percepción de regalías, el Gobierno local logró centralizar las decisiones y agilizar las concesiones, eliminando estructuras administrativas que, dentro de Casa de Gobierno, entienden que dilataban las inversiones.
Con este nuevo régimen, el Gobierno de Mendoza espera obtener redituables beneficios económicos que se derramen de forma directa al presupuesto provincial en medio de la necesidad de hacerse de dólares.
Más allá de lo estrictamente coyuntural, hay una mirada a largo plazo que se cimenta en el proyecto Mendoza 2025, que tiene como objetivo trascender cualquier Gobierno que pudiera quedarse al frente de la provincia en el futuro.
