En una decisión sin precedentes que arroja luz sobre uno de los capítulos más oscuros y menos explorados de la dictadura y el terrorismo de Estado en Mendoza, la Justicia Federal avanzó contra los responsables de la violencia dirigida específicamente hacia los sectores más vulnerables, como fueron las niñas, niños y adolescentes.
La resolución fue dictada por el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, bajo la subrogancia del magistrado Marcelo Garnica, y dispuso el procesamiento de 15 exmiembros de las fuerzas armadas y de seguridad, así como de dos exagentes de la Policía de Mendoza que ya contaban con procesos previos, por crímenes cometidos contra casi 60 chicos durante la última dictadura cívico-militar.
Esta medida judicial responde al impulso de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Mendoza, integrada por el fiscal general Dante Vega y el fiscal ad hoc Daniel Rodríguez Infante, quienes han trabajado exhaustivamente en la reconstrucción de estas historias de vida fragmentadas por el aparato represivo.
En concreto, la investigación logró determinar que los menores no fueron víctimas colaterales, sino blancos directos de un plan sistemático de persecución que buscaba desarticular los lazos familiares y castigar a los hijos por la militancia de sus padres, utilizando para ello toda la estructura logística y humana del Estado.
El corazón de esta maquinaria de terror en la provincia tuvo su epicentro en el Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza, conocido lúgubremente como el D-2, que funcionó como el principal centro clandestino de detención y tortura de la región. El D-2 no solo fue el lugar donde se centralizaba la inteligencia sobre los ciudadanos considerados “elementos subversivos”, sino que se transformó en un espacio de reclusión y castigo para menores de edad, quienes eran llevados allí junto a sus progenitores o tras los violentos operativos de secuestro en sus hogares.
Según las pruebas recolectadas, este organismo policial jugaba un papel fundamental en la coordinación del terrorismo de Estado, operando bajo la órbita del Comando del III Cuerpo de Ejército. Los agentes del D-2 participaban activamente en los allanamientos, los traslados y la custodia de los niños, sometiéndolos a condiciones de encierro inhumanas y a la exposición directa a las torturas de sus familiares, consolidando así una práctica de crueldad extrema que buscaba el quiebre moral y físico de las víctimas.
Las 5 formas de violencia
La investigación judicial ha logrado identificar y enumerar cinco formas específicas de violencia que la dictadura ejerció contra las infancias y adolescencias en Mendoza, cada una con un impacto psicológico y físico devastador.
La primera de ellas es la privación ilegítima de la libertad, que se concretaba cuando los niños eran arrancados de sus hogares o retenidos en centros clandestinos, a menudo por períodos prolongados y sin que ningún familiar supiera su paradero.
En segundo lugar, se detallan los tormentos y torturas, que incluían desde agresiones físicas directas hasta el sometimiento a simulacros de fusilamiento, golpes y condiciones de insalubridad extremas que ponían en riesgo su vida.
Una tercera forma de violencia fue la violencia sexual, un crimen que la justicia ha comenzado a visibilizar como una herramienta específica de poder y humillación ejercida por los represores contra adolescentes y niñas dentro de los centros de detención.
La cuarta modalidad identificada es la sustracción, retención y ocultamiento de menores, una práctica orientada a borrar la identidad de los niños y, en muchos casos, facilitar su entrega a familias vinculadas a las fuerzas represivas.
Finalmente, se describe el robo de bienes y el saqueo de los hogares durante los operativos, lo cual dejaba a los menores no solo huérfanos de protección familiar, sino también despojados de sus pertenencias básicas, juguetes y recuerdos, completando así el proceso de deshumanización.
La “saña” de la dictadura
Entre los principales acusados en esta causa se encuentran figuras que ocuparon puestos clave en la cadena de mando durante los años de plomo. Entre ellos figuran exmiembros del Ejército como Carlos Horacio Alberto Ledesma, Juan Carlos Santa María y Armando Osvaldo Fernández, así como exintegrantes de la Policía de Mendoza que operaron en el D-2, tales como Oscar Raúl Ruiz, Juan Carlos Luis y Ricardo Benjamín Miranda Genaro.
El procesamiento también alcanza a exefectivos de la Gendarmería Nacional y de la Policía Federal, lo que demuestra la acción conjunta de todas las fuerzas en la implementación del plan criminal. A estos individuos se les imputan cargos que van desde la coautoría en privaciones de la libertad hasta la participación necesaria en tormentos agravados por la condición de las víctimas.
La resolución judicial destaca que muchos de estos delitos fueron cometidos con una saña particular, aprovechando la indefensión total de los niños y adolescentes involucrados, quienes hoy, décadas después, actúan como testigos y querellantes en busca de una justicia que les fue negada durante gran parte de sus vidas.
Este avance judicial en Mendoza representa un hito en la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia en Argentina, al poner el foco en la vulneración de los derechos de las infancias durante la dictadura, un aspecto que durante años quedó en la periferia de los grandes juicios de lesa humanidad.
La labor de los fiscales Vega y Rodríguez Infante ha sido fundamental para sistematizar estos casos y entender que la dictadura no tuvo límites morales ni generacionales en su afán de control social. Entre sus argumentos jurídicos aparece el reconocimiento de que el Estado utilizó sus recursos para secuestrar y torturar niños. Se trata de “un paso necesario para reparar el tejido social dañado” y para asegurar que el compromiso de “Nunca Más” incluya, de manera explícita, la protección absoluta de los derechos del niño frente a cualquier forma de autoritarismo.
Con el procesamiento de estos diecisiete represores, se abre la puerta a un debate profundo sobre la responsabilidad institucional durante la dictadura y la necesidad de seguir investigando los alcances de la represión en cada rincón del país, asegurando que ningún crimen quede impune y que la voz de los que entonces eran niños sea finalmente escuchada por la sociedad. En el jucio concreto, ahora se abre el período de los alegatos.
