El plan del Gobierno mientras crece la incertidumbre en el sector

 

El ecosistema productivo de Mendoza se encuentra en estado de alerta ante una inminente decisión del Ejecutivo provincial. Según confirmaron fuentes oficiales a este medio, el Gobierno prepara un proyecto de ley para cerrar el Fondo Provincial para la Transformación y el Crecimiento (FTyC). El argumento central de la gestión apunta a una optimización de recursos: “Tiene que ver con hacer más eficientes las herramientas y que no sean organismos burocráticos”, explicaron desde el entorno del Ejecutivo.

Para terminar de definir los detalles de la iniciativa, esta semana se llevará adelante una reunión clave entre las máximas autoridades del Gobierno, que contará con la presencia del ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu. La intención es avanzar con un esquema de “reestructuración” que, en la práctica, significa que el Fondo dejará de funcionar tal como se lo conoce desde hace más de tres décadas.

El futuro del personal y el antecedente del IDR

La noticia ya impactó de lleno en el clima interno del organismo. Las autoridades y el directorio ya comunicaron a los trabajadores de las distintas delegaciones que el fondo cerrará y que el proceso se realizará por ley. Aunque aún no existe claridad sobre si habrá una unificación con otro ente o una reducción directa, el plan para el personal seguiría la huella de lo ocurrido en 2024 con el cierre del Instituto de Desarrollo Rural (IDR).

Si se sigue ese esquema, significa que se analiza el pago del 100% de las indemnizaciones y la posibilidad de futuras contrataciones para tareas específicas que demande el Ministerio de Producción.

A los empleados ya se les informó que la estructura dejará de funcionar y que la alternativa será la reubicación o, en su defecto, prescindir de sus servicios.

Una herramienta con 33 años de historia

El FTyC nació el 21 de octubre de 1993 a través de la Ley 6071, bajo el nombre de “Fondo de Financiamiento de Inversiones Privadas para la Transformación y el Crecimiento Socioeconómico de la Provincia de Mendoza”. Su primera sede de atención al público, en calle 9 de Julio de Ciudad, abrió el 1 de junio de 1994, y su primer crédito histórico -otorgado el 28 de junio de 1995-se destinó a la colocación de malla antigranizo en una finca de San Rafael.

Desde entonces, el organismo se convirtió en el principal brazo financiero del Estado para el sector privado, otorgando créditos por un total superior a los US$ 1.100 millones. Su función ha sido clave para tecnificar fincas, financiar equipos de riego, protección contra heladas, compra de ganado e insumos industriales. El Fondo mantiene líneas para compra de uva, gastos de elaboración y acarreo para productores.

A diferencia del mercado financiero tradicional, el Fondo permitía que un productor accediera a tasas más convenientes y, fundamentalmente, a modalidades de pago adaptadas al ciclo biológico y económico del campo (cuotas anuales o semestrales con periodos de gracia), permitiendo que el Estado apoyara a la empresa sin intervenir directamente en su gestión.

Algunos números en rojo

La decisión del Gobierno de Mendoza se da en el marco de un contexto de caída de la coparticipación. El primer bimestre del año arrancó complicado para las finanzas de Mendoza, con una importante baja en la recaudación en términos reales, principalmente en aquellos que provienen del régimen de Coparticipación Federal.

Según datos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, los recursos de origen provincial ajustados por inflación se vieron disminuidos en un 1,1% con respecto al mismo periodo del 2025.

Si bien hubo una leve pérdida en la recaudación de tributos locales, sin dudas el golpe fuerte en las arcas provinciales viene por el lado de la coparticipación, que acumula una caída real durante los dos primeros meses del año del 7,6%.

En este periodo, Mendoza recibió $433.098 millones, (en el 2025 fueron $354.547 millones).

Según los datos oficiales, esta caída en los conceptos nacionales se dio principalmente por la fuerte caída del IVA, que recaudó casi un 14% menos, explicado principalmente por la fuerte reducción del poder adquisitivo.

Esto se explica principalmente por una marcada caída en las regalías (-22,4% con respecto al periodo enero-febrero 2025), y por una fuerte reducción en lo recaudado por el impuesto automotor, cuyo descenso fue del 17,9%, aunque este último punto se explica principalmente por los cambios en las alícuotas y la baja en la presión impositiva.

La reacción del sector y la mirada política

La incertidumbre no solo afecta a los empleados, sino a los beneficiarios finales del crédito. Un productor consultado por este medio anticipó el riesgo de la medida: “Solo quienes sean más grandes y estén en mejores condiciones accederán a los créditos con tasas hoy por hoy altísimas respecto a la inflación que hay en el mercado financiero privado”.

Desde el arco político, el peronismo legislativo ya agendó para este jueves un encuentro en la sede del Partido Justicialista para analizar el tema con equipos técnicos.

El 1 de Mayo habrá recambio de bancas en la Casa de las Leyes y todo parecer indicar que el tema será abordado con una nueva composición en la Legislatura.

Por su parte, la diputada provincial del Frente Renovador y productora del Este, Gabriela Lizana, fue sumamente crítica con la iniciativa.

“Durante más de 30 años ha sido una herramienta muy útil para los sectores productivos, con líneas direccionales a promover el desarrollo productivo e industrial de la provincia. La política de ajuste y rechazo a la producción y la industria nacional los lleva a considerar que destinar fondos allí pasa a ser innecesario”, manifestó Lizana.

La legisladora vinculó el cierre con el modelo macroeconómico nacional: “Sostener un modelo nacional agotado que ha entrado en un círculo y caído en su propia trampa los lleva a cerrar cada vez más instancias de generación de riqueza genuina. Y digo su propia trampa porque menos riqueza generada es menos trabajo, menos recaudación, menos plata, menos apoyo a la generación de recursos”.

Lizana remarcó que el nivel de morosidad del organismo no es alto y concluyó con dureza: “Mendoza no tiene banco provincial. Esta es la herramienta de apalancamiento de las actividades productivas e industriales de generación de riqueza provincial. Algo que al gobierno dejó de interesarle”.

 

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